ArgentinaDesde el 2009, aparecieron en Magdalena del Mar edificios multifamiliares y oficinas que tenían más pisos de los permitidos en la zona. La Unidad de Periodismo de Datos identificó que durante once años, entre 2009 y 2018, la municipalidad de Magdalena aprobó, de forma irregular, 18 ordenanzas que permitieron la construcción de edificios de hasta 25 pisos.
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A través de estas ordenanzas, dadas durante la gestión del excalde Francis Allison, se permitió, entre otros puntos, la ampliación de alturas de cuatro a siete o diez pisos en la mayoría de parques de zonas residenciales, excepto en el parque Acosta, donde vive Allison.
También, se ampliaron los criterios de colindancia. Según establece la ordenanza municipal 950 de Lima Metropolitana, que afecta a todo el distrito de San Isidro y parte de Magdalena (desde Salaverry hasta la Avenida Brasil), para estimar el número de pisos permitidos se realiza la semisuma entre las construcciones de al lado del predio en cuestión, con el objetivo de no modificar el perfil urbano. “Las ordenanzas permitieron que se realice este ejercicio con construcciones ubicadas en la misma e incluso en otras manzanas”, señala el ingeniero Enrique Castillo Álvarez, actual Gerente de Desarrollo Urbano y Obras de la municipalidad de Magdalena.
Debido a estas ordenanzas sólo entre 2016 y 2019 se han podido construir 67 de estas edificaciones. Pese a que fueron derogadas en diciembre del 2018, siete días antes de que acabara la gestión de Allison, aún se siguen construyendo estos edificios. Una situación que se da porque las licencias otorgadas en el 2018 tienen una vigencia de tres años.
Aprobación irregular
Las ordenanzas se aprobaron en Concejo Municipal, por unanimidad y en un sólo día, cuando el proceso demora en promedio un año. Además, no tenían informe técnico ni jurídico; ni una evaluación de las áreas especializadas como la de obras privadas, catastro, gerencia de desarrollo urbano; y, sobre todo, no contaban con la ratificación de la Municipalidad de Lima, que desde el 2009 alertó a Magdalena que las autorizaciones no habían pasado por su revisión.
Víctor León, procurador municipal de Magdalena, quien junto a su equipo lleva casi dos años investigando el caso, señaló que se aprobaron a pedido de diferentes regidores en las sesiones ordinarias del Concejo Municipal. Por ello, el 21 de septiembre realizó una denuncia penal contra Allison y los miembros del Concejo durante los periodos 2007 - 2010, 2011 - 2014 y 2015 - 2018. Esta se encuentra en trámite en la Segunda Fiscalía en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima. El caso es el 305-2021 y actualmente está a cargo del fiscal Andrés Montoya Mendoza.
Entre 2016 y 2019, se construyeron 41 edificios en zonas residenciales. (Foto: Leandro Britto / El Comercio)
/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > LEANDRO BRITTOSegún este documento, la persona que permaneció como miembro de los distintos Concejos Municipales fue Allison en su calidad de presidente del Concejo. “La municipalidad distrital no puede modificar alturas. Todos, incluido el exlcalde, lo sabían, pero nadie hizo nada”, declaró Castillo.
“Jamás he votado a favor ni en contra de ninguna ordenanza sobre edificación”, respondió Allison a este Diario. Según explicó, los alcaldes no hacen ordenanzas, no tienen voz ni voto en las sesiones, sólo votan cuando hay empate, no pueden observar las normas aprobadas. Además, indicó que se debe llamar a los regidores que aprobaron las normas. “Ellos son autónomos del alcalde y responsables, por ley, de sus votos”, recalcó.
Los perjudicados
El edificio de cuatro pisos, donde vive Luis Cellio, está rodeado de construcciones de siete y ocho pisos, que aprovecharon las ordenanzas para obtener sus permisos. La propiedad de Cellio se vio afectada mientras realizaban cada una de estas edificaciones.
La primera construcción dañó el piso de su edificio tan sólo al empezar con la calzadura, la segunda ocasionó que una de sus paredes se derrumbara sobre su auto y en la última una de las máquinas se pasó hasta su semisótano. En los tres casos él y sus vecinos tuvieron que llamar a especialistas y contratar un perito que argumentara ante la empresa el pago de los daños.
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El caso de Cellio no es el único, en el 2013 la construcción de un edificio derrumbó la pared de la vivienda de Edgardo Olórtegui, que además presentaba grietas y filtraciones de agua ocasionadas por la maquinaria que se utilizaba en la obra vecina.
“Para evitar estas situaciones es que se debe realizar un análisis técnico”, asegura Castillo. Los vecinos señalan que se han dado derrumbes, problemas de agua y contaminación.
La arquitecta Elena Gushiken, quien llegó hasta el Congreso para denunciar la tala masiva de árboles en el distrito con el objetivo de construir una vía doble en la calle Félix Diboz, explicó que además estas nuevas edificaciones no contarían con la Certificación Ambiental solicitada en la Ley 27446, lo que expone a los habitantes y al medio ambiente a impactos negativos.
Al ver la tala de árboles y las irregularidades, Gushiken y otros vecinos prepararon un informe en el que se identifican los impactos ambientales y viales de estas construcciones, pero nunca fueron atendidos por la gestión de Alison. Por el contrario, incluso sufrieron agresión, como se puede ver en los videos subidos en la página Magdalena para la gente que crearon los mismos vecinos.
Los diferentes pedidos de los vecinos tampoco recibieron respuesta del Congreso ni de la Contraloría General de la República.
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