"Es fundamental exhumar pronto los restos e identificarlos"

En mayo se revelaron los primeros resultados del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y de Sitios de Entierro (Renade). ¿Se mantiene hoy la cifra de 20.329 desaparecidos durante el terrorismo?
La cifra va cambiando de acuerdo a la incorporación de nueva información. En este momento tenemos alrededor de 20.500 personas desaparecidas.

A mediados de agosto se restituyeron 14 restos de desaparecidos en Ayacucho. Se resaltó que era la primera restitución con enfoque humanitario ¿En qué consiste?
​El enfoque que había antes era de primero buscar la responsabilidad penal para luego entregar los restos. Ahora el ámbito penal continúa, pero consideramos que es fundamental exhumar pronto los restos e identificarlos. Han pasado tantos años que, precisamente, no queremos que se siga demorando el proceso, queremos que se cierre la agonía de no saber qué sucedió con el familiar. Además, este proceso no es solo entregar un documento o un osario al familiar, sino acompañarlo en su duelo, llevarlo hasta su comunidad para que haga el entierro, conversar sobre lo que pasó y cómo no debemos repetirlo.

El Renade también consigna los sitios de entierro. ¿El Ministerio de Justicia trabaja hoy directamente en alguna exhumación?
Para el proceso de exhumación se tiene que trabajar con la fiscalía. La Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas [DGBPD, que depende del sector Justicia] no actúa sola. Sumamos a un conjunto de instituciones como la Defensoría del Pueblo, el Comité Internacional de la Cruz Roja y, por supuesto, a las organizaciones de familiares de desaparecidos. Hoy estamos trabajando en un cronograma, un plan de trabajo consensuado para empezar las exhumaciones con la fiscalía.

Entonces, ¿aún no realizan exhumaciones?
​No. Precisamente lo que hicimos este año fue un plan piloto en Ayacucho para la exhumación y restitución de los 14 restos [entregados en agosto]. Empezamos en abril, hubo un proceso previo de investigación para identificar la zona donde estaban los restos y luego preparamos a los familiares. La idea es no quedarnos en pilotos, sino que sea un plan de trabajo de mediano y largo plazo.

¿Cuántos sitios de entierro están identificados en el Renade?
Alrededor de 3 mil sitios. Hay espacios donde se han lanzado cuerpos y va a ser muy difícil encontrar algo, como el río Huallaga. En esos casos no hay restitución, pero sí una verificación de informes y testimonios para darle una información certera a la familia.

¿Por qué se creó el banco de datos genéticos para la búsqueda de desaparecidos mediante las facultades delegadas?
Interpretamos que las facultades que nos delegó el Poder Legislativo calzaban perfectamente para este tema. El Congreso nos facultó para poder legislar sobre la situación de personas en vulnerabilidad y ciertamente estas personas, los familiares de los desaparecidos, son adultos mayores, muchos han sufrido desplazamiento y están en zonas alejadas donde sufren extrema pobreza.

¿Qué es el banco de datos genéticos y cómo funcionará?
​Es un instrumento que va a permitir contar con la información genética de los familiares que así lo soliciten. Previo consentimiento, se podrá tener un registro para que cuando hagamos una exhumación se pueda contrastar el componente genético del resto óseo hallado con nuestra base de datos. La DGBPD gestionará y administrará esta información. No es que vayamos a crear un laboratorio dentro del Ministerio de Justicia, sino que vamos a recurrir a los laboratorios existentes [como el del Instituto de Medicina Legal] para la toma de muestras.

¿Hay una fecha aproximada para poner en marcha el banco de datos genéticos?
Lo primero es lo más importante y ya se logró: la aprobación normativa. Ahora hay que hacer el reglamento y explicarle a los familiares en qué va a consistir este proceso.

Recientemente se han cumplido 15 años de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). ¿Cómo ha cumplido el Gobierno lo recomendado en ese informe?
​Ha habido un avance importante en diversos ámbitos, pero igual son insuficientes. Hoy hay un programa integral de reparaciones, hay una ley de búsqueda de personas desaparecidos, hace siete años se creó el viceministerio de Derechos Humanos y también se creó la DGBPD. Hay una institucionalidad. Lo que falta es tender más puentes con las víctimas y centrarnos en la lógica del Bicentenario, de que el Perú sea un país integrado con respeto a las víctimas civiles, policiales y militares que sufrieron con la terrible insanía del terrorismo.

Trayectoria:
Daniel Sánchez Velásquez es abogado por la PUCP y máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Sevilla, España.
Entre el 2001 y 2003 trabajó en la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Se encargó del informe sobre violaciones de derechos humanos en niños, niñas y adolescentes.
Ha trabajado en la Defensoría del Pueblo y ha sido secretario técnico de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel sobre Paz, Reparación y Reconciliación.