El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) expresa su preocupación y cuestionó el reciente allanamiento al domicilio del periodista Juan Carlos Tafur por parte del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop), como parte de un operativo contra personas vinculadas a la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides.
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En un comunicado, el CCP cuestionó que se esté “normalizando” los allanamientos y levantamiento del secreto de comunicaciones de periodistas, ya que “atenta contra el derecho constitucional de la protección de las fuentes de información”.
En esa línea, consideró como inaceptable “equiparar a un periodista que accede a fuentes con un criminal”. También cuestionó que el Ministerio Publico argumente como fundamento de la medida dispuesta contra Tafur un reportaje que publicó para supuestamente “desprestigiar” a la fiscal Marita Barreto.
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“Tal como esta organización señaló en un comunicado anterior referido al caso de Gustavo Gorriti, los periodistas pueden ser investigados como cualquier ciudadano. Sin embargo, se vienen normalizando desde el Ministerio Público y el Poder Judicial las prácticas de allanamientos y levantamiento del secreto de comunicaciones de periodistas, atentando contra el derecho constitucional de la protección de las fuentes de información”, señaló el Consejo de la Prensa Peruana en su pronunciamiento.
“Además, se está criminalizando la relación del periodismo con sus fuentes. Esta organización recuerda que un periodista, en aras de brindar información de interés público, tiene derecho de acceder a fuentes investigadas e incluso sentenciadas. Equiparar a un periodista que accede a fuentes con un criminal es inaceptable”, agregó.
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“Preocupa, además, que entre los argumentos fiscales para esta medida se señale que Tafur publicó en su medio de comunicación (Sudaca.pe) un reportaje para desprestigiar a la fiscal Marita Barreto, coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), como si publicar un artículo basado en hechos fuera un crimen. Para el Consejo de la Prensa Peruana, ningún funcionario público es intocable; todos, con la debida diligencia periodística, pueden ser sujeto de fiscalización por parte de la prensa. Artículos críticos sobre un fiscal, relacionamiento con fuentes investigadas o dichos no corroborados no deben motivar allanamientos, incautación y levantamiento del secreto de las comunicaciones”, remarcó el CPP.
La institución enfatizó que “la protección de fuentes es un elemento clave para el libre ejercicio del periodismo”, por lo que consideró que “las autoridades están obligadas a respetar y proteger este derecho fundamental”.
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“Pedimos a las autoridades pertinentes que toda investigación se realice con transparencia y que se respete el debido proceso, como merece cualquier ciudadano”, añadió.
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