Rodrigo Cruz

Hace una semana, en este espacio, comentaba acerca de la relación causa y efecto entre el Decreto de Urgencia 102, emitido por el presidente en octubre del año pasado, y la obra de más de S/3 millones que ganaron al mes siguiente los hermanos Espino en (Chota), a través de una empresa sin ninguna experiencia previa en contratar con el Estado y, por entonces, con menos de un año de haber sido creada. Sin los fondos que habilitó el mandatario aquella vez con su firma, los Espino, muy cercanos a la familia presidencial, no se hubieran beneficiado.

Ya con Hugo y Anggi Espino detenidos, al igual que José Nenil Medina (alcalde de Anguía) y Yenifer Paredes (cuñada del presidente) a pedido del equipo especial de la fiscalía contra la corrupción del poder –pues consideran que se trata de una organización criminal donde también están incluidos el jefe del Estado, el ministro Geiner Alvarado, la primera dama Lilia Paredes y sus hermanos Walter y David–, conviene pensar si estamos ante un presunto caso de corrupción focalizado o si, en realidad, este decreto de urgencia abrió la puerta para un festín de cutra a escala nacional.

Los indicios indican que estamos ante el segundo escenario. El último domingo, en El Comercio analizamos otras tres obras más que el municipio de Anguía entregó a raíz de la publicación del decreto 102. La sorpresa fue que estos tres proyectos, cuyo valor supera los S/4,5 millones, fueron adjudicadas en un proceso, por decir lo menos, irregular: en simultáneo, por los mismos tres miembros del comité de selección y en un tiempo récord de una hora. Una acción de este tipo implica que se habrían leído cientos de páginas en minutos para descartar a los postulantes.

Pero vayamos más allá. Lo habilitado por Castillo, bajo el pretexto de reactivar la economía y generar empleo, no solo se circunscribió a su ciudad natal (Anguía) y a la provincia de Chota. También se transfirió presupuesto para que se realizaran obras en materia de saneamiento urbano y rural, drenaje pluvial e infraestructura vial a los gobiernos locales de las provincias de Celendín, Cutervo, Jaén, Cajabamba, entre otras. De igual modo, en regiones como Ayacucho, Áncash, Junín, La Libertad, Puno, etc. Haciendo una suma simple, el dinero habilitado por el Gobierno superó los S/400 millones para financiar decenas de proyectos.

Ahora bien, lo sucedido en Anguía marca un punto de inicio. Pero falta conocer si más de estas obras sirvieron para, por ejemplo, comprar voluntades en el Congreso. La buena noticia es que la fiscalía ha comenzado a desmontar esta presunta organización criminal. Motivo que explica estos coléricos y repentinos mensajes del Gobierno.

Rodrigo Cruz es periodista

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