La esperanza del Titicaca [INFORME]

Hace 18 años, el Banco de Crédito para la Reconstrucción de Alemania (KFW) prestó 16 millones de euros (unos S/63 millones al tipo de cambio actual) para construir una planta de tratamiento de los desagües de Puno, y así evitar que estos sean arrojados al lago Titicaca. Por esta obra, que nunca se ejecutó, cuatro municipios de la región tienen hasta hoy sus arcas endeudadas por más de S/8 millones.

El proyecto se paralizó por la presión de un sector de puneños que pensaba que no resolvería el problema ambiental de la ciudad altiplánica, asegura el alcalde de Puno, Iván Flores. En esa crispada coyuntura, los aspirantes a la alcaldía provincial en las elecciones del 2006 acogieron ese reclamo.

Hoy, el Titicaca tiene una nueva oportunidad, después de casi dos décadas del proyecto frustrado. Poco antes de renunciar a la presidencia, Pedro Pablo Kuczynski visitó Puno para anunciar que se declaraba de interés nacional la construcción de diez plantas de tratamiento de aguas residuales.

Dos ya se construyeron en Lampa y Azángaro. Y otras dos se concluirán este año en Yunguyo y Huancané. Si ninguna otra empresa presenta su propuesta hasta el 21 de junio, las otras seis plantas (Ayaviri, Juliaca, Puno, Ilave, Juli y Moho) las construirá el consorcio español Aguas de Puno.

El consorcio o la compañía que gane la concesión operará las diez plantas por treinta años. El monto referencial de inversión es de S/841 millones y será financiado por el Estado.

—Contaminación—
El 90% de los desagües de la ciudad llega a un sistema de tratamiento que data de 1972. Son dos lagunas de oxidación construidas para un Puno de treinta mil habitantes. Hoy –46 años después– la población supera los 140 mil.

“Las lagunas, que cumplen la función de disminuir las bacterias y contaminantes fecales, colapsaron hace diez años. El 44% de los desagües no son tratados adecuadamente”, explicó a El Comercio el ingeniero Fernando Bravo, de la empresa local de agua potable y saneamiento EMSA Puno S.A.

Esta última y otras 59 entidades (entre firmas de saneamiento y municipios) fueron sancionadas con multas de hasta 25 UIT por la Autoridad Administrativa del Agua (AAA) del Titicaca, ya que vierten sus desagües al lago directa o indirectamente sin la autorización de vertimiento de aguas residuales industriales, municipales y domésticas tratadas (Ley 29338). Para obtener este permiso, deberían demostrar que no contaminan el lago.

Según el informe “Fuentes contaminantes del Titicaca 2017”, de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), en dos décadas se han vertido 106 mil millones de litros de aguas residuales mal tratadas. Eso equivale a unas 42.400 piscinas olímpicas de aguas negras.

El daño principal está en la bahía interior de Puno. Richard Apaza, de la AAA Titicaca, afirma que la zona contaminada es el 0,05% de todo el lago. En los monitoreos hechos desde el 2013 hasta la fecha, se encontraron en el agua fosfatos, nitrógeno amoniacal y otros elementos relacionados a los desagües. Se hallaron además plomo, arsénico y otros metales tóxicos.

El impacto en la bahía interior de Puno ha hecho desaparecer especies nativas como la rana gigante. Adán Quisocala, director del Proyecto Especial del Lago Titicaca, adscrito al Ministerio de Agricultura, afirma que este anfibio endémico del Titicaca ya no habita en la bahía desde hace diez años por el problema ambiental.

—Islas flotantes—
En la zona más contaminada del Titicaca están las islas de los uros. El Ministerio de Vivienda financia un sistema para potabilizar el agua del Titicaca y permitir que las 96 islas tengan este servicio. Se instalarán baños flotantes en cada una y las descargas se tratarán antes de arrojarlas al lago.

Rita Suaña, alcaldesa de los uros, contó que la contratista ya está terminando las cabinas flotantes en sus talleres de Juliaca. En mayo, comenzarían las labores de instalación. El proyecto tiene un costo de S/9 millones y es clave –junto a las diez plantas de tratamiento– para lograr un Titicaca limpio.

“Estos proyectos son de vida o muerte para Puno”, dice el alcalde Iván Flores, para quien los cambios en el Ejecutivo no afectarán estas gestiones que comenzaron en el 2015, con el gobierno de Ollanta Humala.

Por ahora, además de buscar salidas a la deuda con el KFW, su comuna está dedicada a la expropiación de siete hectáreas de terreno necesarias para la planta de Puno. Sobre las próximas elecciones municipales, en octubre, Flores confía en que la población y las agrupaciones políticas apoyarán el proyecto. “Esta es una oportunidad de oro. No permitiremos que la descontaminación del lago se siga postergando”, dice.