Las Bambas: ¿en qué consisten los proyectos de ley a favor de comuneros?

Representantes de las comunidades de la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas acudieron el último viernes al Congreso de la República para acompañar al congresista Richard Arce (Nuevo Perú) en la presentación de dos proyectos de ley: la iniciativa de una amnistía en favor de los comuneros, y modificaciones de artículos del Código Penal y de la Ley contra el crimen organizado.

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-Amnistía para los comuneros-La iniciativa legislativa N°4273, propuesta por Arce y suscrita por los parlamentarios Oracio Pacori, Manuel Dammert, Alberto Quintanilla, Rogelio Tucto, Wilbert Rozas, Justiniano Apaza, Zacarías Lapa, Horacio Zeballos y Katia Gilvonio, propone amnistiar a los comuneros que participaron en las protestas sociales contra Las Bambas. Aquí se hace referencia a los actos que se hubiesen cometido con la intención de participar en las manifestaciones contra el proyecto minero entre el 11 de mayo 2011 y 9 de abril 2019, y que estén tipificados como delitos y/o faltas. El proyecto se refiere solo a personas naturales en el ámbito de las regiones Apurímac, Cusco y Arequipa. 

El último conflicto social entre Las Bambas y Fuerabamba alcanzó sus momentos más tensos a partir del 4 de febrero de este año, cuando se restringió el paso de los vehículos de la minera en el tramo del corredor minero que cruza el fundo Yavi Yavi, propiedad de la comunidad de Fuerabamba. La interrupción fue por 68 días.

El proyecto de ley propone amnistiar:

► Todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, que se encuentren tipificados como delitos y/o faltas.► Todos los actos de idéntica naturaleza, que expresen el ejercicio de derechos de autotutela comunal con respecto a sus derechos patrimoniales, así como el cumplimiento de actos, compromisos y políticas derivadas de acuerdos adoptados con respecto a las personas jurídicas titulares del proyecto minero Las Bambas. ► Todos los actos de idéntica naturaleza e intencionalidad a los contemplados en los párrafos anteriores, siempre que no hayan supuesto una grave afectación a la vida e integridad de las personas.

La iniciativa precisa que quedarían extintas las acciones penales que emerjan de los delitos o faltas a las que se aluden.

La amnistía también comprenderá aquellos delitos y faltas conexas a las conductas antes referidas, así como medidas de reparación patrimonial y extra patrimonial.

Por otro lado, quedan excluidas de este proyecto de amnistía las conductas que hayan supuesto delitos de lesa humanidad o una grave afectación a la vida e integridad de las personas. Entre otros, delitos cometidos por funcionarios públicos, miembros de las fuerzas armadas y Policía Nacional, que hubieran supuesto un ejercicio desproporcionado e irrazonable de la fuerza pública en las protestas, así como una afectación al ejercicio de los derechos constitucionales. También quedan excluidos los delitos cometidos por personas ajenas a las comunidades campesinas.

En la exposición de motivos de este proyecto se precisa que en el periodo de fechas mencionadas, cuando se dieron las manifestaciones contra Las Bambas, los comuneros han sido “objeto de formulación de acciones legales de persecución de las conductas involucradas, tanto a nivel policial, fiscal como judicial, confundiendo en no pocos casos la pertenencia ”. 

-Reacciones-Luego de la presentación de los proyectos de ley, el congresista Richard Arce dijo que “son más de 500 los comuneros que están siendo judicializados”, pero el número no ha sido confirmado. “No tenemos el dato preciso, pero entenderán que tenemos una obligación, bajo ese argumento remití inmediatamente los documentos al Ministerio de Justicia, al Poder Judicial, al Ministerio Público. No hemos tenido la respuesta hasta el momento”, añadió en diálogo con El Comercio.

El pasado 24 de abril, durante la instalación de la mesa de Justicia y Derechos Humanos con las comunidades de la provincia de Cotabambas, el congresista Arce señaló que desde el Congreso de la República promovería los mencionados proyectos. Para ello, se comprometió en dialogar con el presidente del Congreso de la República para su viabilización, a fin de defender los derechos de todos los comuneros. Esta iniciativa, dijo, iba a ser coordinada también con el gobernador regional de Apurímac, Baltazar Lantarón. Por su parte, el Ministerio de Justicia se comprometió a brindar el soporte técnico legal que corresponda, según el acta que se firmó ese día en Challhuahuacho.

El último viernes, el primer ministro, Salvador del Solar, dijo que “si un legislador ha propuesto una ley de amnistía, este tema es competencia de otros poderes del Estado, el Ejecutivo no desea tener ninguna injerencia ni ha hecho ninguna promesa al respecto”, declaró a su salida del Congreso de la República.

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El congresista Arce sostiene que la aprobación de los proyectos de ley serían “una oportunidad para el Estado, para que replantee el tipo de relaciones que ha existido entre ellos, las comunidades y la empresa”.

Asimismo, Gregorio Rojas, presidente de la comunidad de Fuerabamba, dijo que estos proyectos responden a no criminalizar sus protestas. “Las comunidades que apostamos por la minería no queremos criminalización, no queremos encarcelamientos ni persecuciones a los dirigentes”, dijo Rojas el viernes en conferencia de prensa.

“Cuando la empresa (minera) pone denuncias o demandas, inmediatamente nos persiguen las fiscalías, jueces. Pero cuando las comunidades ponemos la denuncia, lo archivan. ¿Dónde está la igualdad de la justicia?”, comentó Rojas a El Comercio.

“Son nueve puntos (de la mesa de Justicia y Derechos Humanos). De ellos, el primero es la amnistía, pero si el proceso no se da no habría ningún diálogo con Las Bambas y el Estado”, añadió la autoridad comunal.

La abogada penalista Romy Chang explicó que la amnistía, a diferencia del indulto, no es un perdón. Sino, aquello que se cometió nunca fue un delito. “En la amnistía lo que se dice es que nunca debió haber nada, no debió ser considerado delito ni se debe procesar. En el indulto te pueden procesar o condenar, el caso es que la pena que te impongan ya no la cumples en cárcel. Pero, la amnistía es que ni se debe juzgar”, dijo.

Alertó que un proyecto así puede ser riesgoso como precedente.  “Claramente, el proyecto de ley busca que todos los casos ligados al tema de Las Bambas sean impunes y la pregunta es si eso nos suma como sociedad. Si ese es el mensaje que se va a dar desde el Congreso, luego vamos a tener revueltas y todos van a hacer lo mismo”, comentó.

-Modificaciones al Código Penal-El segundo proyecto de ley presentado por Arce y suscrito por los congresistas Manuel Dammert, Marisa Glave, Indira Huilca, Edgar Ochoa, Oracio Pacori, Tania Pariona, Alberto Quintanilla y Horacio Zeballos, propone la modificación del artículo 200 del Código Penal, que se refiere al tipo penal del delito de extorsión; así como la modificación del artículo 2 de la Ley N°30077, ley contra el crimen organizado.

Estos son los cambios propuestos en la iniciativa legislativa:

► En la propuesta de modificación del artículo 200 se suprime los párrafos.

“Ese tipo penal, en su momento, justamente fue creado no solo para sancionar los casos. Incluso se tomó en cuenta de manera expresa casos recurrentes cuando la gente, a la fuerza, para obligar a las autoridades, bloqueaba carreteras. Eso es bastante grave porque puede haber consecuencias de todo tipo”, opina la abogada Chang.

Agregó que la modificatoria estaría enfocada solo al conflicto social con Las Bambas, y esto podría acarrear otros mensajes. “Están pensando en Las Bambas, pero no en las repercusiones futuras. El mensaje sería que cada vez que tengas un problema puedes tomar carreteras”, cuestionó. “Se estaría promoviendo que la solución al conflicto social pase por una válida toma de carreteras”, mencionó.

► En la propuesta de modificación del artículo 2 de la Ley N°30077.

Sobre la modificación de organización criminal, Chang sostiene que esta propuesta sería riesgosa considerando los antecedentes como, por ejemplo, lo ocurrido con los sindicatos de construcción. “nuevamente se olvidan que una de las etapas negras que hemos tenido justamente era la excusa de uso de organizaciones sindicales para extorsionar el área de construcción. Estaríamos retrocediendo respecto a eso”, dijo. 

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