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La Defensoría del Pueblo registró 212 conflictos sociales en todo el país durante el mes de febrero; de los cuales, 155 estaban activos y 57 se encontraban en situación de latente (cuando el conflicto no se ha manifestado públicamente, pese a que el problema ha sido percibido y se ha identificado a los actores en controversia).
Según la entidad, respecto al mes de enero, se incorporaron cinco nuevos conflictos, cuatro fueron resueltos y tres fueron retirados. Los casos nuevos se presentaron en las regiones Áncash, Junín (dos conflictos), Piura y Puno; todos ellos son del tipo socioambiental.
Los nuevos conflictos se han reportado en la comunidad campesina de Llámac (Áncash); en la comunidad nativa Meantari y el centro poblado Naranjal (Junín); en la comunidad campesina San Martín de Sechura (Piura); y en la ciudad de Juliaca (Puno).
En cuanto a la distribución territorial de los 212 conflictos reportados, Áncash y Apurímac presentan la mayor cantidad de casos (26 en cada región), seguidos de Puno (18 casos). El 66,9% de los estos conflictos son socioambientales, de los cuales el sector minero registra el mayor número (66%).
La Defensoría alertó a las autoridades correspondientes para que "actúen prioritariamente en la atención de los cinco casos nuevos, así como en los casos Las Bambas, Coporaque-Hudbay, y el caso limítrofe entre Puno y Moquegua". Asimismo, señaló sobre catorce situaciones que podrían derivar en nuevos conflictos si no tienen una atención oportuna del Estado.