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Reformas sin consenso, por Carlos Meléndez

Respecto a la reforma política en el Perú no existen consensos ni amplios debates.

Carlos Meléndez Politólogo

Reformas sin consenso, por Carlos Meléndez

Reformas sin consenso, por Carlos Meléndez

El presidente del Congreso de la República publicó hace una semana –en esta misma página– su opinión sobre la “reforma esperada”, refiriéndose a los cambios que requiere la institucionalidad política del país. Para él, representante del partido que preside César Acuña, existiría algo así como propuestas de reforma electoral que gozan de “un alto grado de consenso” y que han resultado de un “amplio debate entre los actores públicos, académicos, periodistas y representantes de la sociedad civil”. Aunque no precisa cuáles serían esos puntos de acuerdo, estas afirmaciones son erradas. 

Respecto a la reforma política en el Perú no existen consensos ni amplios debates. Todo lo contrario. La semana pasada, el encuentro entre especialistas en reforma política y académicos que facilitó Idea Internacional dejó en evidencia la inutilidad de “recetas”. Hace aproximadamente quince años existía un amplio nivel de aceptación –por ejemplo– respecto a la pauta que guiaría la legislación de los partidos: democracia interna, ley de cuotas, financiamiento público, descentralización política, etc.; que seguramente usted conoce como “mandamientos del reformólogo”. Fue así como se forjó nuestra Ley de Partidos Políticos, hoy deficitaria. Todo lo que usted escuchó (y lamentablemente sigue escuchando) como “receta” está hoy puesto en duda.

El encuentro citado delató una división. Por un lado, los especialistas internacionales y locales piden acelerar el paso de la reforma. Tanta es la premura del ‘policy-maker’ que no cede ante el juicio pausado, la evidencia empírica sistemática ni la necesidad de articular propuestas. El escudero de las reformas funciona por resultados y en su fiebre reformista puede llevar a apoyar inclusive modificaciones legales truncadas en sí mismas (por ejemplo, el curul vacío con inmunidad parlamentaria) o contraproducentes (por ejemplo, la prohibición de la reelección en el ámbito subnacional). Por otro lado, los académicos –me incluyo– pedimos mesura y prudencia, porque nuestro ritmo de producción y nuestros incentivos son distintos. No tenemos el apuro del proyecto de cooperación que termina ni conocemos en detalle el cabildeo necesario para promover un cambio legislativo. En cambio, podemos ver con mayor perspectiva el alcance de las propuestas. 

Si a estos dos grupos les es difícil conciliar perspectivas, menos probabilidad de acuerdo existirá cuando se incluyan al debate los políticos, especialmente los legisladores. 

Considero que expertos y académicos hemos soslayado el aporte fundamental del actor político, al cual se le percibe como incapaz de comprender la magnitud del problema de fondo o muy sesgado por sus intereses particulares. Este entrampamiento, sin embargo, no debe evitar avanzar en una agenda mínima, sobre todo a puertas de una campaña electoral. Y eso pasa por fortalecer el mecanismo de fiscalización y supervisión de las agrupaciones políticas, otorgando a la ONPE capacidad de sancionar efectivamente las faltas cometidas por políticos informales con vínculos con los poderes ilegales. Ese solo paso sería un gran avance y no requeriría mayores modificaciones que, sin un norte debido, podrían resultar perjudiciales. 

El shock institucional que requiere nuestra política debería ser agenda de los primeros cien días del próximo gobierno; por ahora solo toca empezar un debate sensato entre expertos, académicos, políticos y, sobre todo, candidatos presidenciales.

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