Editorial: Daño colateral

Lo revelado sobre el Caso Madre Mía por las escuchas legales de comunicaciones del ex presidente Humala que obran en poder de la fiscalía no es información que pueda realmente ser considerada sorprendente. Los indicios de que hubo pago a testigos para que guardasen silencio o cambiasen su declaración inicial en el Caso Madre Mía siempre estuvieron a la vista, tanto en la campaña del 2006 como en la del 2011. 

Por si no hubiese sido suficientemente sospechoso que durante la primera de ellas un testigo de las supuestas torturas y crímenes cometidos por el ‘Capitán Carlos’ se desdijese, durante la segunda apareció también un video que registraba el pago que, en el 2006, Amílcar Gómez –el operador de Humala en todo lo relacionado con este caso– le hizo, en la puerta de una oficina del Banco de la Nación, al hijo de Jorge Ávila Rivera… precisamente el testigo que repentinamente cambió su versión (y hoy admite que fue comprado para ello). 

Pero quienes estaban determinados a prestarle en ese entonces su apoyo al candidato nacionalista no quisieron verlo o tomárselo en serio. Y con el argumento de que el Poder Judicial había archivado el caso, perseveraron en su empeño. 

La verdad, no obstante, es que un fallo judicial define si el acusado de un crimen es probadamente el autor del mismo y debe, en consecuencia, cumplir una pena. Y en esa medida, ciertamente debe respetarse. Pero de ahí a que despeje todas las dudas que existen en cada ciudadano que haya seguido con atención el caso y lo haga actuar como si la información que conoció hubiese sido borrada de su consciencia, hay una gran distancia. 

Así, llama la atención, por ejemplo, que personas como Verónika Mendoza, Sergio Tejada o Daniel Abugattás, que luego se alejaron del gobierno humalista por diferencias de orden político, no se hubiesen sentido en ese momento incómodas de integrar la lista parlamentaria que acompañaba la postulación de un candidato presidencial que arrastraba tras de sí una estela tan inquietante. 

Lo mismo puede decirse de representantes e instituciones de la izquierda tradicional que decidieron cerrar un ojo ante lo que los indicios sugerían y sumarse al proyecto político que encabezaba Humala. “Si esas supuestas irregularidades no se han probado en 5 años, por qué yo tengo que ser más papista que el Papa”, dijo por ejemplo el difunto Javier Diez Canseco en una entrevista con este Diario en el 2011. Y una institución directamente involucrada con la defensa de los derechos humanos como IDL publicó un comunicado antes de la segunda vuelta de ese año en el que, si bien demandaba que “más allá de la absolución” del Poder Judicial, Humala presentase “pruebas contundentes e irrefutables” de no haber incurrido en los crímenes que se le imputaban, se inclinaba a favor de él porque “todavía no ha gobernado”. La presentación de las pruebas, al parecer, la dejaban para después de que, con su apoyo, llegase a la presidencia…

También se puede decir lo mismo de aquellos personajes que en sus respectivos llamados a votar en ese proceso electoral por el líder nacionalista no incluyeron ni siquiera una consideración con respecto a una sombra moralmente tan pesada. ¿Se puede creer realmente que no conocían los hechos que ahora parecen confirmarse o que, conociéndolos, no los juzgaban lo suficientemente turbadores como para prescindir de expresarle su respaldo a quien daba tantas señas de ser responsable de ellos? 

La lista, en fin, es larga e incluye adhesiones incluso más tardías, como la de Susana Villarán, o las de tantos miembros de los distintos gabinetes del gobierno anterior que, aparentemente, bloquearon ese dato en su mente a la hora de evaluar su incorporación al mismo, y ahora sufrirán una especie de daño colateral por este caso. Porque si, como todo parece indicar, lo cómodamente negado regresa para mostrarse real tendrán que asumir el costo político y moral de su deliberada distracción.