Débora Graciano

Dentro del complejo escenario del conflicto entre palestinos e israelíes, se hace imperativo subrayar la inquebrantable relevancia de salvaguardar los derechos humanos de la sociedad civil involucrada. En este contexto, es vital recordar que, más allá de cualquier consideración respecto a qué lado posee legitimidad moral en el conflicto, ambas autoridades incurren en una grave infracción al violar derechos humanos.

El mundo parece dividirse en bandos, mientras que las víctimas son simplificadas y convertidas en simples estadísticas en un oscuro recuento destinado a determinar quién ha causado más perjuicio a quién. Peor aún, la sociedad civil se ve instrumentalizada y relegada a servir como medio de venganza en manos de actores en conflicto.

Los derechos humanos no representan un logro meramente histórico; su garantía sí lo es. La defensa de estos derechos trasciende los aspectos legales para convertirse en un imperativo moral. Es esencial que Israel marque la diferencia al no ceder a la espiral de violencia perpetrada por Hamas. Más aún, tanto los estados soberanos como las organizaciones internacionales deben limitar su actuación a la firme condena de cualquier acto que atente contra los derechos humanos.

Es crucial recordar que los fines no justifican los medios y que cualquier intento de represalia que involucre la pérdida de vidas humanas merece una condena de la comunidad internacional. La situación no debe ser trivializada, ni se debe respaldar ciegamente a una facción sin llevar a cabo un análisis ponderado de las implicaciones en la transgresión de los derechos humanos. En cambio, debemos afrontar estos desafíos desde un enfoque riguroso.

Cuando la guerra concluya, comprenderemos, una vez más, que la humanidad fue la única perdedora.

Débora Graciano es estudiante de Derecho en la Universidad del Pacífico