El temor de la familia del asesinado fiscal de Casma [Crónica]

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró improcedente el pedido hecho por los deudos del ex fiscal de Casma Luis Sánchez Colona, asesinado el 2012, para que los jueces Javier Villa Stein, Josué Pariona Pastrana y José Neyra Flores, miembros del referido despacho, no participen del dictamen final en torno al crimen.

La viuda de Sánchez Colona, Karla Barrantes, había solicitado la recusación de Villa Stein, Pariona y Neyra, en setiembre último, luego de que el prófugo empresario Jack Castillo presentara un recurso de casación para eliminar la sentencia de 25 años de cárcel, que el Poder Judicial le impuso por haber instigado el crimen.

¿Por qué los deudos del fiscal buscaron que estos magistrados se inhiban de la decisión? ¿Cómo llegó el caso a este pantanoso punto? Esta es la historia, basada en las pesquisas fiscales, la sentencia del Juzgado Supraprovincial del Santa y testimonios de los familiares de la víctima:

-El fiscal amenazado-

Parado en la entrada de su oficina, el fiscal provincial de Casma Luis Junior Sánchez Colona, de 31 años, cortó en seco el trajín de sus colegas con un pensamiento que lo apuntillaba: ¡Me quieren matar!, dijo. Sabía que el día anterior un sujeto en moto había rondado el Ministerio Público, y que el mismo desconocido bajó del vehículo para preguntar al vigilante a qué hora salían los fiscales. La expresión de extravío en el magistrado, sin embargo, impidió que alguien en el despacho lo tomara en serio.

En la convulsionada Casma de hace cuatro años, las muertes por encargo tenían casi siempre el mismo oscuro preludio: el objetivo era reglado por delincuentes en moto o a pie durante varias semanas. Cerca de sus casas, trabajos y en sus trayectos habituales, las miradas sanguinarias estaban a tientas. El origen de cada crimen era vinculado, luego, a infidelidades o desavenencias maritales. De esto se encargaban algunos siniestros voceros del entonces gobierno regional de Áncash, al mando del hoy encarcelado César Álvarez Aguilar.

Por esos días, Luis Sánchez Colona se preparaba para iniciar a nivel fiscal las investigaciones en torno al homicidio del periodista Pedro Flores Silva en el distrito de Comandante Noel. Un caso de sicariato con las características típicas de seguimiento a la víctima. La Policía había sindicado en su atestado al alcalde distrital Marco Antonio Rivero Huerta como el autor intelectual del asesinato. Para los detectives y la fiscalía, Rivero silenció a balazos las constantes denuncias que el periodista le endilgaba por supuesta corrupción en la adjudicación de obras.

Luis Sánchez Colona, tenía 31 años cuando lo mataron.

Es abril del 2012 y en un bar cualquiera de la misma ciudad, dos hombres enervados por el alcohol maquinan a voz alzada cómo darán muerte a una autoridad local. Concuerdan que el pago será rápido y en dólares. Cerca de la mesa que ocupan, una mujer ha reparado en la trama criminal y se percata que entre ambos debe haber una diferencia de, al menos, 10 años. El menor, Danny Huamancóndor De la Cruz, ‘Loco Dany’, un ex convicto por homicidio, será reconocido una semana después por el policía D. Rodríguez en la avenida Nepeña. El agente no sabe de la reunión en el bar, pero detectó que Huamancóndor le seguía la pista a alguien. No había contra el sospechoso orden de arresto y siguió libre.

La endeble alarma que lanzó Sánchez Colona a sus compañeros de trabajo no solo recaía en la presencia del motorizado que merodeaba el Ministerio Público. Ello era la aparente materialización de una serie de llamadas anónimas a su celular y mensajes de voz que, en principio, prefirió ignorar. El más urticante fue el que le llegó a las 12:01 p.m. del 31 de marzo del 2012: “O sea que no has tenido respeto a Jack Castillo. Te he seguido dos meses, el último ya te pasaste de pendejo. Estás aprovechándote de una mujer noble y que es mi mujer. No te olvides, te voy a buscar donde estés, chau. ¿Tu hijo está por nacer no? Sabes con la gente que camino, chau”.

Nadie en la familia Sánchez llegó a enterarse de lo que ocurría. El fiscal bien habría aligerado y escondido sus temores con la idea del próximo nacimiento de su hijo. Ese debía ser su día más feliz y, cada cierto tiempo, lo expresaba abiertamente en su cuenta de Facebook. Horas antes de lo que iba a ser la cesárea a su esposa, Karla Barrantes Vera, incluso, anotó: “Ya vienes y te espero con todo el amor del mundo, hijo mío”. Sin imaginarlo, el fiscal había programado así el día de su muerte.

El 16 de abril del 2012 a las 6:30 a.m., Sánchez Colona salió de su vivienda, en Nuevo Chimbote, provincia del Santa, rumbo a su centro de labores. Iba a terminar unos documentos hasta antes del mediodía para acompañar después a su esposa en la clínica. Se despidió al paso de su padre, que regaba el jardín exterior de su casa, y caminó por el pasaje Los Ficus. A la altura del lote 51 de esa arteria, un hombre que llegó a trote por sus espaldas le perforó el tórax de cinco balazos. Cuando Sánchez cayó agonizante, el sicario lo remató de un disparo en la cabeza.

Luis Sánchez fue asesinado el mismo día en que iba a nacer su hijo.

Luis Sánchez Gamarra, papá del fiscal, acudió desesperado al punto de la balacera y, a la carrera, supo que se trataba de su hijo por el vocerío de los vecinos. Antes de intentar reanimarlo en vano, vio a un hombre que cruzaba raudo la calle con una mano en el bolsillo de la polera que tenía puesta. Aquel era Daniel Huamancóndor De la Cruz. A unos 40 metros, en la avenida Anchoveta, el mototaxista Rusbel Jiménez Córdova apenas salía del pasmo cuando una mujer abordó su vehículo y pidió su servicio de transporte. Veinte minutos después, tras estacionarse de nuevo en el paradero desde donde vio el asesinato, Jiménez fue intervenido y llevado a la Sección de Investigación Criminal de Chimbote. Junto con el padre del fiscal, el transportista daría las primeras señales del pistolero.

-Empresario en la mira-

Al día siguiente, un suboficial del Departamento de Criminalística recibió dos llamadas anónimas de la mujer que días antes escuchó cómo se planificaba este homicidio en un bar. La breve descripción permitió al agente, en pocos días de pesquisas, concluir que se trataba de Daniel Huamancóndor, alias ‘Loco Dany’, y de Ricardo Bracamonte Méndez, alias ‘Cachete’. Este último, un avezado asaltante y guardaespalda de empresarios de construcción, fue quien propuso la ejecución de Sánchez al curtido sicario. Un año antes del crimen, en el 2011, ambos se habían conocido en el penal de Cambio Puente y este detalle fue ratificado por Ruth Calderón Romero, esposa de Bracamonte, durante las investigaciones.

Tras verificar la información en los dos celulares que tenía el fiscal cuando fue acribillado, la Policía estableció que los mensajes de amedrentamiento provenían del teléfono del empresario de construcción Jack Castillo Castillo. Este era gerente general de las firmas Vitalia e Ingeniería y Construcción R&M, a través de las cuales realizó contratos con el Gobierno Regional de Áncash por más de S/60 millones, de acuerdo con un informe emitido por el Congreso de la República. Una de las adjudicaciones que tuvo Ingeniería y Construcción fue el mejoramiento del sistema de agua y desagüe en el jirón Callao del asentamiento humano Miraflores Alto, en Chimbote. La fiscalía constató que Bracamonte era trabajador de Castillo por los pagos que realizó la empresa en esa obra. El dato también fue refrendado por la esposa de ‘Cachete’, aunque para ese momento el paradero de ambos cómplices, así como el de Huamancóndor, era ya desconocido.

De Jack Castillo se supo además que era amigo del alcalde acusado de ordenar la muerte del periodista Pedro Flores. No obstante, las investigaciones policiales apuntaban a que el crimen tenía como móvil una presunta relación sentimental entre el fiscal Sánchez Colona y la esposa del empresario, Merly Cruz Valladares. Los detectives concluyeron en que Castillo descubrió varias conversaciones entre ambos, vía redes sociales, que evidenciaban la infidelidad. La fiscalía siguió estos mismos indicios en su investigación y los consignaría un año después en la denuncia del caso. Desde la clandestinidad, sin embargo, Merly Cruz, negó si quiera haber visto alguna vez a Sánchez Colona y descartó que su cónyuge tuviera relación alguna con el homicidio. Jack Castillo hizo lo mismo: a través del programa Cuarto Poder aseguró que no conocía a Ricardo Bracamonte y se declaró inocente.

Jack Castillo, empresario prófugo. Se ofrece S/20 mil por información de su paradero.

En una audiencia desarrollada el 6 de julio del 2012, el Poder Judicial ordenó 9 meses de prisión preventiva para Castillo y Huamancóndor. Bracamonte, para quien la fiscal a cargo del caso, Carmen Berrocal, pidió la misma medida, quedó con comparecencia restringida. En la víspera, el entonces titular del Ministerio Público, José Peláez, había ordenado abrir proceso penal contra Berrocal por un presunto caso de usurpación de funciones que se remontaba al 2008. Veinte días después, y pese a la evidente inocencia de la magistrada, Peláez la destituyó. Con las miradas puestas en él por tan cuestionada medida, pronto se conocería que su hermano Mariano era socio de un estudio al cual pertenecía el entonces abogado de Jack Castillo: Daniel Maurate.

Pese a la resolución judicial, Huamancóndor no era detenido. Por el contrario, vecinos del pueblo joven Primero de Mayo lo veían despreocupado, en restaurantes y entrando a hostales con su pareja. ‘Loco Dany’ seguía así lo que parecía una rutina normal, hasta que el 19 de noviembre del 2012 apareció muerto dentro un auto, atrás de la Universidad San Pedro de Chimbote. Había recibido un balazo en la sien. El chofer de la unidad, Ángel Gambini Bellodas, declaró que Huamancóndor se suicidó, pero el peritaje balístico confirmó que fue eliminado.

Daniel Huamancóndor, mató al fiscal Sánchez y también fue asesinado a balazos.

Cuatro días después, la Sala Penal Superior conformada por los jueces Javier Villa Stein, Duberli Apolinar, Josué Pariona y José Antonio Neyra, rechazó la apelación de Jack Castillo y confirmó el mandato de prisión preventiva en su contra.

-Cuestionadas decisiones-

Para el 2013, la fiscalía ya no investigaba a Jack Castillo como presunto autor intelectual del crimen sino como supuesto instigador del mismo. El 16 de julio de ese año, el abogado Elard Tejada Galagarza fue designado como juez Supernumerario del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria del Santa. En octubre, tal despacho admitió el cese de prisión preventiva a favor de Castillo, aun cuando este no había pasado un solo día detenido. Tejada dejó el cargo seis días después de su determinación. Pero ¿Quién era Elard Tejada en ese momento? Trabajaba en Huaura, su lugar de origen, y la Corte Superior del Santa lo escogió para que asuma el caso, dejando de lado a 16 jueces chimbotanos aptos para esa labor. Según información entregada por la Corte Superior de Huaura al padre del fiscal asesinado, entre el 2008 y el 2013 Elard Tejada solo fue auxiliar, asistente y secretario judicial, es decir, no había ejercido como juez supremo.

En Áncash la consternación por el levantamiento de prisión preventiva, se sumó a la que había dejado un supuesto nuevo intento para despejar el crimen de potenciales delatores. El 6 de agosto del 2013, el auto de Ricardo Bracamonte ‘Cachete’ fue baleado por la puerta del conductor. Al parecer, quienes buscaban acribillarlo no contaron con que este permanecía en el asiento del copiloto. Así, un sujeto identificado como Carlos Huayanay Quispe murió baleado; mientras que Bracamonte, herido en el brazo, huyó del lugar.

Mientras tanto, la marcha del proceso seguía martillando a la familia del fiscal Sánchez. En enero del 2014, la Sala Penal de Apelaciones del Santa, integrada por los jueces Frey Mesías Tolentino y Walter Lomparte Sánchez, declaró infundada la apelación contra el dictamen que eximía de prisión preventiva a Jack Castillo, entonces principal sospechoso del homicidio. Los deudos recurrieron entonces a un recurso de casación para que el mandato de cárcel preventiva al empresario sea repuesto pero, en noviembre de ese año, el recurso fue declarado inadmisible por el juez supremo José Neyra Flores, con la intervención de los magistrados de la Sala Permanente de la Corte Superior de Justicia, Javier Villa Stein, Josué Pariona, Segundo Morales Parraguez y Luis Cevallos Vargas.

Es decir, tres de los mismos magistrados que el 2012 habían desestimado los intentos de Castillo para que se le anularan los 9 meses de prisión preventiva, confirmaban el 2014 que el empresario quedaba exento de tal orden judicial. La familia Sánchez criticó duramente la determinación y, hoy en día, asegura que aquí germinó el temor que la abruma.

En medio de esto, la mañana del 7 de setiembre del 2014, 17 balazos acabaron con la vida de Ricardo Bracamonte. Estaba en una loza deportiva, frente al colegio San José de Chimbote, cuando dos sicarios le dispararon a quemarropa frente a niños y padres de familia que iban a presenciar un partido de vóley. Bracamonte murió delante de su esposa e hija, y con ello desaparecía el último testigo clave en el asesinato del fiscal Luis Sánchez Colona. No obstante, para ese momento el cúmulo de pruebas acopiadas por el Ministerio Público hacía inminente una dura condena para el aún prófugo. La fiscalía pidió 35 años de cárcel en su contra.

Una cámara de seguridad captó el momento en que Ricardo Bracamonte fue baleado.

-Sentencia en riesgo-

En una lectura de sentencia realizada los días 31 de diciembre del 2015 y 14 de enero del 2016, el Juzgado Penal Supraprovincial del Santa resolvió que Castillo sí tuvo vínculos con Bracamonte Méndez. Además, que estaba al pendiente de las publicaciones del fiscal Sánchez en su cuenta de Facebook y que decidió matarlo el mismo día en que iba a nacer su hijo. De esa manera, concluyó la sala, el empresario cumplió con la amenaza que hizo mediante un mensaje de voz, 15 días antes del acribillamiento a Sánchez. La pena que se le impuso a Jack Castillo, como instigador del crimen, fue de 25 años de cárcel más el pago de S/1 millón en favor de los deudos.

De otro lado, la viuda del fiscal Sánchez, Karla Barrantes, denunció al juez Elard Tejada por prevaricato. También acusó a los magistrados Tolentino y Lomparte, miembros de la Sala de Apelaciones del Santa, que habían rechazado su pedido para que se le reasigne la prisión preventiva a Jack Castillo. La Fiscalía Suprema de Control Interno les abrió una investigación preliminar a fines de abril último.

Ese mismo mes, Castillo apeló la sentencia de 35 años, reiterando que no tuvo vínculo laboral con Bracamonte. Así, presentó 143 folios con las planillas de sus trabajadores en que el nombre de alias ‘Cachete’ no figuraba. Adjuntó además seis fotografías donde aparecía al lado del entonces presidente de la República, Ollanta Humala, así como con la ex vicepresidenta Marisol Espinoza y los ex congresistas nacionalistas Daniel Abugattás y Ana Solórzano. Para la familia Sánchez, Castillo ejercía así una escandalosa presión a la justicia. Este aseguró haber colocado las fotos en la apelación para aclarar que en su mensaje al fiscal Sánchez (“Sabes con la gente que camino”) se refería a “personas influyentes en la política” y no “porque andaba con gente de mal vivir”. El Poder Judicial no admitió las supuestas pruebas de Castillo, y el 7 de julio la condena de 25 años fue ratificada.

El empresario además fue incluido en la lista de ‘Los más buscados’ elaborada por el Ministerio del Interior, que fijó en S/20 mil la recompensa por información sobre su paradero. Sin embargo, en el último intento por eliminar su sentencia, el prófugo Castillo presentó, a través de su defensa, un recurso extraordinario de casación. El pasado 13 de agosto la solicitud fue derivada a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia. De esta manera, la decisión final del caso recayó en los magistrados que integran ese despacho: Javier Villa Stein, Josué Pariona Pastrana, José Neyra Flores, Duberlí Rodríguez y César Hinostroza. Esto motivó en seguida que Karla Barrantes, la viuda del fiscal, pidiera la recusación (exclusión) de los citados tres primeros jueces “por haber incurrido en decisiones contradictorias en el proceso”.

Para Barrantes, la parcialidad de Villa Stein, Pariona y Neyra es dudosa pues, durante el proceso, primero confirmaron el mandato de prisión preventiva contra Jack Castillo y, después, “permitieron ilegalmente” el cese de esta orden judicial. “Nuestro temor es que finalmente le den libertad a Castillo, suprimiendo la condena, y que así se traigan abajo todo el proceso. Buscábamos que esos jueces se inhiban y dejen la decisión a otra sala”, dijo a El Comercio Luis Sánchez Gamarra, padre del fiscal asesinado. Como ya ha sido mencionado al inicio, la solicitud de los deudos fue rechazada y con ello la resolución final del caso quedó en manos de los cinco magistrados de la Sala Penal Permanente.

Luis Sánchez y Zoyla Colona, padres del fallecido fiscal, esperan justicia.

El abogado César Nakazaki, cuyo estudio jurídico ha asumido la defensa de Castillo, dijo a este Diario: “La sala ya se ha pronunciado. Esa recusación fue declarada inadmisible por extemporánea. Ahora, no hay fecha fija para que se emita la resolución definitiva. Hay una sola sala que ve todos los casos de casación en el Perú y es la Sala Penal Permanente, conformada por cinco jueces”.

Cuatro años y seis meses han pasado desde que al fiscal Luis Sánchez Colona lo mataron. La condena que el crimen generó no ha sido, hasta hoy, el encierro del culpable; sino las vidas mermadas de los deudos por buscar justicia en un abrupto proceso. El próximo y decisivo veredicto del caso podría virar ese oscuro rumbo, o prolongarlo.