Omar Candia y otras autoridades condenadas e investigadas por diversos delitos

El Juzgado Unipersonal Supraprovincial Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa leyó la madrugada de ayer el íntegro de la sentencia que dispone seis años de prisión para el alcalde provincial de Arequipa, Omar Candia Aguilar, tras ser hallado culpable del delito de colusión en agravio del Estado.

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Luego de que el pasado 20 de diciembre se realizara el adelanto del fallo en segunda instancia, este lunes, a las 11 p.m., se inició la audiencia en que se reiteró la responsabilidad de Candia por la adquisición de cámaras de seguridad de manera irregular y que finalmente no cumplieron su objetivo.

-El caso-

Durante el proceso, el Ministerio Público indicó que en el año 2012, cuando Candia Aguilar era alcalde del distrito arequipeño de Alto Selva Alegre, su gestión compró 40 cámaras de video vigilancia destinadas a la seguridad ciudadana. Según la investigación fiscal, en el proceso de adquisición, hasta la licitación, se registraron distintas irregularidades.

Se detectó que hubo un favorecimiento al consorcio Soluciones Andinas y una defraudación al Estado por S/2 millones 100 mil. El juez Max Vengoa Valdiglesias, del Juzgado Unipersonal Supraprovincial Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa, concluyó que hubo un acuerdo colusorio entre funcionarios de la municipalidad distrital de Alto Selva Alegre y los representantes de dicho consorcio.

Se registraron cambios en los términos de referencia del proyecto, las bases de la licitación, el pago de cartas fianza y la desatención de las observaciones realizadas por SEAL, Osinergmin y el Organismo Supervisor de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Tras comprobarse estas irregularidades, el Ministerio Público solicitó 10 años de pena privativa para la autoridad y sus exfuncionarios, pero el juez Vengoa los condenó finalmente a seis años de prisión. Junto a Candia fueron condenados Daniel Gómez Benavente (gerente general de Alto Selva Alegre), Juan José Lipa Lizárraga (subgerente de Logística y Servicios Generales), Reynaldo Díaz Chilo (subgerente de Servicios Comunales), además de los representantes del consorcio José Ríos Sánchez y Sandro Martínez Rondón.

Todos ellos deberán pagar una reparación civil de S/2 millones 100 mil. También tendrán que cancelar una deuda a la Sociedad Eléctrica de S/36.000 y entregar una indemnización en favor del Estado de S/30.000 adicionales.

Fuentes del Ministerio Público de Arequipa confirmaron a El Comercio que el fiscal a cargo del caso, Ruben Núñez Soto, aún no asido notificado oficialmente con la resolución. Tras recibirla, tiene cinco días hábiles para apelar la sentencia.

Sin embargo, este no es la primera vez en la que una autoridad provincial o regional es condenada por diversos delitos cometidos durante su gestión. A continuación algunos casos:

-Daniel Marcelo Jacinto-

El caso de Daniel Marcelo Jacinto, alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), es similar. La Sala de Apelaciones Transitoria Especializada en Extinción de Dominio del Poder Judicial de La Libertad ratificó el pasado 28 de noviembre la sentencia de cuatro años de prisión suspendida que se dictó en su contra en primera instancia, el 23 de abril del mismo año, por el presunto delito de negociación incompatible en agravio del Estado.

El militante de Alianza para el Progreso habría cometido irregularidades en la compra de accesorios para bloqueadores de celulares, valorizados en S/92.820, que habían sido donados para el penal El Milagro de Trujillo en el 2012, cuando era burgomaestre de la Municipalidad Distrital de La Esperanza.

Junto a Marcelo fue sentenciado el actual gerente general de la MPT, Edilberto Henry Navarro Varas, por haber autorizado, cuando fue gerente de la Municipalidad de La Esperanza, la realización de los trámites para la instalación de los bloqueadores, pese a que no se había firmado el convenio para adquirir los accesorios.

-Víctor Boluarte Medina-

Asimismo, en enero del 2019, el alcalde del Cusco, Víctor Boluarte Medina, fue sentenciado a dos años de pena suspendida de la libertad por el delito de fraude en la administración de personas jurídicas cometidas cuando era decano del Colegio de Abogados de esta ciudad, en el periodo 2008-2009.

También fue sentenciado a un año de pena suspendida el exdecano de la misma institución en el periodo 2006-2008, Efraín Caviedes Catalán. A ellos se los responsabilizó por la desaparición de un millón y medio de soles durante sus administraciones. El juzgado reconoció el delito, pero por un monto menor a la acusación, y durante la lectura de sentencia pidió una reparación civil de S/30.000 y la devolución de S/70.000.

Debido a este caso, Boluarte Medina fue suspendido del cargo por el Jurado Nacional de Elecciones. En tanto, el antropólogo Ricardo Valderrama Fernández (74) juró el 17 de diciembre como nuevo alcalde provincial del Cusco.

-Walter Aduviri-

El suspendido gobernador regional de Puno, Walter Aduviri, se encuentra recluido en el penal de Yanamayo donde cumple una condena de seis años de prisión por el delito contra la tranquilidad pública cometido durante los disturbios en el denominado ‘aimarazo’ del 2011. Protesta se llevó a cabo tras las concesiones mineras otorgadas por el gobierno del expresidente Alan García.

Debido a esta sentencia, el pasado 23 de octubre, luego de varias sesiones postergadas, el Consejo Regional de Puno suspendió a Walter Aduviri de su cargo como gobernador regional por 120 días.

-Vladimir Cerrón-

Por otro lado, el suspendido gobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, fue condenado el 5 de agosto del 2019 a cuatro años y ocho meses de prisión efectiva por los delitos de negociación incompatible y aprovechamiento del cargo. Según se resolvió, la autoridad favoreció a un consorcio en obras de saneamiento en La Oroya durante su primera gestión (2011-2014).

Desde esa fecha, Cerrón pasó a la clandestinidad y tras 17 días se entregó a la justicia. A pesar de haber sido recluido en el penal de Huamancaca (Huancayo), la Sala Penal Transitoria Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios, el último 18 de octubre, revocó la pena, tras el recurso de apelación interpuesto por Cerrón, y dispuso 4 años de prisión suspendida bajo reglas de conducta.

Por su parte, Cerrón buscará busca la nulidad total de la sentencia y revocar la suspensión dispuesta por el Concejo Regional de Junín el pasado 20 de agosto.

-Gregorio Santos-

El exgobernador de Cajamarca, Gregorio Santos, fue condenado este lunes a 19 años y cuatro meses de cárcel por los delitos de colusión simple, colusión agravada y asociación ilícita para delinquir.

El Poder Judicial leyó un adelanto de la sentencia en primera instancia contra el exgobernador y los otros procesados (más de 20) por las irregularidades en licitaciones de obras que se realizaron durante su gestión (2011-2014). La lectura completa del fallo será el miércoles 15.

La fiscalía había solicitado 24 años de prisión efectiva para el también excandidato presidencial.

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