Un mundo que debe venirse abajo, por Fernando Vivas

La crisis política se resuelve pronto, pactando al 2020 o al 2021. No hay discrepancias terminales, no hay cosmovisiones distintas entre Vizcarra y la mayoría del Congreso. Hay más actores dispuestos a conciliar que a meter carbón.

Pero hay algo más profundo que eso. Unos pilares torcidos que hay que enderezar. Estamos viviendo, en las últimas temporadas, la evidencia de un modelo absolutamente distorsionado que redujo al mínimo la capacidad planificadora del Estado, para dar facilidades de entrada a iniciativas privadas de postores temerarios sin orden ni concierto. Por puro clientelismo, mercantilismo, ‘crony capitalism’ o llamen como quieran a ese revoloteo de puertas giratorias con enternados que llevan contratos de concesión y adendas en sus maletines; el Estado ha hecho obra grande no necesariamente prioritaria.

No solo se desmantelaron nuestras instancias planificadoras, sino que se insistió, con renovado brío, en la idea de que el Estado era un gestor y un constructor tan ineficiente que había casi que desterrar la obra pública en beneficio de la APP (asociación público-privada cofinanciada). Nada malo en su esencia. Pudo ser la virtuosa comunión de inversión pública y privada, la obra maestra de una tecnocracia que se las arreglaba para prescindir de políticos floreros y trabadores. Pero no; ese proyecto tecnocrático se corrompió y pudrió. Fíjense que la obra emblemática del Lava Jato local, la IIRSA, no estaba en el plan de Perú Posible, el partido de Toledo. Las líneas 1 y 2 del metro de Lima eran prioridades indiscutibles del gobierno de García, pero ejecutadas de tal forma que las coimas de Odebrecht (línea 1) y las controversias (línea 2) retrasaron todo. La corrupción y la traba son, también, asociaciones público-privadas.

La adenda 1 al contrato de concesión del aeropuerto de Chinchero ha sido, en las manos de PPK, el estructurador financiero y tecnopolítico por excelencia, el summum del modelo podrido. El Estado acabaría asumiendo todo el financiamiento y el riesgo, quedando el privado a cargo de la mera ejecución de la obra y de la operación del aeropuerto. Hoy, Vizcarra insiste en hacerlo como obra pública, lo que no deja de ser su comentario irónico al lema de la APP y a la adenda que inútilmente defendió en el 2017.

El Ministerio Público y el Poder Judicial están haciendo su labor de limpieza, y hay que asegurarnos de que lo hagan bien. Pero ¿quién tiene en agenda hacer las reformas indispensables para corregir este modelo que nos pervierte y nos traba no solo burocráticamente, sino moral y políticamente? La izquierda congresal está en un rollo radical bizantino, queriendo refundar el país con una nueva Constitución. Precandidatos, ¡acá tienen mucho que decir!