Yván Vásquez: Poder Judicial sentencia a 12 años de prisión efectiva al expresidente regional de Loreto

El Poder Judicial condenó este viernes a 12 años de prisión efectiva al expresidente regional de Loreto Yván Vásquez Valera, tras ser hallado responsable del delito de colusión agravada.

La sentencia comprende también a los exfuncionarios Walter Jaime Ríos Babilonia y Jorge Lucio Mantilla Rodríguez, así como al proveedor de servicios Werner Saúl Guevara Vargas.

La acusación fue sustentada por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Loreto, por las irregularidades halladas en la ejecución de la obra de “Mejoramiento y ampliación del sistema de alcantarillado e instalación de las planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Iquitos”.

En el juicio oral se acreditó que los sentenciados concertaron para tramitar y aprobar indebidamente una ampliación del plazo en la ejecución de la obra al invocar causales indebidas, ocasionando con ello un retraso injustificado.

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Pese a que esta irregularidad fue advertida por la Contraloría General de la República, a través de un informe de veeduría, el entonces gobernador de Loreto no adoptó las medidas correctivas que el caso ameritaba.

Como parte de la sentencia, el juzgado estableció también que los acusados paguen en forma solidaria la suma de S/1.4 millones por concepto de reparación civil a favor del Estado peruano.

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Cabe indicar que en el 2022, el Juzgado Colegiado de Maynas también condenó a Yván Vásquez a 10 años de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito.

En esa ocasión se halló un desbalance patrimonial de más de S/2 millones por parte del sentenciado, el cual se evidenció en la compra de bienes, aportaciones a sus empresas y la adquisición de acciones equivalentes a 2 millones 62,000 soles en la Institución Deportiva del Colegio Nacional de Iquitos S.A.C., cuyo origen no fue justificado.

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Se trata de la segunda sentencia condenatoria efectiva contra Vásquez Valera, que incluyó, además, el pago de una reparación civil de más de S/4 millones.