¿Y qué tiene el Perú que no tenga Chile?

Tantos años mirando al sur con sana envidia. Admirando su modelo de mercado, la solidez de sus tecnócratas, la mesura de su clase política. De hecho, Alan García, nuestro último estadista, planteó el “objetivo fraterno” de superar económicamente al vecino del Pacífico. Corrían los años de su segundo gobierno, y aquello era una meta reiterada, un norte en el horizonte, el motto de su gestión.

El ciclón de crisis política en que caímos nos hizo olvidar aquella obsesión. El COVID, la recesión, nueve presidentes en diez años, aumento de indicadores de pobreza, caída de confianza en nuestros gobernantes. Sencillamente, dejamos de lado lo que parecía inalcanzable. Hasta que la semana pasada, una proyección del FMI nos hizo volver la esperanza de un sueño hecho realidad: la economía peruana pasaría a ser la cuarta en Sudamérica el próximo año, superando a la chilena. Salud con pisco en el Rímac; golpes en el pecho en el Mapocho.

En el Perú, la clase dirigente ha recibido la noticia con el sonrojo propio de quien recibe un premio inmerecido. El gobierno de Keiko Fujimori ha estado tan ocupado con la visita del Papa chiclayano y las absurdas críticas a la gira presidencial a Asia, que no le ha sacado filo a lo que podría aportar a un relato político, hasta ahora esquivo. La presidenta podría aprovechar el encuentro que tiene agendado con la Georgieva para levantar algo de vuelo con la novedad. En Chile, en cambio, la noticia fue titular de página entera que difícilmente será materia olvidada. ¿Cómo es posible?, se preguntan los medios. ¿Qué hicimos mal?, se reprochan los nietos de los Chicago Boys. ¿Y qué tiene él que no tenga yo?, tararean en La Moneda.

Cuando dos países comparten rasgos importantes de su estructura productiva y su inserción internacional (liderazgo mundial en cobre, potencia agroexportadora, sector pesquero estratégico, red de tratados de libre comercio, etc.), conviene mirar a sus instituciones para explicar las diferencias en el desempeño, dirían Acemoglu y Robinson. Pero las instituciones (formales) del Perú y Chile también se asemejan (sistemas presidenciales, congresos bicamerales, centralismos capitalinos). Por lo tanto, quizá sea más preciso analizar la certidumbre en comparación con la estabilidad de la política. Se equivocan quienes creen que los mercados premian la estabilidad. Basta mirar la volatilidad electoral, partidaria y gubernamental de Perú, para corroborar que no es cierto. Los mercados, en cambio, recompensan la certidumbre. Y en el último ciclo político peruano, no hubo nada más predecible que una caída presidencial, pero también que caiga quien caiga, el modelo sobrevive. En cambio, en la última década en Chile, el presidencialismo mantuvo su vigencia, pero los outputs políticos fueron inciertos. El estallido social y los consecuentes procesos constituyentes (de izquierda y de derecha), ambos frustrados en su momento, ampliaron el margen de la duda y, por lo tanto, encendieron las alarmas de los inversores. Como consecuencia, el Perú creció un punto porcentual más que Chile en los últimos dos años y para el actual se proyecta una distancia aún mayor: 3,0% versus 0,6% de crecimiento del PBI. Suena a goleada.

Entonces, ¿qué explica ese alto nivel de certeza para la inversión privada que garantiza el Perú? Mi respuesta es que son las instituciones informales que, antes que sostenerse en acuerdos políticos, se sustentan en las interacciones sociales de los ciudadanos. La racionalidad individual ha llevado a acomodar determinadas pautas de comportamiento fuera de las reglas formales, con un pacto social tácito y sui géneris: el Estado no sanciona el incumplimiento de la norma, pero tampoco protege a los ciudadanos como debiese. Aunque no existen indicadores para medir la informalidad a este nivel, podemos usar como proxy los de informalidad laboral para enfatizar la diferencia pertinente entre el Perú y Chile: más de 70% de la fuerza laboral versus el 25%, respectivamente. La informalidad es, pues, antídoto y veneno; antídoto para que el modelo siga funcionando y veneno para los derechos sociales.

Por lo tanto, en el Perú, se ha establecido un nivel de tolerancia social a la informalidad, insospechable en Chile. Según un estudio que realizamos en 50+Uno, tomando como base una encuesta representativa en el ámbito nacional, la tolerancia a la informalidad varía por actividades. Por ejemplo, a pesar de que se trata de un asunto muy estigmatizado socialmente, un 12% de encuestados responde que es aceptable que se contrate trabajadores sin registrarlos en planilla, mientras que un 25% acepta la pesca en zonas no autorizadas. Para un 14% es aceptable invadir un terreno para asentar su vivienda y para un 10% la minería ilegal lo es. Gracias a que la muestra es representativa en el ámbito subnacional, podemos identificar variaciones regionales: Piura y Arequipa son las regiones con mayor tolerancia a la informalidad en actividades extractivas (especialmente en la minería y en la pesca) y Cusco en lo laboral.

El reto del nuevo gobierno no es solo sacar pecho en la comparación con los países vecinos sino domesticar la informalidad, tomar las virtudes respecto a su contribución a la economía, sin que ello implique una sobrecarga abusiva al trabajador. Para hacerlo requiere, también, un relato político atractivo y coherente considerando sus preferencias ideológicas. Porque los resultados del estudio contradicen a quienes sostienen que el trabajador informal es la semilla del liberalismo acholado: quienes toleran más la informalidad tienden a ser de izquierda y haber votado por Castillo en el 2021 y por Sánchez en el 2026.