Hay momentos que María Marcelo Sandoval no olvida. Por ejemplo, cuando el 27 de marzo huyó desesperada de Pedregal Grande () con su familia y con una fila interminable de vecinos que dejaron todo para salvarse de la inundación. Que se refugiaron en la pista, que les regalaron unas frazadas para abrigarse. Que perdió sus animales de corral, su casa, su huerta. Y que llegaron a San Pablo, un arenal donde ahora, dos años y medio después, evoca esas imágenes.



Su casa es un calco de las otras 639 viviendas que se esparcen a lo ancho de este arenal donde se ubica el campamento de San Pablo, ubicado en la carretera Chiclayo-Piura: paredes de triplay y carrizo, techos de calamina, corrales donde crían animales que luego venden o que consumen ellos mismos. Madrugan para recoger agua de unos tanques de plástico que hay en cada calle. Luz eléctrica no tienen, se alumbran con velas, aunque algunos optaron por instalar conexiones clandestinas.

Son 640 familias que suman un total de 2.740 damnificados. La mayoría de ellos provienen de los caseríos inundados de Catacaos, como Pedregal Grande, Pedregal Chico, Nuevo Pedregal, Narihualá y La Campiña. Hay otro grupo de cinco mil damnificados que viven en el campamento del kilómetro 980 de la Panamericana Norte. Ambos campamentos son vecinos y comparten las mismas penurias.

La ansiada reconstrucción
Al inicio, después de la inundación en , los damnificados llegaron en oleadas a ambos campamentos. Eran más de 15 mil, pero la mayoría regresó a sus viviendas de Catacaos y Cura Mori.

Otros permanecen en los campamentos de la carretera Chiclayo-Piura. Allí, hasta el momento, no se han ejecutado trabajos de habilitación urbana ni se han construido módulos de vivienda, como lo prometió en noviembre del 2017 el exviceministro de Vivienda Carlos Bruce, quien sostuvo que en febrero del año pasado comenzarían las obras en la zona.

El actual viceministro de Vivienda, David Ramos López, dijo a El Comercio que el complejo habitacional que se construirá en el kilómetro 980 aún está en trámites. “Ya se ha aprobado la habilitación urbana, pero ahora falta que la constructora [Keheda S.A.C.] pague la liquidez a los Registros Públicos. Son 1.800 lotes que serán adjudicados a las familias que viven en este campamento. Pagarán S/1 por metro cuadrado. El Ministerio de Vivienda ejecutará luego los proyectos de pistas, veredas y saneamiento”, dijo.

Ramos indicó que las obras en la zona comenzarán durante el 2020, y que su cartera invertirá S/35 millones en saneamiento, S/22 millones en vías de acceso y pavimentación y S/27 millones en la construcción de las 1.800 viviendas, a través del bono familiar habitacional.

Cristóbal Timaná, dirigente del campamento San Pablo, es más optimista y espera que el Gobierno responda. “El Gobierno Regional de Piura tiene una ficha técnica para mejorar la transitabilidad en 3,8 kilómetros en nuestras calles, y hay dos anteproyectos para alcantarillado. Hasta ahora solo nos han apoyado las ONG. Vamos a viajar a Lima para que el presidente nos escuche”, comentó.

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