El miércoles de esta semana, el presidente Pedro Pablo Kuczynski asistió a la toma de mando del flamante presidente de Ecuador, Lenín Moreno. “Dentro de la profunda afinidad con nuestros países vecinos, la identidad con el Ecuador es especialmente profunda”, escribió PPK después en su cuenta de Twitter.
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Exactamente una semana antes, el miércoles 17, una delegación de autoridades de la región Amazonas llegó, después de un larguísimo viaje, a la línea de frontera del Cenepa, y lo que halló fueron profundidades de otro tipo: al menos 38 túneles, de entre 100 y 200 metros de largo, utilizados por mineros informales que ingresan sin ningún tipo de autorización desde La Herradura, la localidad ecuatoriana más próxima a la frontera, hacia suelo peruano. El material que extraen es trasladado en sacos a esa pequeña pero muy dinámica ciudad, donde se procesa para obtener oro. En abril del 2015 habían sido clausurados más de 140 túneles, pero, según se observó en este recorrido, se abrieron otros nuevos.Entre los miembros de esta delegación estuvieron Carlos Navas, vicegobernador regional de Amazonas, y Manuel Díaz, alcalde del Cenepa. Pocos días después, Navas contó a este Diario que, además de haber hallado los túneles, encontraron en un punto cercano a la línea fronteriza alrededor de 500 sacos que contenían mineral listos para ser trasladados a La Herradura. No tuvo contacto visual con mineros porque estos operan de madrugada. Manuel Díaz sostuvo una tensa reunión con dirigentes mineros informales de La Herradura. Estos le exigieron que autorice el ingreso de cuadrillas a suelo peruano, pero Díaz se negó.
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–Abandono total–En enero del 2015, El Comercio publicó una serie de reportajes sobre la presencia confirmada de mineros que cruzaban la frontera desde La Herradura y operaban en suelo peruano. En uno de los reportajes, Juan Espinoza, un dirigente vecinal de La Herradura, dueño de una pequeña bodega pero que además se dedicaba a fundir oro, explicó que, por cuestiones geográficas, el oro en el lado ecuatoriano tiene entre 48% y 52% de ley (o sea, de pureza), y en el lado peruano alcanza el 69%.La presencia de mineros informales en la zona no era ninguna novedad: desde el 2003, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Defensa y la cancillería habían sido advertidos de esta situación. Además, en el 2005, el Ejército Peruano elaboró la nota de inteligencia militar 2394/D2/FE/CO, que decía lo siguiente: “Ecuador [...] continúa con el poblamiento de la frontera mediante la exploración de otros recursos, además de minería”.Recién hubo reacciones concretas en abril del 2015, pocas semanas después de publicados los reportajes. A fines de ese mes, funcionarios peruanos y ecuatorianos se dirigieron al Cenepa y clausuraron los túneles. La comitiva peruana estuvo encabezada por Antonio Fernández Jerí, quien en ese entonces tenía el cargo de alto comisionado de la oficina de Asuntos de Formalización de la Minería, Interdicción de la Minería Ilegal y Remediación Ambiental, y era quien lideraba las operaciones contra la minería ilegal en las regiones más afectadas del país. Del lado ecuatoriano, el grupo estuvo encabezado por el subsecretario de Gestión y Eficiencia Institucional del Ministerio Coordinador de Seguridad, almirante Fernando Zurita. “Ambos países han hecho esfuerzos para supervisar de manera permanente el mantenimiento del cierre de estas bocaminas”, comentó Fernández Jerí, de pie junto a Zurita en la puerta de una bocatoma clausurada. También participaron altos mandos de las Fuerzas Armadas peruanas, que ofrecieron reforzar la vigilancia en la zona. Esto lo cumplieron, y aumentaron de 6 a 15 los efectivos militares en el puesto de observación Tambo, el más próximo a la frontera. La consecuencia inmediata fue la notoria disminución de las incursiones de los mineros desde Ecuador.
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Pero han transcurrido dos años, y la situación ha cambiado. Fernández Jerí recorrió esta misma zona el 28 de abril de este año, ya no como funcionario del Estado Peruano, sino como consultor de una entidad privada. Lo que encontró lo dejó pasmado: algunos túneles que él mismo ordenó clausurar habían sido reabiertos, y se habían excavado otros nuevos, decenas de ellos. Además, el puesto de observación Tambo lucía completamente abandonado, y no había ningún militar en la zona. Solo halló una bandera peruana vieja y sucia colocada de cualquier manera encima de lo que alguna vez fue un camarote. “Es parte del abandono de una política de Estado contra la minería informal”, comentó a su regreso a Lima.La delegación que encabezó el vicegobernador Navas días después también notó la ausencia de militares peruanos en el lugar. Un teniente del denominado PV4 Antiguo (puesto de vigilancia ubicado a cinco horas a pie), con quien se entrevistaron en el camino, les confirmó que el PV Tambo había sido deshabitado, pero no dio mayores explicaciones.–Frontera abierta–En los últimos días, este Diario buscó la versión del Ministerio de Defensa, pero no obtuvo respuesta (ayer el ministro Jorge Nieto encabezó actividades oficiales en Tacna y no pudo atender las llamadas). Tampoco hubo una respuesta oficial en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin embargo, fuentes de esta entidad dijeron que están al tanto de la situación y comentaron que, entre los planes establecidos, figura el envío de personal de la Policía Nacional a la frontera, además de fiscales, para poder controlar los delitos allí cometidos. Pero este planteamiento no ha prosperado durante los últimos años.Quien sí aceptó conversar sobre el tema fue el embajador de Ecuador en el Perú, José Sandoval Zambrano. Él dijo que no se podía asegurar que los mineros informales fueran de nacionalidad ecuatoriana. “Debemos ser muy cuidadosos en el momento de asignar nacionalidad a supuestos mineros”, sostuvo ayer. Él propuso además que una delegación binacional oficial viaje al lugar para, según dijo, verificar que allí no hay labores mineras informales.Pero todas las fuentes consultadas para este reportaje coinciden en que sí hay actividad minera y que se han reabierto túneles. También están de acuerdo en señalar que la mayoría de estos mineros son ecuatorianos, y una minoría peruanos. Coinciden, finalmente, en que la frontera está totalmente desprotegida.
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