Luque opina que las actividades económicas deben estar al servicio de los derechos fundamentales (Foto: Anthony Niño de Guzmán)
Luque opina que las actividades económicas deben estar al servicio de los derechos fundamentales (Foto: Anthony Niño de Guzmán)

Para Rolando Luque, las protestas que se registran en las regiones del sur deben entenderse como sucesos separados unos de otros. Estos, asegura, se originan en demandas sociales insatisfechas, como el acceso al agua, y no aparecen solo por eventos de coyuntura.




—¿Qué lectura tiene de los que se registran en las regiones del sur?

En el Perú cada tiene que ser entendido de manera separada. No hay una articulación entre los actores que promueven las protestas o que plantean las demandas. En el sur hay intereses muy diversos, incluso a nivel de autoridades regionales. El sur sigue siendo un territorio en el que cada región cautela principalmente sus intereses.


— ¿Se refiere a que las protestas en Moquegua en torno a Quellaveco o en las localidades del corredor vial sur no son impulsadas por hechos de coyuntura?

Existen asuntos pendientes que son muy de fondo porque tienen que ver con recursos naturales, especialmente con el tema del agua.

—¿La cancelación de la licencia de construcción de Tía María tras las movilizaciones en el Valle de Tambo tuvo un efecto de contagio en otras regiones?

Ciertamente puede haber una suerte de contagio al ver que en determinadas zonas la gente se moviliza para defender ciertos intereses, pero si uno compara el proyecto con el proyecto , son muy distintos. En Quellaveco, el proyecto logró aceptación social pero existe una minoría descontenta de aquel diálogo que no tiene la capacidad de revertir los acuerdos.


—En Quellaveco sí se mantiene el espacio de diálogo entre las autoridades de la región, la empresa y la población, a diferencia de lo que ocurrió en Tía María. ¿Es un factor que influirá para superar el conflicto?

El comité de monitoreo que se creó como ese espacio de diálogo y que está siendo impulsado por las autoridades en Moquegua ha evaluado cosas como, por ejemplo, las certificaciones sobre el número de personas contratadas por la empresa [uno de los principales pedidos de la población]. Creo que es un punto en el que se pueden poner de acuerdo. El lunes 19 hay una reunión del comité donde se verá este tema.


—¿Cómo va el proceso de diálogo en Las Bambas o en el corredor vial sur? Para mañana [hoy] cinco provincias del Cusco y una de Apurímac han anunciado el inicio de un paro indefinido alegando incumplimientos del Gobierno y de las empresas mineras...

Diría que lo de está estabilizado. La última reunión ha sido sobre el avance de las mesas de diálogo. Claro, hay temas pendientes y complejos; por ejemplo, hay que decidir qué hacer con la carretera [que atraviesa el fundo Yavi Yavi].


—Un sector ha cuestionado severamente la decisión estatal sobre Tía María. La respuesta del presidente Martín Vizcarra ha sido resaltar que, a diferencia de otros tiempos, no hubo pérdida de vidas. ¿Qué opinan desde la defensoría?

La premisa del Estado democrático es que está obligado a garantizar la vida, la integridad física y la tranquilidad de las personas. Esa es una consideración indiscutible. No se puede poner ningún otro interés ni valor por encima de los derechos fundamentales. Lo digo porque hay una especie de interpretación economicista del conflicto, por la cual se pretende colocar la inversión o los negocios mineros por encima de los derechos fundamentales. En cualquier caso, las actividades económicas están al servicio de la satisfacción de los derechos fundamentales.

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