Áncash registra 8 homicidios ligados a políticos desde 2004

JUAN PABLO LEÓN ALMENARA

Desde hace cuatro años alguien quería terminar con la vida del ex consejero regional de Áncash Ezequiel Nolasco Campos.

Dispararon contra él cuatro veces en el 2010, en un atentado en que murió su hijastro. Tres años después, la testigo clave de este caso, que dio su testimonio en el tribunal, fue acribillada de siete balazos.

Durante el 2013, Nolasco recibió innumerables mensajes de texto y llamadas amenazantes. Comenzó a usar chaleco antibalas, pero desde febrero pasado su celular fue ‘chuponeado’, lo que permitió que sus asesinos conocieran su ubicación el 15 de marzo, el día en que lo mataron. Hoy su hija también es intimidada, y todo Chimbote responsabiliza al presidente regional de Áncash, César Álvarez.

La muerte de Nolasco es el octavo homicidio sin resolver que involucra a políticos municipales o regionales en Áncash desde el 2004 hasta la actualidad. Una realidad similar se vive en la vecina región La Libertad, donde se ha acribillado a seis funcionarios. Muchos de estos crímenes son perpetrados contra ciudadanos, periodistas o trabajadores edilicios que han denunciado actos de corrupción. 

EL CAMINO LIBRE
Tanto Áncash como La Libertad parecen reunir todos los elementos que alimentan las rivalidades políticas: crecimiento económico sostenido y gobiernos regionales prósperos –Áncash tiene un presupuesto anual de S/.954 millones, el doble de lo que reciben, por ejemplo, Pasco, Tacna o Amazonas–, altos niveles de inseguridad asociada al narcotráfico, denuncias por corrupción y criticada institucionalidad.

“Es sospechoso que en distritos que tienen mucho canon como San Marcos [Áncash], donde opera Antamina en este momento, haya una proliferación inusual de candidatos. Puede haber hasta 14 postulantes en pequeños pueblos y muchas autoridades han terminado investigadas por varios ilícitos”, destaca el analista político Carlos Basombrío, quien trabaja en temas de seguridad desde hace 15 años.
 
Los gobiernos locales que poseen ingentes recursos por transferencias del Gobierno Central o canon minero no son fiscalizados con regularidad en el uso de estos. De hecho, la contraloría, en cada auditoría al interior del país, descubre que el 70% de los montos invertidos tiene problemas de irregularidades o actos ilícitos.

El Instituto de Defensa Legal (IDL) ya ha expresado su voz de alerta sobre la nula presencia del Estado de derecho en Áncash y las constantes denuncias que señalan la presunta existencia de una red de impunidad compuesta por policías, jueces y fiscales, cuando de investigaciones relacionadas al gobierno regional se trata.

Esa sensación de impunidad es compartida por el defensor del Pueblo, Eduardo Vega Luna. Él dice sentirse alarmado por la terrible situación en la región, “inundada de corrupción y crímenes”.

SIN RESOLVER
El común denominador de los 14 crímenes por motivos políticos registrados entre La Libertad y Áncash en la última década es que fueron perpetrados por sicarios.

Así murió, por ejemplo, Helbert Rojas, alcalde de la Municipalidad de Santiago de Chuco, en una céntrica avenida de Trujillo, en el 2004. Y cuatro años después, Antenor Rodríguez, regidor de la Municipalidad de Chao (opositor del entonces alcalde Ney Gámez, quien semanas después fue procesado por lavado de activos). A partir de entonces, se dieron extraños crímenes de funcionarios y secretarios municipales, gobernadores y otros alcaldes.

Al presidente regional de Áncash, César Álvarez, se lo vincula con los últimos homicidios de quienes denunciaron irregularidades de su gestión. Ezequiel Nolasco era su férreo opositor y uno de los más fuertes candidatos para ocupar la presidencia regional. Antes de morir, había expresado que se oponía a la ejecución de proyectos por S/.840 millones, supuestamente sobrevalorados por el gobierno regional.

Álvarez ha deslindado toda responsabilidad y a la vez dice que “es víctima de persecución política”. Sin embargo, sobre él pesan 660 denuncias por corrupción, según la titular de la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Judicial del Santa, Nancy Moreno.

MÁS AMENAZAS
Un último hecho ha puesto en alerta aun más a los enemigos políticos de Álvarez. En Chimbote, el viernes 21 fue abandonada una ofrenda floral fúnebre a pocos metros del local del movimiento Juntos por el Cambio, liderado por Juan Calderón, ex aliado y actual opositor del presidente regional.

No es la primera vez que este candidato a la región Áncash recibe una amenaza. Desde el 2010, cuando se alejó de las filas políticas de Álvarez, denunció constantes intimidaciones e intercepciones. En junio del 2012 su hermano sufrió un atentado y Calderón lo atribuyó al entorno del presidente regional.