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Necesitamos un plan para enfrentar y detener la corrupción. No lo tenemos. El tamaño y la magnitud del fenómeno son tales que no basta con aplicar la ley y remitir a la autoridad.
El suspendido alcalde de Chilca, Richard Ramos Ávalos, es acusado de ser parte de una organización criminal dedicada al sicariato, la extorsión y el tráfico de terrenos. El también suspendido gobernador regional del Callao, Félix Moreno, es sindicado como receptor final de un soborno millonario.
El ex presidente de la República Alejandro Toledo es acusado de haber recibido millonarias coimas de Odebrecht, en lo que, además, parece fue su modus operandi.
La corrupción ha alcanzado todos los niveles. Hay al menos 20 alcaldes y ex alcaldes provinciales y distritales procesados o sentenciados por este tipo de delitos (“La República” 15.4.17). Además, al menos 17 gobernadores regionales de la última década tienen problemas con la justicia (El Comercio, 14.4.17).
Los últimos tres ex presidentes de la República tuvieron sospechosas relaciones con la corrupta empresa brasileña Odebrecht. Toledo ya es un prófugo de la justicia. En el caso de Humala, información comprometedora comienza a confirmar sospechas. Sobre Alan García hay que decir que todavía debe explicar su desbalance patrimonial luego de su primer gobierno.
La corrupción alcanzó todos los niveles. Es peor, mucho peor que un Niño costero. Su efecto es devastador no solo en recursos para la economía, sino en el costo de la desmoralización del ciudadano común y corriente.
Para crecer se necesita confianza. ¿Cómo confiar en un país cuyas autoridades son, de arranque, sospechosas de buscar el beneficio propio antes que el público?
¿Qué efecto tiene la corrupción sobre los niveles de delincuencia o sobre la moral cotidiana de los ciudadanos? ¿Qué empresas serias pueden querer venir a codearse con las Odebrecht que zumban alrededor del panal del Estado peruano?
No se trata de cambiar una o dos leyes. No es suficiente ajustar uno que otro mecanismo de fiscalización. No basta con aumentar el presupuesto a los órganos de control.
Se debe hacer un diagnóstico completo del problema, sus causas y sus alcances. Convivimos con la corrupción desde hace décadas. No se ha hecho nada sobre ella y por eso avanzó tanto.
No es tarea de un solo gobierno, pero un gobierno puede dar el primer paso. Este problema no es menos importante que los Juegos Panamericanos. ¡Al contrario!
La actual administración dice que puede manejar los efectos de El Niño costero y los gastos del evento deportivo comercial. Tendrá que sumar a la lista lo que cueste rehacer nuestro marco institucional.
¿Cuál es el equipo de gente que está estudiando el tema? ¿Cuál es el estimado de gasto que se requiere para la reforma de las instituciones? ¿O solo se trata de aumentar un número de policías, de fiscales, de contralores, de jueces?
La corrupción está en todas las instituciones. Si no se tapan los huecos por donde se filtra, aumentar recursos es agigantar el problema.
¿Cómo haremos para que la reconstrucción pos-Niño no se convierta en una nueva vía de sobornos, favoritismos y adendas amañadas?
Hay otro lado de la cuestión. ¿Cómo hacemos para que los funcionarios no tengan temor a hacer compras y ejecutar obras?
La burocratización es resultado de la corrupción. Es un mal resultado.
Se hacen reglas y reglamentos para que supuestamente no haya discrecionalidad en la decisión sobre el gasto público. Lo que se produce, sin embargo, es un enjambre de normas que oscurece la gestión y multiplica la corruptela.
Solo mecanismos de gestión pública transparentes y con balances pueden hacernos recuperar la confianza. Si se hacen bien, no se necesita la maraña reglamentaria posterior.
La sanción al corrupto debe ser severa, pero, sobre todo, efectiva. Se debe revisar todo nuestro derecho penal al respecto.
La reconstrucción puede servir de plataforma para un plan contra la corrupción y de reforma de gestión pública.
El gobierno tiene la palabra y la oposición, también.
