Abogada de Keiko Fujimori dice que respeta resolución de la Corte Suprema

Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, dijo que respeta la resolución de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema que determinó que la lideresa de Fuerza Popular y su esposo Mark Villanella sigan siendo investigados por el presunto delito de lavado de activos bajo la Ley contra el Crimen Organizado.

“Dentro de esta investigación […] es una decisión que no compartimos, pero que respetamos”, comentó la abogada de Keiko Fujimori.

En ese sentido, señaló que seguirán actuando dentro de los “plazos” establecidos, pues se estarían vulnerando los “derechos fundamentales” de los investigados.

“Nosotros vamos a continuar actuando dentro del plazo los derechos fundamentales de nuestros investigados que se están vulnerando. Este es un incidente de control de plazos”, acotó.

Además, Loza adelantó que, en el caso de que el fiscal José Domingo Pérez solicite prisión preventiva para su defendida, apelaría la medida. Sin embargo, precisó que primero debe formalizarse la investigación para llegar a ese supuesto.

“La prisión preventiva la solicita el fiscal si lo considera, de ser el caso, una vez que formaliza una investigación. Pero, en este caso, no hay una investigación formalizada. El fiscal tiene como plazo estos diez días, o antes incluso, para decidir si formaliza la investigación preparatoria. De ser el caso, apelaremos a esta decisión”, declaró a la prensa.

Luego, la abogada comentó que no descartan recurrir a la vía constitucional.

Keiko Fujimori y su esposo Mark Villanella continuarán siendo investigados por el presunto delito de lavado de activos bajo la Ley contra el Crimen Organizado. Así lo dispuso la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que declaró infundados los recursos de casación que presentaron.

En setiembre del 2017, el fiscal José Domingo Pérez adecuó las pesquisas contra Fujimori y Villanella, por los casos cocteles y los aportes de Fuerza 2011 (actualmente Fuerza Popular), a la Ley contra el Crimen Organizado. Esta medida le permitió ampliar las indagaciones hasta por 36 meses.