¿Cómo haríamos?, por Carlos Meléndez

En el último CADE hubo una presentación que fue tanto o más importante que las promesas y ‘gaffes’ de los candidatos presidenciales. La asociación civil Transparencia presentó su propuesta de “Reforma institucional para el fortalecimiento democrático”, cuyo objetivo es intervenir en cuatro ejes del funcionamiento de las instituciones políticas en el país: sistema electoral, Congreso, sistema de justicia y gestión pública. Esto es lo más cercano a un “shock institucional”, porque propugna una estrategia sistémica e integrada de modificaciones legales trascendentales. No cae en la reformología anecdótica que había predominado en el conato de debate de los últimos meses.

Las 32 propuestas puntuales de Transparencia se inspiran en un diagnóstico conocido, pero que cuesta convertirlo en sentido común: el hiato inmenso entre el crecimiento económico y el desarrollo institucional. Al no incurrir en el error tecnocrático del último al servicio del primero, la meta es mayor: una democracia de ciudadanos, no de emprendedores ni de capitalistas populares. Con dicha discusión en mente, el equipo liderado por Felipe Ortiz de Zevallos visualiza la acción en cuatro arenas: partidos, Congreso, Poder Judicial y burocracia pública. Más allá de la discusión punto por punto, considero necesario analizar el esquema.

En primer lugar, es notoria la ausencia de la descentralización en la carta de navegación. Aunque hay conciencia en que el Perú no es Lima (preocupación por las mesas de sufragio en las zonas rurales, por ejemplo), echo de menos la intervención en la territorialidad. Las arenas políticas nacional y subnacionales han sido desbordadas por una dinámica de movilización social tan fragmentada como su representación política. La crisis de representación no es solo legislativa sino regional y local. No basta con exigir que los partidos políticos presenten candidaturas en todo tipo de comicios (excelente sugerencia) si no se alteran modificaciones en la concepción de las unidades territoriales. Si de prioridades se trata, el entrampe de la descentralización es –me parece– más urgente que la reforma judicial.

En segundo lugar quisiera alertar sobre el excesivo tecnocratismo del proyecto, llegando a confundirse –paradójicamente– con vocación antipolítica. A pesar de la pluralidad de posiciones ideológicas en el equipo, se nota la ausencia del criterio político profesional en la formulación de soluciones. El hecho de que nuestra política esté desprestigiada no significa que se deba obviar la experiencia política en la etapa de la formulación inicial del salvavidas. El diálogo con políticos de carrera enmienda una falencia mayor: la ausencia de evidencia empírica sistematizada para sustentar la promesa. Lo siento, pero no soy ferviente de credos como “la eliminación del voto preferencial” o el “financiamiento público de la política”.

Aun con estas limitaciones, Transparencia pone la valla alta y necesaria para evaluar a los candidatos presidenciales en su calidad de estadistas. El hecho de que ninguno de los expositores electorales en CADE reaccionara proactivamente respecto al documento hace temer que el populismo y la frivolidad se impongan (nuevamente) en esta campaña. ¿Cómo haríamos para que la propuesta lanzada por los asociados de Transparencia sea acogida rigurosamente por quienes intentan llegar al bicentenario con la banda presidencial? ¿O es que acaso se verán forzados a bailar el “Totó” para ser recibidos con la seriedad del caso?