Inseguridad bloquea el crecimiento del 52% de las mypes

La delincuencia ha tomado por asalto a las microempresas, al punto de ser considerada como el principal problema que impide el crecimiento de estos negocios. Así lo revela el estudio “Empresas y Estado: Diagnóstico de barreras y oportunidades para la formalización y el crecimiento”, elaborado por Ipsos Perú por encargo de ComexPerú.

Los resultados son producto de 1.004 encuestas a nivel nacional, realizadas entre el 14 de enero al 17 de febrero de este año. De a estos, el 52% de las microempresas identifica a la inseguridad como su principal obstáculo. El problema, sin embargo, es transversal a todo el sector privado: también figura como una de las principales preocupaciones para el 53% de las pequeñas y medianas empresas (pymes) y escala al 66% en el caso de las grandes empresas.

Barreras burocráticas y tramitología

Pero la lista de trabas es larga. Operar y crecer en el Perú implica enfrentar barreras tanto fuera como dentro del propio Estado, ya que el exceso de trámites y la burocracia estatal (que afecta al 43% de microempresas, 44% de pymes y 64% de grandes empresas), los costos de la formalidad y la corrupción se han convertido en los siguientes factores que limitan el desarrollo empresarial.

En el caso de la gran empresa, estos problemas también figuran en la lista, pero a ellos se suma como primer escollo —incluso antes que la inseguridad— el exceso de fiscalizaciones y el enfoque sancionador de las entidades con un 67%.

“En la microempresa, la formalidad compite con supervivencia, con inseguridad y las barreras municipales. Cuando nos vamos al mundo de las pymes, crecer activa costos tributarios, laborales y nuevas exigencias de cumplimiento. De este modo, la intención de una pyme para convertirse en gran empresa termina fallando. En la gran empresa la relación es mucho más intensa, y menos predecible”, destacó Patricia Rojas, socia y directora de Asuntos Públicos de Ipsos Perú

De hecho, la Sunat y las municipalidades son las entidades con las que las empresas realizaron al menos una gestión en los últimos 24 meses. No obstante, ambas se encuentran entre las entidades que más dificultan el desarrollo de sus negocios junto con la Sunafil, una percepción de fricción que aumenta significativamente con el tamaño de la empresa.

Las fiscalizaciones e inspecciones son señaladas como los procesos más problemáticos por el 45% de las encuestadas, seguidas por la obtención de licencias y permisos para operar (38%) y la defensa ante sanciones y el manejo de reclamos administrativos (27%), entre otros

“El problema está en la calidad de la fiscalización. La fiscalización tiene un carácter más punitivo que orientador. Lo que se sancionan son infracciones formales y se puede llegar al absurdo de que una multa puede llevarse el 100% de los ingresos, lo cual evidentemente te lleva hacia la informalidad”, agregó Alex Córdova, presidente del Comité Tributario de Confiep.

Informalidad

Este escenario dificulta la reducción de la informalidad, que cerró el 2024 en 73,7%, con una fuerte concentración en las mypes (89,7%) y una menor incidencia en las grandes empresas (18,4%). Y el precio para formalizarse presenta barreras diferenciadas, según el tamaño de cada organización.

Para el 37% de mypes, la principal barrera es el alto costo de Essalud que no se percibe como un beneficio de calidad para el trabajador. “La realidad de las mypes es que dependen de campañas. (...) Y por eso se contrata por poco tiempo y no necesariamente en planilla. Y, suponiendo que lo haga, el trabajador no ve la ventaja porque para poder hacer uso, por ejemplo, del seguro social, tienes un período de latencia y normalmente te contratan por dos o tres meses. Entonces, te descuentan el dinero del seguro, pero no lo vas a usar nunca”, destaca Daniel Hermosa, director de Mypes Unidas del Perú.

Las pymes, por su parte, afrontan los altos costos laborales adicionales al sueldo mensual que les genera contratar trabajadores en planilla; mientras que para el 68% de grandes empresas, la dificultad para desvincular o despedir a un trabajador por bajo desempeño es una gran desmotivación para fortalecer su mano de obra.

Con todas estas limitaciones a cuestas, no sorprende que el 74% de las empresas en general considere que recibe menos del Estado de lo que aporta mediante impuestos y tasas.

“Hay un quiebre evidente del contrato social entre lo que significan mis obligaciones como ciudadano respecto a lo que recibo. Y eso lo podemos ver desde diferentes ámbitos: en vez de seguridad, estamos limitadospor las extorsiones a todo nivel. Quien puede, saca de su bolsillo o ve la manera de atenderse [en salud o educación privada]. Entonces, no solo está el hecho de no percibir una retribución equitativa a la contribución que hacen las empresas, sino es sentirse arrinconadas por el mismo Estado”, comentó por su lado David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad