Luis García Bendezú

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No hay personas. Solo unas chozas abandonadas y un par de canoas a medio hundir. El resto es calma. Son pocos los vestigios de los madereros ilegales que entraron en la zona intangible del río Utiquinía, al sur del Parque Nacional Sierra del Divisor, en Ucayali. Hasta abril, cuando el Gobierno expulsó a estas mafias en una interdicción, la tala era notoria en tres campamentos. Hoy lo único que retumba en la selva es el motor de nuestra avioneta que vuela a 800 metros. 

Desde inicios de noviembre, cuando El Comercio sobrevoló la zona sur de la Sierra del Divisor, no se ha reportado actividad delictiva en el parque. Esta es una buena noticia para el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (), que concentra su monitoreo en el curso del Utiquinía. Ahí es donde hubo más daños por la tala ilegal, apunta María Elena Díaz, la jefa de este parque nacional que tiene 1,3 millones de hectáreas y solo 15 guardaparques a su disposición para la vigilancia. 

En contraste, el panorama fuera de la zona protegida no es tan prometedor. Ahí la uniforme llanura amazónica es interrumpida por huecos de troncos cortados y tierra quemada, huellas de la actividad maderera de Ucayali. Además, según el Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (Cedia), que organizó el sobrevuelo, en los alrededores del parque aún hay minería ilegal y mafias que derriban bosques para sembrar coca. 

—EL BOSQUE DIVIDIDO EN NUEVE—
Para regular las actividades que se realizan en la Sierra del Divisor y en su área de influencia, el Sernanp elaboró un plan maestro que fue previamente debatido con las comunidades aledañas. El documento fue publicado el 11 de noviembre pasado, a pocos días del primer aniversario de su declaración como parque nacional. 

Según María Elena Díaz, el plan maestro divide a la Sierra del Divisor en nueve sectores, cada uno correspondiente a una cuenca. El objetivo es definir qué recursos se necesitan para cada sector. Lo óptimo, señala Díaz, es que el área protegida tenga al menos 46 guardaparques. “Además, el plan define un portafolio de proyectos para trabajar con aliados. Necesitamos que nos ayuden con financiamiento”, añade Díaz. Este objetivo no es irrealizable, el año pasado obtuvieron US$1 millón de la fundación filantrópica Andes Amazon. 

El plan maestro también compromete a otras entidades, como el Ministerio de Agricultura, la policía y el Ministerio Público en la protección de la Sierra del Divisor de acuerdo con sus responsabilidades, detalló a este Diario el jefe del Sernanp, Pedro Gamboa.

-ZONA DE AMORTIGUAMIENTO-
Respecto a los alrededores de la Sierra del Divisor –donde El Comercio constató que hay extracción maderera y quema de áreas–, el plan maestro define un área de amortiguamiento de 679.904 hectáreas. Ahí, las empresas que realicen actividades que requieran licencia ambiental (como la minería, los hidrocarburos o la industria maderera) deberán contar con la opinión previa vinculante del Sernanp.

Gamboa asegura que esta medida regulatoria no afectará el desarrollo de industrias extractivas. “El área de amortiguamiento no es una extensión del parque nacional. Si hay una concesión con su instrumento ambiental al día, no habrá problema. Las normas no son retroactivas. Lo que queremos es determinar si la actividad afectará o no el área protegida”, comenta el funcionario.

-DENUNCIA PENDIENTE-

Aunque las principales amenazas a la Sierra del Divisor se concentran en la zona sur, la construcción de un camino en el noroeste de este parque nacional –ubicado hoy en el área de amortiguamiento– también preocupa al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (). 

Según la jefa del parque nacional, María Elena Díaz, el Sernanp espera que la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Maynas (Loreto) formalice una denuncia por el camino que se ha abierto desde el 2012 entre el río Ucayali y la concesión forestal del Consorcio Maderero S.A.C. (Comasac). 

“La empresa asegura que el camino es una vía antigua y que ellos realizan mantenimiento. No obstante, las imágenes satelitales demuestran lo contrario. Hasta el año pasado la vía tenía 60 kilómetros. El riesgo es que atraerá a madereros ilegales a la zona protegida de Sierra del Divisor”, denunció Díaz.

En agosto del año pasado, se realizó una diligencia fiscal en la que se constataron los daños que ha dejado la vía, pero aún no hay una decisión final al respecto. 

Este Diario se comunicó  con las dos líneas telefónicas de Comasac, pero no respondieron nuestras llamadas.

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