Abogado de Pedro Castillo: “Se ha vulnerado la residencia del presidente de la República de forma flagrante”

El abogado del presidente Pedro Castillo, Eduardo Pachas, dijo que el hábeas corpus que presentaron contra el allanamiento a Palacio de Gobierno se debe a que la fiscalía ha desconocido leyes y decretos supremos para violar el domicilio del mandatario.

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Según declaró este martes 16 de agosto, Pachas aseguró que el tema de fondo no fue la búsqueda de la cuñada de Castillo Terrones, Yenifer Paredes, sino la intención de la fiscalía y el equipo policial liderado por Harvey Colchado para entrar a la residencia de Palacio de Gobierno.

“Acá el tema no es si estuvo Yenifer o no estuvo Yenifer en la casa. El tema es que se ha vulnerado la residencia del presidente de la República de forma flagrante. Se ha hecho violación de domicilio y ahora quieren encubrirlo so pretexto que hay una detención a la señorita Yenifer”, aseguró el abogado.

Eduardo Pachas mencionó que el Ministerio Público y el juez que aprobó el allanamiento de la residencia de Palacio de Gobierno han desconocido la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el Decreto Supremo 66-2016 y la declaración de este inmueble como Patrimonio Cultural de la Nación.

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“El juez nos ha dicho que (no podemos presentar recursos) porque no somos parte procesal. Si el presidente de la República no es parte procesal, ¿por qué han allanado su cuarto, su domicilio, su cama, su escritorio donde trabaja? ¿Por qué han allanado su domicilio que tiene protección según la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el Decreto Supremo 66-2016 y ha sido declarado patrimonio nacional?”, criticó.

Admiten a trámite hábeas corpus

El Poder Judicial admitió a trámite la demanda de hábeas corpus que presentó el presidente Pedro Castillo contra el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder y el Equipo Especial de la Policía Nacional (PNP) por su intervención a Palacio de Gobierno para la captura de Yenifer Paredes, cuñada del mandatario, la semana pasada.

El recurso comprende además al juez que emitió la orden judicial de allanamiento, Raúl Justiniano Romero, y a la procuraduría del Poder Judicial.