Dejar hacer, dejar pasar, por Marco Sifuentes

A PPK le quedan seis asesores y dos consejeros. Todos nombrados por resolución suprema y asignados al despacho presidencial. No se entiende muy bien la diferencia entre “consejero” y “asesor”, pero, a juzgar por los nombres de los “consejeros” que quedan (Felipe Ortiz de Zevallos y Máximo San Román), se asume que están en un nivel superior al de “asesores”. 

Por cierto, el tercer miembro de la exclusiva categoría de “consejeros” era Carlos ‘Negociazo’ Moreno.

Curiosamente, de las tres resoluciones supremas nombrando consejeros, la de Moreno (184-2016-PCM) era la única que incluía un artículo extra ordenando que “las instituciones del Poder Ejecutivo” le debían brindar “el apoyo necesario para el mejor cumplimiento” de sus funciones como consejero en el tema puntual de la salud. 

¿Por qué PPK necesita gente que le susurre cosas al oído? Peor aún: ¿por qué estas personas terminan duplicando labores para las que ya existen funcionarios públicos?

Por ejemplo, Jorge Villacorta es el asesor presidencial en conflictos sociales. Pero ya existe la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad. Entonces, ¿cuál es su función? Al parecer, empeorar las cosas, como se demostró en Saramurillo, donde las comunidades nativas lo expulsaron de la mesa de diálogo por… conflictivo. ¿Y quién es este señor? Los periodistas de investigación de la época toledista lo recuerdan muy bien. Se trata del más que cuestionado ex jefe de Sedapal, en las épocas en que Carlos Bruce era ministro de Toledo. ¿Qué hace como asesor en conflictos, un tema en el que no tiene mayores pergaminos? Diera la impresión de que Villacorta ha aceptado el cargo únicamente porque lo mantiene cerca de la oreja presidencial.

Si PPK dice que fumarse un tronchito no es el fin del mundo, muchos nos felicitamos por tener un presidente con mentalidad del Primer Mundo. Pero cuando, con la misma lógica, pero en un contexto muy distinto, dice que no le molesta un poquito de contrabando, los mismos empezamos a mirarnos incómodamente, sin estar seguros de que realmente escuchamos lo que escuchamos. Y cuando, finalmente, el presidente intenta excusar a un sujeto ampayado en un acto de corrupción absolutamente deleznable (¡diciendo que no es funcionario público a pesar de que él mismo firmó la resolución suprema que se publicó en “El Peruano”!) ya hemos cruzado el límite. Eso se convierte en una variante de la mentalidad “roba pero hace obra” contra la que él mismo compitió en segunda vuelta.

Este es el momento perfecto para perseguir y castigar con severidad los primeros asomos de corrupción. De lo contrario, el clásico mantra liberal de “dejar hacer, dejar pasar” podría ser el perfecto disparo a los pies a un presidente con más asesores que escuderos, a un régimen sin partido de gobierno y a un país que ya ha dejado pasar demasiado.