Virtudes públicas, vicios privados, por Fritz Du Bois

En la oscuridad del poder muchos sienten la comodidad de la impunidad, lo cual los lleva a abusar de él de modo cotidiano. Por ejemplo, el destape de las actividades de Cenaida Uribe nos muestra a una parlamentaria que habría utilizado su posición para presionar a funcionarios no solo para intentar lograr lucrativos negocios para un ‘cercano’ empresario, sino también para favorecer a un colegio de su propiedad, el cual ella no había declarado.

Incluso presentó un proyecto de ley sobre la manera como se debería fiscalizar y evaluar a los centros educativos privados sin transparentar en lo más mínimo que ella tenía un conflicto de interés con lo que estaba planteando. Con lo cual uno se pregunta: ¿Cuántos otros estarán utilizando su posición para beneficio propio entre nuestros 130 parlamentarios?
En todo caso, al igual que con el incidente protagonizado por Rimarachín, parece que nuevamente seremos testigos de un equivocado espíritu de cuerpo en el Legislativo, ya que la bancada oficialista intenta postergar el tema hasta bien entrado marzo. Mientras que la presidenta del partido se fue de gira al Medio Oriente sin siquiera tuitear algo sobre el escándalo. Por su parte los congresistas de oposición parecen sufrir de letargo de verano y son pocos los que se han pronunciado.

Al final lo único que el pueblo ve es a los otorongos en otra muestra de complicidad y luego algunos parlamentarios tratan de culparnos a los medios por el hecho de ser masivamente rechazados. Incluso no reflexionan sobre el hecho de que el Congreso, al tener solo 12% de aprobación en la encuesta que hoy publicamos –lo que fue medido antes de este último episodio–, ya es el más desprestigiado poder del Estado. A este paso van camino a un solo dígito y el que lleguen eventualmente a cero no podría ser descartado.

Por otro lado, la displicencia del poder también lleva a los bien intencionados a actuar de modo descuidado. Es el caso de los ministros y el aumento de sueldos que han decretado. En realidad, luego del recorte arbitrario que aplicó Alan García, se había distorsionado totalmente la relación entre los salarios en los sectores público y privado. Si bien en todo el mundo el mercado paga bastante más que el Estado, usualmente este último debe tratar de mantenerse competitivo ofreciendo alrededor del 50% o 60% del sueldo promedio en el nivel equivalente entre los privados para poder atraer a los que están adecuadamente capacitados. En caso contrario, el grado del sacrificio que se les estaría exigiendo es demasiado, lo que tarde o temprano se refleja en la calidad y honestidad de los funcionarios.
Por ello se requería a gritos una corrección, sin embargo quienes la realizaron no reflexionaron en la manera como la estaban llevando a cabo. Así tenemos que el simplemente doblar en un solo acto los sueldos es el tipo de propuesta que se hubiera esperado de un sindicato, pero no así de las personas a cargo de modernizar y reformar el Estado.

Más aun hoy en día una parte importante del ingreso de cualquier gerente es un bono que puede ser anual o trimestral contra el cumplimiento de los objetivos trazados. No había motivo alguno para no condicionar de esa manera parte del aumento que se ha otorgado. Era sin duda la gran oportunidad para introducir al más alto nivel estatal el concepto de salarios por resultados, pero lamentablemente parece que la han desperdiciado.