Osinergmin, cabeza de turco

Aun si Osinergmin, Sutrán y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones hubiesen cumplido a la perfección con las funciones de supervisión que tienen asignadas respecto del camión que transportaba GLP a granel, y que causó el fatal accidente del 23 de enero pasado en Villa El Salvador, el accidente probablemente también hubiera ocurrido.

La razón es que, por más supervisiones que se hagan al tanque de GLP (Osinergmin), inspecciones técnicas vehiculares del camión (MTC) o a la transformación del vehículo para pasar de ser camión furgón a camión tanque GLP (Sutrán), si alguien es tan negligente que maneja un vehículo de este tipo con la válvula abierta para despachar más rápido el GLP a sus clientes, ninguna supervisión bastará.

Es una práctica más de nuestra espantosa informalidad que solo va a disminuir cuando nuestro sistema de justicia comience a dictar indemnizaciones proporcionales y penas de cárcel a los responsables, a fin de que la gente se haga responsable de sus actos.

De hecho, basta revisar la norma técnica NFPA 58 para advertir que “las válvulas internas deben estar cerradas en los vehículos de carga mientras viajan […] solo debería estar abierta mientras se está bombeando”. Por eso, por más que recertifiquen los vehículos, mediante supervisiones in situ de los 2.000 camiones, tal como ha ofrecido el Ejecutivo, lo ocurrido seguirá ocurriendo.

Lo anterior no quiere decir que no puedan encontrarse responsabilidades legales y políticas en las entidades que tienen funciones vinculadas con la circulación de un camión de GLP a granel. Por ejemplo, en una inspección técnica el ingeniero supervisor autorizado por el MTC debió advertir que el vehículo tenía elementos excesivamente cercanos al suelo. Y el Osinergmin debió explicar oportuna y proactivamente lo acontecido. No limitarse a señalar culpas ajenas.

Los reguladores son árbitros que deben velar por un equilibrio entre los intereses de tres ‘equipos’: los consumidores, las empresas y el Estado. Por eso, el marco actual establece mecanismos de protección sobre el poder político, como el que solo puedan ser removidos por falta grave, previa investigación en las que se les dé 15 días para presentar sus descargos (y debiendo el propio primer ministro dar cuenta de las razones a la Comisión Permanente del Congreso).

De otro modo, en vez de ser árbitros pueden volverse defensores sectoriales de los consumidores. Y por más que no sea popular decirlo, ese no es su rol. En el momento en que el poder político no respeta esa autonomía, los árbitros dejan de serlo y se convierten en policías que van detrás de los equipos participantes para sancionar cualquier falta como muy grave, con tal de contentar a las tribunas.

Los responsables deben ser sancionados, pero sin buscar cabezas de turco –como lo ha hecho el Ejecutivo– que le echen la culpa a uno para exculpar al resto.