No solo el servicio eléctrico es ineficiente en Andahuaylas

En Andahuaylas coexisten dos mundos. Uno pujante y próspero, con edificios modernos, tragamonedas, restaurantes exóticos y automóviles nuevos. En el otro, la mayoría habita en pequeñas casas, con acceso limitado a agua y saneamiento, y además con deficientes servicios de salud y educación. Mientras en el primero pocos disfrutan de las vicisitudes de la noche, en el otro se vive un yaraví en carne propia todos los días.

La provincia de Andahuaylas es una zona compleja. En la época del terrorismo, era común ver enfrentamientos entre el Ejército y la población contra Sendero Luminoso, luego el lugar se convirtió en una ruta vital para el narcotráfico que a la fecha sigue latente.

En el 2005, esta localidad cobró protagonismo cuando el hermano del hoy presidente Ollanta Humala tomó la comisaría los primeros días de enero. De este levantamiento resultaron seis muertos: cuatro policías y dos reservistas.

Pero el conflicto se ha convertido en un visitante frecuente en Andahuaylas. Hace pocos días se vio cómo miles de sus ciudadanos salieron a las calles a protestar porque la empresa distribuidora de electricidad del Estado, Electro Sur Este (ELSE), realizó un cobro excesivo a más de 5.500 personas. En unos pocos días se movilizaron más de 2.000 personas, quienes asaltaron el local de la empresa distribuidora, bloquearon carreteras y forzaron al gobierno a negociar un acuerdo.

Estos hechos se diferencian de los ocurridos en Pichanaki y en las cuatro cuencas durante los recientes meses, pues no se está manifestando contra una empresa privada. Por el contrario, se trata aquí de un reclamo contra una compañía estatal por proporcionar un mal servicio. Esta situación, además, ha sido capitalizada por los dirigentes de la zona, en busca de posicionarse políticamente.

Para entender este conflicto es necesario analizar los problemas que azotan a la provincia desde hace años, la calidad de servicios que brindan las empresas del Estado, la ineficiencia del gobierno para manejar los conflictos sociales y el aprovechamiento político de ciertos dirigentes.

Lo importante es que este hecho y los demás paros programados para este mes en diversas localidades del país sirvan para que, cerca de la campaña electoral, el gobierno se concentre en evitar que se desencadenen más conflictos. De lo contrario, se generará más inestabilidad política y se ahuyentará a los inversionistas, lo que perjudicaría a todo el país.

CORTO CIRCUITO

Entender cómo opera el sector eléctrico en nuestro país no es cosa fácil, pero basta con saber que existen tres grandes fases en la cadena de valor: la generación, la transmisión y la distribución.

En el Perú, las dos primeras suelen manejarlas empresas privadas. Sin embargo, esto no ocurre en la tercera, cuyo servicio lo ofrecen principalmente empresas estatales: de las 13 compañías de distribución eléctrica que tiene el Perú, 10 son públicas y una de estas es ELSE.

Como parte de sus procesos operativos, ELSE contrató a Consorcio Andahuaylas para leer los medidores de electricidad mensualmente.

El procedimiento recoge la data de un medidor, la que ingresa a un sistema, el cual emite una factura automática. El sistema está programado para detectar si hay una desviación significativa de la tendencia que ha venido utilizando un usuario.

Si tal es el caso, el sistema emite una alerta por una posible falla y la Ley de Concesiones Eléctricas considera dos opciones para esta situación. La primera es aplicar la tendencia; es decir, si en los últimos seis meses la medición era 10, en el mes que hay un error se aplica 10 y luego se hacen los ajustes correspondientes en los siguientes meses. La segunda opción es volver a tomar una lectura.

En Andahuaylas, en diciembre (mes en el que el consumo eléctrico es más alto debido a las fiestas) la medición habría sido realizada de manera equívoca y, como resultado, la empresa se habría visto obligada a aplicar la tendencia de meses anteriores.

Pero en enero, los gerentes de la empresa decidieron hacer los ajustes de diciembre a pesar de que tenían diez meses para diluir el efecto. Como resultado, las facturas llegaron con números muy superiores a lo normal.

Originalmente se denunciaron 44 casos de cobros extraordinariamente altos por una radio local. Al enterarse de este problema, los andahuaylinos decidieron revisar sus recibos con mayor ahínco. Fue ahí que el número de reclamos se incrementó. Así, los afectados descubrieron que no solo les estaban cobrando un monto superior, sino que también se estaba incluyendo un pago por Fonavi sin una previa explicación.

Ante esta situación el jefe zonal de Apurímac de la empresa decidió llamar a Osinergmin, que detectó que la mala facturación se había hecho no solo a 44 personas, sino a 5.547.

ESTADO ELÉCTRICO

El meollo del asunto está en que las empresas estatales de distribución eléctrica son especialmente propensas a pecar de ineficientes y a brindar un mal servicio. Y, en este caso, el reclamo de los usuarios al Estado era por un mal servicio. (Ver cuadro de empresas estatales.)

Por ejemplo, en Andahuaylas –según Osinergmin–, ELSE en el 2014 tuvo 46 cortes y 65 horas sin luz. Por otro lado, Edelnor, una de las pocas empresas privadas de distribución, solo tuvo 6 cortes y 18 horas. (Ver cuadro calidad de servicios.)

Considerando el rol fundamental que juega la energía eléctrica en el crecimiento del país, un servicio deficiente no puede pasarse por alto. Cada vez que hay un corte, las pequeñas empresas no pueden operar y los niños no pueden estudiar.

Para Rolando Luque Mogrovejo, adjunto para la Prevención de Conflictos de la Defensoría del Pueblo, en Andahuaylas “había un malestar de los usuarios por la forma como se les prestaba este servicio, es decir, se han presentado interrupciones en la prestación del servicio, cambios en la energía que han afectado sus artefactos eléctricos, falta de atención oportuna de los reclamos y se sumó el incremento desproporcionado del costo del servicio en enero de este año”.

Para solucionar este problema, el año pasado, en el tercer paquete reactivador del MEF, se incluyó un capítulo que facilitaba la participación de privados en las empresas eléctricas del Estado. Sin embargo, la sección fue excluida por el Congreso, porque –según algunos congresistas– la medida implicaba una privatización, lo cual hubiera creado el riesgo de un aumento de las tarifas eléctricas.

BAJA POTENCIA

Pero la mala calidad de los servicios no se limita solo a la distribución de electricidad en Andahuaylas. También está el servicio de agua y alcantarillado, pues la cobertura de la Empresa Municipal de Saneamiento y Agua Potable (Emsap) Chanka solo alcanza al 52% de la población urbana. Por su parte, desde el 2009 existe un proyecto de casi S/.9 millones que busca facilitar agua potable a casi toda la población. Este, sin embargo, tiene menos del 1% de ejecución.

Este problema es un reflejo de la situación actual de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento a nivel nacional. Según la Contraloría General de la República, en el sector saneamiento, del 2009 al 2014, se encontró que, de los S/.18.003 millones de inversión en ejecución, S/.7.748 millones (43,04%) están en riesgo. Esto genera que peligre el incremento de la cobertura de agua potable y alcantarillado en el país (hoy las cifras son 85% y 68% en el sector urbano y rural, respectivamente).

Por otro lado, también existen colegios que no funcionan hace tres años debido a que las obras de remodelación se encuentran paralizadas, por lo que los estudiantes se ven forzados a estudiar en locales alquilados, y solo por un poco más de cuatro horas al día. Los profesores de la zona han enviado varios memoriales al Ejecutivo, pero aún no reciben respuesta ni solución.

CONDUCTORES

Ante este contexto de inestabilidad política y social, algunos líderes han aprovechado la situación para afianzar su liderazgo político y el control territorial de la zona.

Entre los principales azuzadores de los conflictos en Andahuaylas se encontraría Michael Martínez, congresista de la República en el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) por el partido Unión por el Perú.

En las elecciones regionales del 2014, Martínez fue candidato a la presidencia regional de Apurímac con el Movimiento Popular Kallpa, del cual es uno de los fundadores.

Pese a ganar en la primera vuelta, no consiguió los votos necesarios en la segunda. Si bien Martínez no ha sido identificado en su movimiento Kallpa, es conocido por su discurso radical, acciones agitadoras entre los campesinos y cuestionado por las denuncias que pesan sobre sus militantes, vinculados al narcotráfico.

INTERRUPTORES

Fuera de los 36 heridos resultantes de los enfrentamientos en Andahuaylas, la población optó por utilizar un arma política sumamente efectiva en el Perú: el bloqueo de carreteras. Cientos de pasajeros se encontraron varados en buses que fueron apedreados por los manifestantes. El bloqueo de carreteras es muy importante, pues afecta el abastecimiento de productos a distintas zonas del país.

El bloqueo de carreteras como herramienta de protesta no es algo nuevo en nuestro país y no ha sido debidamente afrontado. (Ver cuadro de consecuencias.)

Beatriz Merino declaró, cuando era defensora del Pueblo, que esta medida no solo es ilegal, sino que “pone en peligro la vida y la integridad de miles de peruanos que se están transportando por las carreteras de nuestro país y particularmente de los más vulnerables: los niños y los adultos mayores, las mujeres embarazadas,  los discapacitados, los enfermos”.

Asimismo –según el abogado constitucionalista Samuel Abad– “hay un derecho de tránsito, todo el mundo puede circular por la vía pública. También está el derecho a la protesta. Lo que ocurre es que a veces ambos derechos colisionan. ¿Cómo vas a circular si no hay una vía alterna? El fin del bloqueo es evitar la circulación”.

ALTA TENSIÓN

Solo en enero y febrero se han registrado 268 heridos y 4 muertes por conflictos sociales (Defensoría del Pueblo). A febrero del 2015 existen 211 conflictos, de los cuales 160 son activos y 51 latentes. Apurímac es la segunda región con mayor cantidad de conflictos sociales (21 casos), luego de Áncash (24 casos). De los 160 conflictos activos, 142 son socioambientales. De los conflictos socioambientales, 9 son por actividad energética.

Sin embargo, aún es muy pronto para dejar de preocuparnos: hay un paro programado para mañana 23 de marzo en Pichanaki (Apurímac), Cocachacra (Arequipa) y Cajamarca, y otro el 27 del mismo mes en Espinar. Lo que corresponde preguntarnos ahora es por qué el Estado falla y qué acciones se deben tomar para evitar más conflictos.

Con la colaboración de Julio Talledo desde Andahuaylas y Ariana Lira y Elody Malpartida desde Lima.