Tía María: fiscalía no concluye investigación a antimineros

A mediados de mayo del 2015, en medio de las protestas de un sector de la población arequipeña contra el proyecto Tía María, se propaló un audio en el que el dirigente antiminero Pepe Julio Gutiérrez dialoga con el abogado Jesús Gómez Urquizo, quien decía tener vínculos con la empresa Southern Cooper, y le ofrece poner fin al paro a cambio de US$1,5 millones (las famosas ‘lentejas’ a las que se refiere en la conversación), dinero que sería repartido con otros dirigentes de la zona.

Esta protesta derivó en uno de los conflictos sociales más largos y violentos de este gobierno (dejó cuatro muertos, decenas de heridos, daños materiales y pérdidas económicas cuantiosas).

Días después de difundido el audio, la fiscal especializada en delitos de crimen organizado María Alejandra Cárdenas Ávila inició una investigación por los presuntos delitos de extorsión en agravio del Estado, extorsión en agravio de la empresa privada y asociación ilícita para delinquir. Según el nuevo Código Penal, por tratarse de un caso complejo, se otorgó un plazo de 36 meses para culminar las pesquisas y dar paso a un proceso penal.

–Lo avanzado–
Ya transcurrió casi la mitad del plazo y, aunque Cárdenas ha realizado más de 30 diligencias, quedan pendientes una cantidad similar. La representante del Ministerio Público ha confeccionado un organigrama que detallaría cómo los dirigentes del Valle de Tambo establecieron tareas puntuales para llevar adelante una protesta que, según ella, tenía como objetivo final obtener una millonaria suma de dinero.

A través del levantamiento del secreto bancario y tributario de los implicados, la fiscal ha encontrado que la empresa realizó pagos a Gómez Urquizo por una supuesta asesoría legal por un monto cercano a S/1,5 millones; también se confirmó que este pagó S/170 mil a Pepe Julio Gutiérrez, y que este a su vez desembolsó S/12 mil a Jesús Cornejo, uno de los principales promotores de las protestas.

Sin embargo, estos pagos fueron anteriores a la grabación del audio en cuestión, y por lo tanto no se puede demostrar fehacientemente si hubo delito de extorsión posterior a la conversación grabada. Según la carpeta fiscal, los directivos de Southern Cooper niegan haber sido extorsionados. Estos últimos dos factores podrían entrampar el proceso.

–Lo pendiente–
¿Se puede demostrar que hubo delito de extorsión y que la empresa fue víctima? Carlos Caro, abogado penalista, considera que este es “un caso complicado”, ya que sin testigos de la supuesta extorsión, y ante la negativa de la presunta víctima de reconocer las amenazas, sería difícil probar los delitos en un eventual juicio.

“La fiscalía debería orientar la investigación a demostrar que el abogado Jesús Gómez Urquizo recibió dinero indebidamente de Southern Cooper por una supuesta asesoría. Para ello, con los indicios que ya se tiene tras el levantamiento del secreto bancario y tributario, debería solicitar que la Sunat pida los documentos que Southern emitió para encargarle un trabajo a Gómez y los informes que este presentó. Ello le ayudaría a demostrar que los pagos se hicieron a través de una extorsión”, opina Caro. Sobre los audios, el penalista considera: “Esta prueba se convertiría en un indicio, pero no podría ser tomada como una prueba plana”.

Por lo pronto, el rechazo al proyecto minero persiste. En mayo, los pobladores acataron un paro de 72 horas y el miércoles 22 de junio saldrán nuevamente a las calles para protestar, aunque esta vez contra el Poder Judicial para exigir que se anule la reciente disposición que convierte en efectiva la pena dictada contra cinco dirigentes por el bloqueo de carreteras durante una de las huelgas contra Tía María. Estos son Jesús Cornejo, Jaime de la Cruz, Raúl Abramonte, Rubén Quispe y José Chiapa; todos están prófugos. Solo uno de los promotores de la protesta, Pepe Julio Gutiérrez, está en prisión.