“No hay más alternativa, la corte falla en última y definitiva instancia”, sostuvo el defensor de un grupo de ex marinos involucrados en el Caso El Frontón. (Foto: Archivo El Comercio)
“No hay más alternativa, la corte falla en última y definitiva instancia”, sostuvo el defensor de un grupo de ex marinos involucrados en el Caso El Frontón. (Foto: Archivo El Comercio)
Redacción EC

Aunque cuestionó la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (), el abogado de un grupo de ex marinos involucrados en el Caso , Humberto Abanto, recordó que ya no se puede apelar la orden del organismo internacional para que el Estado Peruano archive el procedimiento de acusación constitucional en el Congreso de la República contra cuatro magistrados del (TC).

“No hay más alternativa, la corte falla en última y definitiva instancia”, recordó Abanto.

A su juicio, la medida hace prever que la Corte IDH también podría emitir una resolución contra el Estado peruano en su evaluación respecto al cumplimiento de la sentencia referida a los casos La Cantuta y Barrios Altos, esto tras el indulto otorgado por el presidente Pedro Pablo Kuczuynski (PPK) al ex mandatario Alberto Fujimori.

“Hoy el Congreso sufre este golpe y, probablemente el Ejecutivo sufra un siguiente golpe”, consideró Humberto Abanto en diálogo con Canal N.

En ese sentido, el letrado- que defiende a parte de los once ex marinos involucrados- consideró que el Perú debería promover un proceso de reforma del sistema interamericano de protección de derechos humanos, mas no abandonarlo.

Como se sabe, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó en diciembre el informe final elaborado por el fujimorista César Segura que plantea la inhabilitación por 10 años para el tribuno Eloy Espinosa-Saldaña y la suspensión de sus colegas Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Manuel Miranda. Ellos fueron acusados por presuntamente haber modificado con una resolución del 2017 el fondo de una sentencia sobre el Caso El Frontón del 2013.

En la sentencia original, se señalaba que el desvelamiento del motín de terroristas en el penal de El Frontón (1986) no constituía delito de lesa humanidad, pero ese enunciado fue retirado en la resolución de marzo del 2017. Los magistrados del TC indicaron que solo verificaron el conteo de los votos de la sentencia del 2013 y subsanaron un error en la votación.

Desde el TC, además, se argumentó que el tema es absolutamente jurisdiccional y que el Caso El Frontón aún no ha concluido en el tribunal. Y es que cabe apuntar que los abogados de los ex marinos involucrados presentaron el 21 de abril un recurso de reposición ante el tribunal para que el fallo regrese a su estado anterior. Luego de ello, el 25 de abril, recién fue presentada la acusación constitucional en el Congreso.