Defensor del Pueblo afirma que muerte civil es constitucional

El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, consideró que la ley de inhabilitación perpetua promulgada por el Ejecutivo es constitucional. Según explica en un comunicado, si bien el Tribunal Constitucional ha considerado el acceso a la función pública como un derecho de todos los ciudadanos a intervenir en la gestión del Estado, "este no es un derecho absoluto", y en ese sentido "puede ser objeto de limitaciones como todo derecho fundamental".

Manifiesta el funcionario que estas restricciones deben hacerse para preservar otros fines igualmente valiosos. "[...] el propio Tribunal Constitucional ha establecido que el combate contra la criminalidad organizada forma parte de la política del Estado y constituye un asunto de interés nacional, por lo que todos los poderes del Estado deben ser alineados en el cumplimiento de esa responsabilidad".

En esta línea, añade que la sanción penal aprobada, mediante Decreto Legislativo, se refiere a delitos que no solo afectan el patrimonio del Estado sino la buena marcha de los programas sociales y, por lo tanto, ponen en serio riesgo los derechos fundamentales a la salud, a la educación, o a la alimentación de niños y adultos mayores.

También sugiere que sería conveniente promover un proyecto de reforma constitucional para precisar los alcances del concepto plazo recogido en el artículo 41 de la Constitución, pues este puede ser el principal cuestionamiento del dispositivo. 

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