Isabel se ha vestido de negro, está nerviosa. Las trenzas que luce la hacen parecer más joven. Ha pasado cinco de sus 22 años encerrada en un centro juvenil. Dice que está arrepentida, pero aún le cuesta admitir que a los 17 años, cuando estaba en secundaria, cometió un homicidio. “Del error uno aprende”, dice con cierta culpa. 

En el centro juvenil de Santa Margarita, Isabel convive con 91 adolescentes que han cometido alguna infracción. Este es uno de los nueve centros, a cargo del Poder Judicial, que existen en el país. El 53% de los cerca de cuatro mil menores infractores sancionados en el Perú cumple su condena en uno de ellos. 

La mayoría han sido sancionados por robo agravado, hurto agravado, violación sexual y tráfico ilícito de drogas. El 91% de ellos están presos por primera vez. 

“Cuando un menor comete una infracción, el juez decide si va a un medio cerrado [internamiento en un centro juvenil por un tiempo determinado], o a un medio abierto [programa de reinserción social con acompañamiento y orientación de especialistas que no requiere internamiento]. El fin de ambos medios es rehabilitarlos”, precisa Manjorie Vega, gerenta de los centros juveniles

Menos castigo

Cien internos del pabellón Domingo Savio, en el centro conocido como Maranguita, forman un cuadrado en medio del patio. Están en cuclillas, esperando la orden del instructor. Sus nombres se reducen a un número. Luego de romper filas, algunos se van a tender su ropa en los balcones y otros se recuestan en los catres. Son los minutos de “libertad”; es el recreo. 

En Maranguita hay 937 menores encerrados cuando solo hay capacidad para 560. Este hacinamiento también se repite en los centros de Cusco y Arequipa. 

Pero este no es el único problema. En un reciente informe, la Defensoría del Pueblo encontró que en los centros Maranguita y Santa Margarita, el 20% de los jóvenes entrevistados sufrió maltratos. 

En Maranguita encontraron que los adolescentes con mala conducta son aislados en ambientes oscuros, estrechos y sin ventilación. “La forma de abordar esta transgresión de las normas internas no es la más adecuada. Engrilletarlos, castigarlos, aislarlos, es cruel. Si no hay tratamiento profesional para recuperarlos, eso va a traducirse en la agravación del estado mental y físico del joven”, asegura Porfirio Barrenechea, vocero de la Defensoría del Pueblo. 

Además, comprobaron el déficit de personal especializado para tratar a los menores. “Son deficiencias que se han tratado de ir superando con el presupuesto que tenemos”, dice Manjorie Vega. 

Lejos del encierro

¿Encerrar a los adolescentes infractores es lo ideal para rehabilitarlos? “No hay evidencia que muestre, a nivel global, que el encierro sea mejor que las medidas de socialización en medio abierto”, afirma Amanda Martin, experta de Unicef. 

Para Óscar Vásquez, de la fundación Tierra de Hombres, la solución más viable es la justicia juvenil restaurativa. Este programa iniciado en el 2005 ha logrado que tres mil adolescentes infractores sean reinsertados en la sociedad. 

“Es una filosofía donde lo importante no es tanto el castigo, sino la reparación del daño. Para que el menor pueda comprender que ha cometido un delito, asuma su responsabilidad, repare a la víctima y se reinserte a la sociedad”, explica. 

Debido a los logros del enfoque restaurativo, el programa ha sido imitado por el Ministerio Público desde el 2010. “Si lo que se quiere es que los adolescentes no vuelvan a cometer delitos, sin duda la privación de la libertad tiene que ser el último recurso”, reflexiona Amanda Martin.