El primer ministro Pedro Cateriano acaba de anunciar en el Congreso que el gobierno invertirá 1.300 millones de soles para equipamiento policial, comisarías, bases en el Vraem y uniformes para nuestros efectivos. El desaliento llega al notar que esta cifra representa apenas el 6% del dinero que mueve el tráfico ilícito de drogas al año en el país: 20.319 millones de soles (US$6.500 millones). Esto ayuda a tener una mínima idea de las dimensiones del enemigo.
Si sumamos que en las últimas elecciones regionales y municipales, 17 de 124 candidatos vinculados con el narcotráfico fueron elegidos, que en los últimos ocho años se lavaron en el país 16.023 millones de soles (US$5.126 millones) provenientes del narcotráfico y que pueden llegar a salir 25 vuelos diarios con droga desde el Vraem, es ingenuo pensar que estamos ganando la guerra a este flagelo o que estamos muy lejos de convertirnos en un narcoestado.
“ME ACUSA DE CAUSAR PÁNICO”
Ser la procuradora antidrogas desde hace 13 años da a Sonia Medina autoridad para hablar sobre la lucha contra el narcotráfico. A ella le preguntamos si estamos camino a convertirnos en un narcoestado.
“Su pregunta es bastante sensible, muchas veces me han tildado de causar pánico financiero cuando he hablado sobre lavado de activos, de lo que se controla y no se controla. La respuesta es sensible también: Si nosotros como Estado, pese a que tenemos herramientas legales y actores que deben cumplir su rol, seguimos en la misma inercia, indiferencia, incumpliendo la ley, por cegueras intencionales o ignorancias deliberadas [...] sí estamos camino a ser un narcoestado”.
¿A quién le toca poner freno a eso? Medina dice que todos debemos sentirnos responsables de adoptar un compromiso, como ciudadanos y funcionarios, para proteger a los niños y adolescentes de esta amenaza. “Si un adulto ya decidió consumir drogas, que se siga pudriendo, pero debemos pensar qué vamos a dejar a las futuras generaciones, ¿un país en riesgo?”, pregunta.
RELACIÓN “CÍNICA E IMPUNE”
“Hay un adormecimiento de nuestros gobernantes de turno en la lucha antidrogas. Es como si aceptaran un statu quo. Por qué”, se pregunta Rubén Vargas, analista en temas de narcotráfico.
Él advierte que la policía no incauta más del 7% de las 400 toneladas de cocaína que producimos al año y que el Vraem, de donde proviene la mayor cantidad, es la zona con más presencia militar y policial.
También apunta al Congreso por no otorgar facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera para que pueda levantar el secreto bancario y la reserva tributaria ante movimientos bancarios sospechosos.
Para Vargas y Medina, la relación política-narcotráfico se remonta a varias décadas atrás. Entonces, preguntamos qué ha cambiado ahora. “Es más cínica e impune. [Los partidos] se rasgan las vestiduras frente a los congresistas, gobernadores regionales y alcaldes cuestionados cuando ellos los llevaron en sus listas”, dice el primero.
Tampoco le tiembla la voz para afirmar que las candidaturas tienen precio en los partidos y movimientos: “Muchos congresistas compraron su lugar en la lista. A eso se suma el dinero ilícito que financia las millonarias campañas”. El financiamiento, agrega, es para que las autoridades elegidas ayuden a lavar dinero del narcotráfico a través de la adjudicación de obras millonarias a empresas fachada.
En la línea de qué cambió ahora, Medina anota que hay más investigación y la prensa ayuda a destapar los casos. “No me llama la atención. En los noventa estuvo involucrado el propio Vladimiro Montesinos, por más absuelto que esté ahora”.
Vargas explica que aún no somos un narcoestado porque, “gracias a Dios”, los cárteles no operan desde el Perú y este flagelo aún no copa el poder político. La pregunta es hasta cuándo.
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