Fiscalía tiene 62 investigaciones por muertos y heridos en protestas: solo hay un policía con prisión preventiva pero sigue libre

David Atequipa, de 15 años, Roberto Medina, de 16, Cristofer Ramos, de 15. Los tres eran escolares y los tres murieron por impactos de arma de fuego en diciembre del 2022. Un informe del Ministerio Público confirma que fueron siete los menores de edad que fallecieron durante las protestas sociales que iniciaron con el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo y la designación de Dina Boluarte como presidenta. En total, 50 civiles murieron a manos de policías y militares.

El informe Actuación Fiscal del Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales, publicado el martes 28 de mayo, precisa que además hubo 716 lesionados entre el 7 de diciembre de 2022 y el 31 de marzo de 2023. Por estos casos se iniciaron 62 investigaciones fiscales que comprometen a 324 investigados, el 88% de los cuales son policías y el resto militares.

Este documento, de 20 páginas, considera únicamente a las investigaciones en contra miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en agravio de ciudadanos. De acuerdo con la fiscalía, en próximas ediciones se informará sobre las indagaciones contra altos funcionarios y contra ciudadanos que incurrieron en delitos (disturbios, daños, lesiones y otros) en agravio de otros civiles, miembros de la policía, el Ejército o el Estado.

El informe es el resultado de las investigaciones realizadas por el Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales (Eficavip), creado el 31 de marzo del 2023 con la Resolución de la Fiscalía de la Nación 790-2023-MP-FN.

Con un total de 9.038 diligencias fiscales y 914 diligencias periciales, entre las que se incluyeron pericias de necropsias y dos exhumaciones, se identificaron las características de los fallecidos y lesionados, de los delitos cometidos y de los presuntos responsables.

De los 50 muertos, el 42% eran jóvenes de 18 a 24 años. Además, la mayoría eran de Puno (21), Ayacucho (11) y Apurímac).

La publicación del MP no detalla los nombres de los involucrados en las investigaciones, ni de víctimas ni de los presuntos responsables. Sin embargo, se sabe que precisamente en Puno se registró uno de los días más trágicos del periodo de convulsión. El 9 de enero del 2023 murieron 18 personas por enfrentamientos en los alrededores del aeropuerto de Juliaca. En esa jornada murió Yamileth Aroquipa, de 17 años, cuyos familiares denunciaron que no participaba de las protestas y solo regresaba a su casa cuando fue impactada por un disparo. Ese día la Dirección Regional de Salud Puno reportaba 73 heridos, seis de ellos policías.

Mientras que en Ayacucho, 10 de los 11 muertes ocurrieron el 15 de diciembre de 2022. Una investigación de The Associated Press evidenció que las 10 víctimas sufrieron impactos bala (tres en el abdomen, seis en el tórax y uno en el cráneo).

El único muerto que se registra en Lima Centro es Víctor Santisteban Yacsavilca, quien falleció el 28 de enero luego de que fuera impactado por una bomba lacrimógena en la cuadra 9 de avenida Abancay. Videos registrados por cámaras de seguridad mostraron el momento en el que un policía dispara el objeto contundente contra el hombre de 55 años a menos de 3 metros de distancia.

El MP informó que, a partir de las coordinaciones, entre el Eficaop y el Programa de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos, se brindaron atenciones multidisciplinarias a 265 agraviados a nivel nacional, 84,5 % de los cuales por ser víctimas directas (lesionados) y 15,5 % en calidad de víctimas indirectas (familiares de fallecidos y lesionados). Ellos recibieron asesorías de equipos multidisciplinarios de la UCAVIT: tipo psicológica (35,2 %), legal (33,7 %) y/o social (31,1 %).

De las 62 investigaciones fiscales, 56 han sido declaradas complejas por la pluralidad de agraviados e investigados, pericias que requieren complicados análisis técnicos y diligencias en diferentes distritos fiscales. De estas, apenas el 19.6% han sido formalizadas mientras que el resto se mantiene en diligencias preliminares.

Son en total 324 investigados, de los cuales 285 son policías y 39 militares. La mayoría son de Puno, Lima Centro y Apurímac y los delitos por los que se los investigan son homicidio calificado (16 casos), homicidio calificado en grado tentativa (10), tortura agravada (4), lesiones graves (31), lesiones leves (32) y abuso de autoridad (12).

De ellos, 313 tienen libertad con citación, 9 tienen comparecencia con restricciones, 1 con comparecencia simple y uno con prisión preventiva.

Aunque el informe del MP no lo precisa, el investigado con prisión preventiva es el suboficial PNP Joe Erik Torres Lovón, sindicado como el autor directo de la muerte de Rosalino Flores Valverde, fallecido en Cusco, en enero del 2023. El joven de 22 años, estudiante de la carrera de Gastronomía, recibió más de 30 perdigones metálicos por la espalda y falleció luego de más de 60 días de sufrimiento, en el hospital Arzobispo Loayza de Lima.

El 5 de enero pasado, el juez Leodan Cristóbal Ayala, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, concluyó que hubo uso excesivo y desproporcionado de la fuerza y aceptó el requerimiento de la fiscal Mirela Coronel del Eficavip. Se dictó 18 meses de prisión preventiva en su contra, pero sigue libre.

“No se presentó [a la audiencia] y hasta ahora no ha sido capturado. El tenor que tenemos es que de qué sirve que se dicte una prisión preventiva si la policía no va a cumplir con su trabajo de detenerlo”, explicó el abogado de los deudos, Juan José Quispe, a El Comercio.

El informe concluye con recomendaciones entre las que destacan que “resulta conveniente que la Junta Nacional de Justicia ejecute con celeridad los concursos públicos para el nombramiento de fiscales especializados en derechos humanos, con el objetivo de fortalecer el subsistema fiscal especializado”. El Eficavip cuenta actualmente con 33 fiscales. Asimismo, recomiendan la creación de una división de Derechos Humanos en la PNP, la creación de juzgados especializados en la materia y el establecimiento alianzas de cooperación.