(Foto: Carlos Chunga)
(Foto: Carlos Chunga)

La Contraloría General de la República halló serias irregularidades en la designación del personal de confianza en la Municipalidad Provincial de Ayabaca, en la región Piura.

Según el informe de control 012-2019, publicado este miércoles, hay 27 funcionarios contratados por la actual gestión municipal, de los cuales 10 no cumplen con los requisitos mínimos establecidos en el Manual de Organización y Funciones (MOF). 

Dado que se vulneró lo dispuesto en dicho documento de gestión, la Contraloría concluye que esa situación “genera que los servicios y operaciones efectuadas por la entidad no se realicen con funcionarios idóneos designados sobre la base del principio de meritocracia, transparencia e igualdad de oportunidades”. 

El denominador común de los 10 funcionarios observados es su falta de competencia para desempeñar las tareas asignadas. En total hay dos gerentes de oficina, siete sub gerentes y el procurador público municipal. Todos entraron a trabajar el pasado 2 de enero.

Se trata del gerente de Administración y Finanzas, César Ramírez, quien no acreditó tener experiencia laboral ni especialidad en el área; y el gerente de Administración Tributaria, Deyvis Morales, quien no tiene experiencia en labores tributarias especializadas. 

Además, Carlos Palacios, subgerente de Obras, quien no tiene experiencia laboral en el área; Gloria Niño, subgerenta de Recaudación, quien no tiene estudios universitarios ni especialidades; y Gerardo Galecio, subgerente de Agua Potable y Saneamiento, quien no tiene experiencia laboral en el área. 

También Denis Ávila, sub gerente de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, quien no tiene capacitaciones en el área; Diana Ortiz, sub gerenta de Programas Sociales, quien no tiene título universitario y su profesión no está relacionada con las funciones del área; Edson Flores, sub gerente de Recursos Humanos, quien no conoce de legislación laboral; y Óscar Nieves, sub gerente de Fiscalización, quien no tiene estudios universitarios. 

Algunos de ellos, incluso, no conoce el manejo del sistema operativo Windows ni domina los programas de Microsoft Office. En la lista también figura el titular de la Procuraduría Pública Municipal, Luis García Rodríguez, quien no presentó sus antecedentes judiciales ni acreditó estar libre de procesos administrativos sancionadores.

De acuerdo con las normas de contratación de personal en el sector público, se considera una infracción grave “ejercer una profesión o prestar servicios en las entidades sin reunir los requisitos requeridos para el puesto o cargo”. La infracción será muy grave si hay un perjuicio económico o afectación mayor en el servicio público. 

-Exceso de personal-

En total la Municipalidad Provincial de Ayabaca cuenta con 342 servidores públicos, de los cuales 175 están en puestos descritos en el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) y 27 fueron designados para cargos de confianza (7,9 % del total).

Sin embargo, la ley solo permite contratar hasta el 5 % del total para desempeñar cargos de confianza, esto es 17 servidores; y la gestión municipal ha superado ese límite. Según el informe de la Contraloría, la municipalidad “no solicitó autorización para contar con un número mayor de plazas de confianza ante la Autoridad Nacional de Servicio Civil – Servir”, por lo que habría incurrido en una falta. 

De otro lado, se halló documentación desactualizada, con un MOF que no coincide con el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y la estructura orgánica vigente, con la cual la Municipalidad de Ayabaca ha designado al personal de confianza.

El informe concluye que la gestión designó personal de confianza que no estaba previsto en el CAP, “lo cual no permite que los servicios brindados se desarrollen con eficiencia, en términos de buen uso de los recursos públicos y calidad del servicio”. 

En diálogo con El Comercio, el alcalde Baldomero Marchena deslindó responsabilidad en el tema y lo dejó todo en manos de su gerente municipal, Teodoro Ramos. “Yo ya le encargué al gerente que llame a los funcionarios y tome las medidas necesarias en el plazo de diez días, que es lo que nos da la Contraloría para poder responderle”, señaló.

“Yo no tuve acceso a los currículos (de los funcionarios), eso lo evalúa el gerente con el área de asignación de personal. Yo me entero cuando nos notifica la Contraloría. Sí los conozco, pero no sé si reúnen las condiciones. Si no es así, habrá que cambiarlos”, agregó. 

Según Marchena, su gestión ya está destinando “un presupuesto especial” para actualizar el MOF este mismo año. “No ha habido ningún perjuicio, porque las cosas se están dando de acuerdo a ley”, finalizó el alcalde.

Este Diario intentó recoger la versión del gerente Teodoro Ramos, pero no fue posible. El periodo de evaluación de la Contraloría fue del 22 al 26 de abril del 2019, como parte de un servicio de control simultáneo en todos los gobiernos regionales y locales del país.