Haciéndose el muertito, por Fernando Cáceres*

Procastinar es evitar solucionar problemas en su debido plazo, a sabiendas de que la omisión tendrá consecuencias negativas. Eso es lo que está haciendo el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, desde que asumió la cartera en abril del 2018, con relación a las reglas de juego bajo las que se desarrolla el sector eléctrico.

Producir energía no es como producir muebles. Una vez que se hacen los muebles, estos pueden almacenarse si no se venden, y además se diferencian entre sí por calidad. Pero cuando se ‘hace’ la energía, no hay cómo guardarla y toda es igual.

Por eso interviene el Estado, para establecer reglas que determinan a quién se le pide que prenda su máquina para abastecer al país, en función a sus costos de producción. Una vez que la producen, esta pasa a ser propiedad de un fondo común. El primer problema es que algunas generadoras que producen con gas natural, están obligadas a comprarle a Camisea, aun cuando no lo requieran para producir electricidad. Esto naturalmente distorsiona severamente la competencia con las demás generadoras.

Luego, en función del costo de la última máquina que sea necesario prender para que haya suficiente electricidad, el Estado fija un “precio único” (llamado costo marginal del sistema). El segundo problema es que el costo verdadero de producir con cada máquina es distorsionado (y no se exige verificarlos), para que los llamen a producir antes. Lo que hace que el precio único sea aproximadamente US$8/MWh, un tercio del que debiera ser.

Estos precios distorsionados en nada benefician al consumidor final, porque las tarifas que nos cobran las distribuidoras han sido fijadas con mucha anterioridad. En otras palabras, al menos en lo inmediato si se subieran los precios para corregir la distorsión, no se afectaría la tarifa al consumidor.

Desde hace casi dos años, el sector viene arrastrando estos problemas, perjudicando a las generadoras públicas y privadas, e impidiendo que sea la competencia en base a méritos la que defina las contrataciones.

De hecho, por estas razones la estatal Egasa en Pisco ha tenido que clausurar la máquina con la que producía electricidad a gas natural y, como ella, otras pueden cerrar, y no atraeremos inversión para nuevas máquinas. Esta máquina no cerró por tener altos costos reales, sino porque bajo las actuales reglas no puede competir.

Es obvio que la decisión que se tome generará ganadores y perdedores. Es muy probable que alguno de los perdedores lleve al Estado a un arbitraje en el Ciadi. Pero para eso existe el Poder Ejecutivo. ¡Señor ministro, corte la torta de una vez!

El mayor riesgo es que termine cortándola el Congreso, donde hay varios proyectos de ley en marcha y no existe el conocimiento técnico para llegar a una adecuada solución.

*El autor realizó consultorías en el sector eléctrico el año pasado.