Dina Boluarte: denuncia constitucional contra vicepresidenta sigue entrampada en el Congreso

El congresista delegado del caso, Edgar Reymundo (Cambio Democrático), informó a El Comercio que hasta el último lunes la presidencia de la subcomisión aún no le enviaba el acervo documentario –la denuncia, descargos y actuados– para empezar a elaborar un documento inicial: el informe de determinación de hechos materia de investigación y pertinencia de pruebas a considerar, para lo cual tiene un plazo de 5 días hábiles.

“Todo ese acervo documentario estoy esperando hasta la fecha. Una vez que me lo remitan, recién entonces corre la fecha de los 5 días hábiles para yo, sobre esa documentación, elaborar ese informe señalado. Pero no es un entrampamiento de mi parte”, explicó Reymundo.

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Detalló que ese informe tendrá que ser sustentado ante la subcomisión y luego programarse la audiencia con los denunciantes, el denunciado y testigos. En esa línea, no descartó que haya más de una sesión debido a las pruebas que presenten las partes.

Luego recién vendría la presentación del informe final, pero Reymundo prefirió no estimar cuánto tiempo tomaría llegar a esa etapa. No obstante, recordó los antecedentes de los casos contra el presidente Pedro Castillo por presunta traición a la patria o contra el exmandatario Manuel Merino de Lama y sus exministros por las muertes de los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado durante las protestas de noviembre del 2020.

En el caso de Castillo, la denuncia constitucional fue presentada en febrero de este año y el delegado Wilson Soto (Acción Popular) remitió su informe final seis meses después, el último 8 de agosto. En cuanto a Merino de Lama, la Fiscalía de la Nación presentó la denuncia el 4 de octubre del 2021 y el legislador encargado del informe final, Alejandro Cavero (Avanza País), presentó dicho documento 8 meses después recomendando el archivo del caso, lo que finalmente fue aprobado.

“Voy a actuar con bastante objetividad y dentro de los tiempos que señala el reglamento. Hasta ahora no puedo dar ninguno de los informes, ni si quiera el inicial, porque no tengo los documentos”, insistió Edgar Reymundo.

Más detalles

Del entrampamiento

De acuerdo a fuentes de El Comercio en la subcomisión, también hay otros elementos para el entrampamiento y demora en el trabajo de la subcomisión.

Entre ellos el pedido de reconsideración de Edgar Reymundo (en la foto inferior) como delegado, y el hecho de que este pidiera más documentos de la denunciada.

Alejandro Cavero presentó un documento señalando que su bancada Avanza País lo retiró de la subcomisión. "Eso nos deja sin votos para el caso", dijo una fuente.

Norma Yarrow reemplazaría a Cavero, pero habría reparos en su presencia porque ella es una de las denunciantes. Los congresistas que integran la subcomisión están prohibidos de presentar denuncias constitucionales, según el Reglamento del Congreso.

Boluarte remite descargos

Edgar Reymundo sostuvo una de las razones para el entrampamiento del Caso Dina Boluarte se relaciona a que la defensa legal de la vicepresidenta tenía pendiente aún remitir a la subcomisión los descargos en torno a la denuncia constitucional.

Consultado por El Comercio, Alberto Otárola, abogado de Dina Boluarte, indicó que fue notificado de la denuncia constitucional hace dos semanas y que solicitó un plazo adicional de 10 días para presentar sus descargos, el cual venció este lunes.

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“Es práctica pacífica de la subcomisión otorgar ampliación sobre todo cuando hay imputaciones de carácter penal […] El día de hoy [lunes] acabamos de enviar nuestra respuesta, ya ingresó a mesa de partes virtual del Congreso”, comentó Otárola, añadiendo que se trata de un documento de unas 100 páginas incluyendo anexos.

El abogado prefirió no precisar cuántos testigos solicitará para la respectiva audiencia, pero sostuvo que las denuncia contra Boluarte no tiene sustento.

“Son dos acusaciones: la número 268 y la número 269. Lo que estamos pidiendo es el archivamiento definitivo de las dos acusaciones constitucionales, porque estamos demostrando que no hubo infracción constitucional”, agregó el defensor legal de la vicepresidenta. Ambas denuncias fueron acumuladas y plantean inhabilitar a Boluarte en la función pública por 10 años.

A Dina Boluarte se le cuestiona por haber realizado gestiones en beneficio de una asociación privada, el Club Departamental Apurímac, cuando ya era ministra de Estado y vicepresidenta. Ella ha reconocido que firmó documentos de dicha entidad cuando ya ocupaba cargo público. También se le imputa una presunta omisión en su declaración jurada de intereses al no incluir a su cuñado Alfredo Pezo Paredes, quien registra contratos con el Estado.

De acuerdo a las denuncias, Boluarte habría violado los artículos 38 y 126 de la Constitución. También se le imputa la presunta comisión de los delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

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Este Diario intentó sin éxito comunicarse con Rosío Torres, presidenta de la subcomisión, para tener mayores alcances sobre el proceso contra Boluarte y otros casos.