Abusos de ronderos ponen en alerta a Defensoría y fiscalía
Abusos de ronderos ponen en alerta a Defensoría y fiscalía
Redacción EC

JUAN PABLO LEÓN ALMENARA

Comer un rocoto con pepa e ir detenido puede ser un escarmiento para un ladrón. Pero ser secuestrado y asesinado a puñetes y patadas por acusaciones sin pruebas es un exceso.

El primer caso sucedió hace 18 días. Tres personas que asaltaron un camión con leche e hirieron de bala al conductor fueron capturadas por integrantes de una de las 2.400 campesinas de Cajamarca. Estas son instituciones legalmente respaldadas para administrar la justicia bajo los usos y costumbres propios de la localidad, y poseen legitimidad desde que fueron creadas, en 1976, para combatir el abigeato y la delincuencia sin emplear la violencia en donde la presencia del Estado es nula.

El segundo caso se dio en La Libertad. Esta vez una ronda urbana –grupo de vecinos sin autorización para ejercer justicia ni imponer sanción– acusó a , la sometió a tortuosos castigos hasta matarla y tomó una foto al cuerpo, la que hasta hoy permanece publicada en varias webs de noticias.

IMPONER MORAL CON GOLPES
Pese a no tener un respaldo legal, desde la aparición de las primeras rondas urbanas a mediados del 2000, sus integrantes parecen haberse tomado la atribución de castigar la infidelidad, el empleo de supuesta magia negra para hacer daño, el robo y la prostitución e incluso las deudas, y caen en excesos.

Cada semana, los medios de comunicación dan cuenta de  hechos en que los miembros de las rondas actúan como si fueran los guardianes de la moral. Por ejemplo, en Cajamarca un grupo encabezado por Fernando Chuquilín irrumpió en un club nocturno y azotó a prostitutas. El ex dirigente dijo que así buscaban cuidar los valores.

En Cutervo, otros ronderos atacaron con métodos similares a médicos y enfermeras en un bar; en La Libertad secuestraron cinco días a otra mujer acusada de emplear hechizos; y en Cajamarca castigaron a dirigentes por estar de acuerdo con que el Estado emplee recursos del canon. En muchos casos, lo hacen encapuchados.

¿Por qué imponer la ética y la moral con golpes cuando en las ciudades sí existen comisarías y juzgados? Es lo que critican los antropólogos y lo que ha puesto en alerta al Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.

MEJOR TARDE QUE NUNCA
Ante los recientes abusos a los derechos humanos por las rondas urbanas, la fiscalías de Cajamarca, La Libertad y Piura han expresado su preocupación y formalizado las denuncias contra los responsables.

En tanto, la advierte que estas son medidas injustificadas, que ponen en grave riesgo la integridad y salud de las víctimas. “La libertad personal es un derecho fundamental protegido por la Constitución y las leyes”, dijo el defensor del Pueblo, Eduardo Vega Luna, en relación a los prolongados encierros que llevan a cabo estas organizaciones.

La Defensoría del Pueblo también rechazó los castigos físicos que las rondas urbanas de Cajamarca aplicaron a mujeres que se dedican al trabajo sexual, al vulnerar sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.

“Se trata de reorientar la labor de las rondas urbanas para que apoyen en tareas de seguridad”, agregó Agustín Moreno Díaz, jefe de la Oficina Defensorial de Cajamarca. Por ahora, la opinión pública espera que las instituciones pongan mas atención y se regulen estas acciones.

CRONOLOGÍA
1976
Se crea la primera ronda campesina en Chota por la reacción de la población ante la desidia del Estado frente a los problemas sociales.

1985
La eficacia de las rondas campesinas hizo que estas se expandieran rápidamente. El Estado estimuló su constitución como estrategia para combatir el narcotráfico. El congreso aprobó la Ley de Reconocimiento de las Rondas Campesinas, que les permite actuar dentro del Código Civil.

2000
Aparecen las rondas urbanas, que buscan castigar a delincuentes, resolver deudas entre vecinos, corregir a hijos insolentes y azotar a infieles en la ciudad. Gregorio Santos las moviliza para lograr apoyo en la lucha contra Conga.

2012
Las rondas urbanas son reconocidas por los municipios, pero hasta la fecha carecen de reconocimiento constitucional o legal para administrar justicia.