La organización criminal Correcaminos del Sur, desarticulada este viernes en la región Arequipa, es acusada del cobro de cupos a transportistas formales e informales (minivan) con la finalidad de no ser intervenidos por los inspectores de transporte de la Gerencia y Subgerencia de Transporte y Comunicaciones del Gobierno Regional de Arequipa.
Entre los detenidos hay seis funcionarios de la referencia gerencia: José Edwin Gamarra Vásquez (cabecilla), gerente regional de Transportes y Comunicaciones de Arequipa; Cristhian Humberto Motta Contreras, sub Gerente de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Arequipa; Juan Guillermo García Velásquez, sub Gerente de Transporte Interprovincial; Abraham Salomón Mendoza Aco, jefe de Inspectores de la Gerencia Regional de Transportes; Jonathan Rubén Duran Choque, inspector de Transporte; y Flor Ángela Meza Congona, sub Gerente de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Arequipa, periodo (2016-2017). Además, fueron detenidos Mary Lucelia Rivera Cárdenas, empresaria; Gabriel Froilán Almonte Concha, extorsionador; y Alejandro Faustino Martínez Mollesaca, integrante.
De acuerdo con las investigaciones policiales, la organización criminal Correcaminos del Sur cobraba entre S/250, S/ 300 hasta S/500 al mes por cada unidad. Pero no solo los informales eran extorsionados por esta banda. El Ministerio Público sostiene que los formales tenían que pagar S/30 mil para obtener autorizaciones de nuevas rutas, o ampliaciones para seguir circulando.
A los conductores les habrían entregado hologramas adheridos a la documentación de los conductores (licencia, SOAT o DNI). De esta forma empadronaban a los transportistas para asumir el control sobre ellos. Los stickers se renovaban cada mes.
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Estos son los stickers que usaba la organización criminal. (Imagen: PNP)
Los cobros se centraban en las minivan que tienen sus estaciones frente al Terminales Terrestre y hacen rutas a Mollendo, Canamá, Caravelí, Cocachacra, El Pedregal, Chivay entre otros. También se extendieron a los que circulaban a Juliaca, Moquegua y Cusco.
Actualmente, está prohibido entregar autorizaciones a minivan para que hagan servicio interprovincial, pero se estima que unas 500 unidades circulan a diario de manera ilegal en las vías de la región.
La fiscal especializada contra el Crimen Organizado, Alejandra Cárdenas, está preparando el expediente para solicitar prisión preventiva contra los imputados, por lo que pidió a los transportistas denuncien aquellos pedidos de cobros irregulares.
El equipo de investigación estará abierto a recibir cualquier otra denuncia que tengan que ver con los miembros de la presunta organización; como es el caso de las licencias de conducir y brevetes.
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