Servicio militar obligatorio más cerca de ser ley: hay nuevos proyectos y revelan cifra potencial de reclutas

Uno de los proyectos, el 09589, propone reservar el 20% de vacantes en escuelas e institutos militares para fortalecer el servicio. El 09640 plantea modificar la ley 29248 para hacerlo obligatorio, y el 09651 lo como una medida preventiva contra la inseguridad ciudadana, coordinada con gobiernos locales.

Aunque sus promotores sostienen que esta medida podría ooportunidades laborales y sociales, las estadísticas muestran que solo el 1% de los delincuentes son menores y menos del 9% tienen 18 años o menos, lo que genera dudas sobre su eficacia. El debate continúa en el Congreso y en la sociedad, con posturas divididas.

El servicio militar obligatorio ha vuelto a ser materia de discusión tras la presentación de dos primeros proyectos de ley en el Congreso que buscan su restitución. Se trata de las iniciativas de los congresistas Noelia Herrera de la bancada de Renovación Popular y Edwin Martínez de Acción Popular.

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El proyecto de ley N° 9196 del congresista Martínez, presentado el 15 de marzo, propone implementar el servicio militar obligatorio para todos los peruanos mayores de 18 años. “Con esta iniciativa, los jóvenes del país tendrán más oportunidades académicas con capacitación técnica y vocación de servicio en defensa de la Patria”, se indica en las justificaciones.

Por su parte, la tentativa de ley N° 9166 de Herrera busca que el servicio militar vuelva a ser obligatorio para los hombres y mujeres mayores de entre 18 y 51 años que no estudien ni trabajen (conocidos como Ninis) “con el objetivo de “fomentar el patriotismo, la responsabilidad cívica, la disciplina y el compromiso con la defensa nacional”.

“La finalidad de la ley es fortalecer la defensa nacional, asegurando que el país cuente con un número suficiente de personas capacitadas para responder a situaciones de emergencia o conflictos. Así como, crear oportunidades de formación y desarrollo personal para los jóvenes”, señala la finalidad de la iniciativa legislativa.

En diálogo con El Comercio, la congresista Herrera declaró que uno de los objetivos directos de su iniciativa es “alejar a los jóvenes que no estudian ni tienen empleo de pertenecer a bandas delincuenciales y extorsivas”. “Esta propuesta brinda a los jóvenes una oportunidad de formarse académicamente y en disciplina sirviendo a la nación. Es una oportunidad de readaptación social para que al reinsertarse a la sociedad sean mejores ciudadanos y pueden conseguir un empleo”, aseguró.

Así también, Herrera mencionó que la obligatoriedad de participar del servicio militar que determina su propuesta responde a que existen “más de un millón de personas que no trabajan ni estudian que están tomando decisiones equivocadas”. “Además de una oportunidad de desarrollo, esto es un llamado a la reflexión a ellos para que sientan la necesidad de hacer algo consigo mismos y con el país”, destacó.

Herrera precisó que el proyecto ha sido derivado a la comisión de Defensa del Congreso para su posterior discusión.

Cabe resaltar que el proyecto de ley N° 9166 dejaría fuera del servicio militar obligatorio a las personas con la siguientes condiciones:

• Discapacidad física o mental que impide su incorporación
• Aquellos que tengan condiciones de salud que les impida realizar actividades físicas
• Estudiantes de “instituciones educativas reconocidas que se encuentren cursando estudios superiores o técnicos”
• Responsables del cuidado de dependientes.

Conforme al proyecto de ley N° 9166 de la congresista Herrera, estas son las tareas que cumplirían los nuevos participantes del servicio militar obligatorio:

• Participar y cumplir con las sesiones de entrenamiento físico y militar para adquirir las habilidades necesarias;
• Estar presente en las formaciones y actividades programadas para la unidad militar.
• Acatar las órdenes de los superiores y trabajar en equipo con otros reclutas.
• Mantener la disciplina: Respetar las normas y regulaciones del servicio militar, lo que incluye el comportamiento y la presentación personal.
• Estar disponible para participar en misiones o tareas asignadas, que pueden incluir actividades de defensa o ayuda humanitaria.
• Responsabilizarse del mantenimiento y cuidado del equipo y armamento que se les asigne.
• Formación continua: Estar dispuesto a aprender y mejorar continuamente en habilidades y conocimientos militares

El Instituto Peruano de Economía (IPE) brindó a El Comercio información sobre la cantidad de personas entre 18 a 30 años que ni estudian ni trabajan.

A nivel nacional

Según cifras de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), en 2023, a nivel nacional, hubo 1 millón de jóvenes entre 18 y 30 años que no estudiaban ni trabajaban. Esta cifra no varió respecto del 2022. Sin embargo, este nivel es todavía 24% superior al del 2019, cuando los Ninis entre 18 y 30 años a nivel nacional eran 856 mil. Además, la cifra del 2023 representó el 19.3% del total de personas entre 18 y 30 años a nivel nacional, mayor a la participación en 2019: 16.4%.

En Lima y Callao

En Lima Metropolitana y el Callao, en 2023 hubo cerca de 385.000 ninis entre 18 y 30 años, una reducción de 6% respecto del 2022, cuando fueron 410.000 Ninis en ese rango de edad. Sin embargo, el nivel del 2023 es todavía 14.8% superior al del 2019, cuando los Ninis entre 18 y 30 años en Lima Metropolitana y Callao eran 336 mil. La cifra del 2023 representó el 19.9% del total de personas entre 18 y 30 años en Lima Metropolitana y el Callao, superior a la participación en 2019: 18.2%.

En comunicación con El Comercio, Roberto Chiabra, congresista y militar en retiro, y Mariano González Fernández, exministro de Defensa, manifestaron su oposición a los proyectos de ley descritos. Ambos mencionaron que el principal motivo de su rechazo es la condición de obligar a las personas a participar del servicio militar.

“Servir a la patria es un honor y se hace con mayor calidad cuando está basado en el querer servir, no en una obligación. Entonces, que el servicio militar sea obligatorio sería un retroceso en la democracia y quitaría la razón de ser al servicio de la nación. Además, va contra las expectativas de los jóvenes. Se debe compatibilizar las labores de defensa nacional con las expectativas de los jóvenes. Los que proponen estas iniciativas están equivocados”, declaró Chiabra. El congresista añadió que el servicio militar no es un “centro de reformación ni de readaptación social”.

González, por su parte, indicó que ambos proyectos de ley “no tienen rigurosidad” en el estudio de la falta de interés en los jóvenes de hacer servicio militar. “Este desinterés responde al gravísimo problema de descomposición social que estamos viviendo en el país y las Fuerzas Armadas (FF. AA.) no han sido ajenas a la crisis del país”, afirmó.

Además, el exministro sostuvo que promover la obligatoriedad del servicio militar para personas que no estudian ni trabajan es una decisión discriminatoria. “Prácticamente, se les dice a las personas sin privilegios y de escasos recursos que su única opción de desarrollo en la vida es esta. Esto es discriminatorio. Sectorizar por estratos es una mirada arcaica”, aseveró. González agregó que las FF.AA. “no pueden ser un reformatorio o un lugar para evitar que los jóvenes caigan en actos inadecuadas”.

En ese sentido, González dijo que si se implementa un servicio militar obligatorio este debe estar dirigido para toda la ciudadanía. “Debería ser trasversal, no solo mirar a aquellos que no tienen privilegios”, señaló.

Por otro lado, Chiabra opinó que ambas iniciativas legislativas no contribuirían a la defensa del país ante situaciones de emergencias o conflictos. “En lugar de promover el servicio militar obligatorio para esos fines, debe fortalecerse la labor de la Policía Nacional (PNP)”, mencionó

Asimismo, Chiabra y González consideran imposible que, si se determina la restitución del servicio militar obligatorio, este no genere un gasto adicional al erario nacional, como indica el proyecto de ley Nº 9166.

“Sí afectaría al erario, sino de dónde va a salir el presupuesto para ofrecer recursos a los nuevos integrantes. Se necesitaría invertir en vestimenta, alimento, educación, ampliar la capacidad de los cuarteles, etcétera. Se requeriría dotar de mayor presupuesto a las FF.AA, porque con los fondos actuales no tendrían capacidad logística ni económica para recibir a 1 millón de nuevos integrantes al servicio militar”, expresó Chiabra.

Así también, Chiabra indicó que ni la congresista Noelia Herrera ni Edwin Martínez le consultaron su opinión antes de proponer ambos proyectos de ley.

“No contribuye con el mercado laboral”

Miguel Jaramillo, investigador principal del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), considera que ambos proyectos de ley “no tienen sentido”. El especialista también cuestionó la pretensión de convertir el servicio militar en obligatorio, sobre todo para las personas que no estudian ni trabajan.

“Si queremos tener un mejor Ejército, hay que profesionalizar y modernizarlo, no reclutar a la fuerza a los jóvenes. Atender los temas de defensa nacional no pasa solo por incorporar más gente, sino que haya más gente preparada”, declaró.

Jaramillo indicó que el proyecto de ley Nº 9166 no contribuiría con el mercado laboral ni es positiva para el empleo, porque cumpliría con su objetivo de brindar oportunidades de formación y desarrollo para los jóvenes que no estudian ni trabajan, pues “la evidencia demuestra que el Ejército es poco atractivo para ellos”.

“Si a los jóvenes les interesara las oportunidades de formación y desarrollo profesional que ofrece el Ejército, entonces se enrolarían voluntariamente y no existirían estas propuesta de ley. Pero la evidencia demuestra que el Ejército es poco atractivo para ellos, pues la mayoría escoge la búsqueda de un empleo en el mercado. Entonces, no se los debe reclutar a la fuerza”, detalló.

Por ello, Jaramillo resaltó la necesidad de que las autoridades estatales, como congresistas y miembros del Ejecutivo, implementen esquemas y políticas públicas que acerquen a los jóvenes a empleos en el sector formal de la economía. “El estado podría cumplir el rol de facilitar las primeras experiencias laborales en el sector estatal o privado a las personas que ni estudian ni trabajan. Esta iniciativa no se ve hasta el momento”, subrayó.

De acuerdo con el IPE, la población económicamente inactiva (PEI) es el grupo de personas que no participan en el mercado laboral, es decir, que no realizan ni buscan realizar alguna actividad económica. Se compone de dos grupos: inactivos con deseos de trabajar (desocupados ocultos) e inactivos sin deseos de trabajar (inactivos plenos). Los desocupados ocultos no pueden buscar empleo por diversos motivos (por ejemplo, dedicados a los quehaceres del hogar).

Según cifras de la Enaho, en 2023, a nivel nacional, hubo 2 millones de jóvenes entre 18 y 29 años que formaron parte de la PEI. Esto fue 13% mayor al número observado en 2019, cuando fueron 1.8 millones. La cifra del 2023 representa el 30% del total de personas entre 18 y 29 años a nivel nacional.

En Lima Metropolitana y el Callao, en 2023 hubo cerca de 750 mil jóvenes entre 18 y 29 años que estuvieron inactivos. Esto fue 16% mayor al número observado en 2019, cuando fueron cerca de 645 mil. Este número representa el 31% del total de personas entre 18 y 29 años en Lima Metropolitana y el Callao.

No obstante, la PEI incluye estudiantes, por lo que es distinta del concepto de Ninis. En consecuencia, no todo la PEI podría ser reclutada al servicio militar obligatorio conforme a las condiciones del proyecto de ley N° 9166 de la congresista Herrera.

En noviembre, el restablecimiento del servicio militar regresa al debate con tres nuevos proyectos de ley impulsados por la congresista María Acuña y autoridades locales, como la Municipalidad de Los Olivos. Estas propuestas están dirigidas a jóvenes desempleados, sin estudios o con antecedentes judiciales, con el objetivo de reducir la delincuencia juvenil y ofrecer una alternativa para alejarlos de organizaciones criminales.

Desde su suspensión en 1999, el servicio militar en Perú es voluntario. Sin embargo, la creciente inseguridad ha llevado a diversos sectores a considerar esta medida como una herramienta para combatir la criminalidad. Los proyectos incluyen desde la reserva de vacantes para formación profesional en las Fuerzas Armadas hasta la obligatoriedad para ciertos grupos sociales, destacando su enfoque como medida de prevención social.

Aunque los promotores defienden su capacidad para reinsertar jóvenes en situación vulnerable mediante un entorno estructurado, las estadísticas contradicen parcialmente este enfoque: solo el 1% de los delitos en Perú son cometidos por menores de edad y menos del 9% involucra a jóvenes de 18 años. El debate continúa en el Congreso y la sociedad, con partidarios y detractores discutiendo sus posibles implicancias sociales y económicas antes de que los proyectos sean evaluados formalmente.

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