Tumbes: piden prisión preventiva para funcionarios de Educación por corrupción

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Tumbes solicitó ante la Corte Superior de Justicia de esta región 18 meses de prisión preventiva contra diez funcionarios de la Dirección Regional de Educación de Tumbes (DRET), investigados por actos de corrupción.

Los investigados son Johnny Heraldo Lindao Feria, Manuel Elías Vásquez Acosta, Wilfredo Chávez Criollo, Rosa Ysabel Arica Saavedra, Cesar Irwin Rojas Guevara, Carlos Fernando Herrera Guevara, Javier Girón Ramos, Ritter Adolfo Moscol Zapata, Riqui Anthony Carrillo Balladares y Eliana María Crespo Romero. Todos ellos son investigados por la fiscalía por el presunto delito de peculado doloso.

La solicitud fue interpuesta por el fiscal Elber Jonathan Rivas Céspedes, quien investiga a los referidos funcionarios. Se supo que ellos habrían efectuado pagos por servicios a proveedores quienes dijeron que no ejecutaron servicio alguno, lo cual ha generado un perjuicio económico de S/ 296 mil 609.42 al Estado peruano.

Según las diligencias efectuadas por el Ministerio Público, Lindao Feria es investigado en su calidad de jefe de la oficina de administración, cuya obligación era administrar los caudales de la DRET, los cuales se encontraban bajo su custodia. En tanto, Vásquez Acosta, en su calidad de jefe de la oficina de tesorería, habría firmado los cheques que se cobraron por los servicios no realizados.

Asimismo, en calidad de cómplices se encuentra Javier Girón, como jefe de la oficina del área de Contabilidad, quien habría realizado los devengados de los diez servicios pagados. Además, está Moscol Zapata, especialista en finanzas de la oficina de dirección de gestión institucional (jefe de presupuesto), quien habría utilizado su usuario y clave para poder realizar las certificaciones presupuestarias de dichos servicios.

Por su parte, Wilfredo Chávez, especialista en educación del área de la dirección pedagógica, habría firmado los diez cheques que fueron cobrados por servicios que no se ejecutaron; mientras que Ysabel Arica, del área de abastecimiento, habría elaborado las órdenes de servicios que al final fueron pagados pero no fueron ejecutados.

Eliana Crespo, asistente administrativa del área de presupuesto, era la persona que tenía acceso directo al SIAF y SIGA y habría realizado los pedidos de servicios para los institutos; mientras que Rojas Guevara habría captado a los supuestos proveedores y se habría confabulado con Riqui Carrillo para obtener los números RUC y clave sol de cada uno de ellos a cambio de dinero, además de acompañarlos a cobrar el dinero, para luego entregárselo a su primo Carlos Herrera Guevara.

El pedido de prisión preventiva fue presentado esta tarde por el fiscal Rivas Céspedes ante el juez Edwin Anselmo Cohaila, del Juzgado Supraprovincial Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Tumbes.

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