Los cuarteles del Ejército Peruano siguen siendo proveedores de armamento para la delincuencia y el tráfico ilícito de armas. Además de las más de 700 granadas de guerra que desaparecieron de una base militar en Lima –para luego ser utilizadas por delincuentes en extorsiones y asaltos–, también han sido robados 18 fusiles en Loreto.
En ambos casos, los presuntos responsables son militares que sustrajeron el armamento.
Dictan prisión preventiva
El pasado 2 de enero se detectó la desaparición de 18 fusiles de asalto Galil de los almacenes de la armería de la base militar del Batallón de Material de Guerra N° 115 de Iquitos, en Loreto.
Mientras la fiscalía continúa con las investigaciones, el fuero militar policial ya solicitó la detención de un primer grupo de militares implicados en el robo del armamento.
Ayer el titular del Juzgado Militar Policial 26 del Oriente, comandante PNP Rafael Sánchez Romero, dictó seis meses de prisión preventiva al jefe del cuartel militar, teniente coronel Rudy Garibay Alguiar, el teniente Miguel Ángel Quiroz Gonzales, el técnico de segunda Miguel Antonio Flores Pastor y el suboficial de segunda Adrián Óscar Tello Huamán.
El juzgado encontró indicios de responsabilidad sobre ellos por los delitos de desobediencia y sustracción por culpa. Según el Código Penal Militar Policial, ambos delitos son sancionados con penas no menores a uno ni mayores a seis años de prisión.
Los cuatro militares serán recluidos en la base de la Quinta Región del Oriente mientras duren las investigaciones.
Antes de ser trasladados a la dependencia militar, el comandante Rudy Garibay señaló que él solicitó mayor seguridad en la armería antes de que ocurriera el robo de los fusiles, pero no fue escuchado.
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— Sociedad El Comercio (@sociedad_ECpe) enero 23, 2016
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