Luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) solicitara al Poder Judicial filtrar los antecedentes civiles y penales de unos 105.000 candidatos en todo del territorio nacional, anoche una alarmante cifra fue revelada a El Comercio por esta entidad electoral: 2.131 postulantes para alcaldes, regidores y presidentes regionales de todo el país se encuentran en el Registro Nacional de Condenas, es decir, han sido hallados responsables de algún tipo de delito.
Desde hoy y hasta el lunes, la entidad electoral analizará las hojas de vida de estos postulantes, para dar a conocer qué clase de delitos habría cometido cada uno, o si acaso fueron omitidos en estas declaraciones juradas. Luego de este cruce de información, se enviará el compendio a cada Jurado Electoral Especial (JEE) de cada región del país, instituciones responsables de excluir a los candidatos que crea necesario.
Si bien la ley no impide a nadie que haya cumplido su condena tentar un cargo público, para Gerardo Távara, secretario general de Transparencia, es imprescindible iniciar un debate que permita limitar la candidatura de aquellos con antecedentes graves.
“No es lo mismo haber tenido una condena por lesiones leves o atropello, que una de 20 años por narcotráfico o por peculado. Pero eso requiere de una modificación de la ley. Por ahora, los que sí deberían ser excluidos son aquellos que en sus hojas de vida, presentadas al JNE, ocultaron sus antecedentes”, afirmó el funcionario, quien fue tajante al decir que este proceso debe comenzar de inmediato.