Unas 63 comunidades nativas son abastecidas con agua de calidad

Iquitos. Desde un tronco seco, Celso Pacaya Amías contempla aquella cocha (laguna), afluente del río Marañón, que solía visitar casi a diario y durante más de 30 años para abastecer de agua a su familia. Infla el pecho de orgullo cuando le consulto por el vínculo de su primer apellido y la Reserva Nacional Pacaya Samiria, hasta donde hemos llegado luego de dos horas de viaje en deslizador desde la localidad de Nauta (provincia y región Loreto).

“En la lengua cocama –a cuya etnia pertenece–, Pacaya significa corazón de Majaz”, nos explica.

Una gran cicatriz resalta en su pierna izquierda. Es la secuela de la mordida de un jergón, una de las especies de serpientes más venenosas y temidas en la selva.

“Tuve que escaparme de un hospital de Iquitos para evitar que me amputen una pierna. Consumiendo medicina natural logré recuperarme”, recuerda Celso, quien al igual que otros miembros de la comunidad Dos de Mayo San Pedro de Tipishca se exponía continuamente al ataque de víboras cada vez que accedía al manantial.

La odisea acabó en el último verano cuando, por requerimiento del Gobierno, la sucursal en el Perú de la empresa española Inclam instaló y puso en funcionamiento plantas de tratamiento de agua potable en esta y otras 62 comunidades nativas que pueblan las cuencas de los ríos Corrientes, Marañón, Pastaza y Tigre, todas ubicadas en Loreto y pertenecientes a los pueblos indígenas achuar, kichua, kukama kukamiria (cocama), quechua y urarina.

“Contamos con operadores de las mismas comunidades y facilitadores sociales que nos ayudan a implantar nuevos hábitos para el cuidado del agua y el aseo personal. Nos importa mucho que nuestro mensaje llegue a los niños y madres”, señala Hevelin Castro, representante de Inclam.

EXIGENCIA
La intervención del Ejecutivo en estas localidades, que forman parte de la zona de influencia del lote petrolero 192 (ex 1AB), se dio después de una serie de protestas indígenas que tenían como principal pedido la remediación ambiental, tras cuatro décadas de extracción de hidrocarburos.

“Hemos tenido que protestar para que el Gobierno escuche nuestro principal reclamo”, manifiesta Alfonso López, el apu (líder) de la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca, que alberga a 63 comunidades kukama kukamiria.

El 6 de mayo del 2014, mediante el Decreto Supremo  006-2014-SA y dada la declaratoria de emergencia sanitaria de las referidas cuencas, se autorizó al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través del Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR), la contratación de la empresa responsable de la adquisición, transporte, instalación, capacitación, operación y mantenimiento de módulos de tratamiento de agua para consumo humano. La operación de las plantas se inició en enero y desde entonces la vida de miles de indígenas ha cambiado.

Según los propios pobladores, en los últimos meses se han reducido significativamente las enfermedades diarreicas e intestinales en los niños.

“Esperamos que se implementen otras 50 plantas en las comunidades. A partir de febrero del 2017, esperamos  asumir la operación”, agrega López.