Defensoría del Pueblo: ¿Cuáles son los riesgos de la polémica administración de Josué Gutiérrez?

Entre los adjuntos que renunciaron se encuentran Matilde Cobeña (Niñez y Adolescencia), Alicia Abanto (Primera Adjunta), Susana Silva Hasembank (Lucha contra la Corrupción), Alberto Cruces Burga (Asuntos Constitucionales) y Carolina Garcés Peralta (Derechos de la Mujer). Y en los próximos días, esta lista podría aumentar.

Según fuentes de El Comercio, una de las principales diferencias fue que Gutiérrez se negó, en diferentes oportunidades, a que la Defensoría del Pueblo emita pronunciamientos públicos sobre polémicas leyes aprobadas por el Congreso, entre ellas la de prescripción y la que debilita la colaboración eficaz.

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El excongresista nacionalista tampoco tuvo una opinión en defensa de la libertad de expresión, cuando el Consejo de la Prensa Peruana, el IPYS y la Asociación Nacional de Periodistas advirtieron que el pedido de facultades para legislar en seguridad de parte del Ejecutivo violaba este derecho.

Al respecto, el secretario general de Transparencia, Iván Lanegra, recordó que la “única fuerza” que tiene la Defensoría del Pueblo “es la voz y la ética” de su titular.

“Gutiérrez está muy equivocado [al sostener que basta con opiniones técnicas], la Defensoría del Pueblo es un magistrado sin capacidad de coacción ni de sanción, su única fuerza es la voz, la ética del defensor y el uso de esa voz frente a problemas que puedan afectar a la ciudadanía recae en su titular”, manifestó a El Comercio.

Lanegra refirió que, si Gutiérrez no utiliza esa voz, entonces, la Defensoría del Pueblo “se ha debilitado terriblemente”, así “como su razón de ser”.

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Lo que se le criticaba a Castillo

El secretario general de Transparencia, además, dijo que la salida de los adjuntos mencionados era esperable, porque en una institución siempre pueden darse cambios, pero lo que se esperaba es que sean reemplazados por personas con perfiles similares en experiencia y capacidad. Añadió que no en todos los casos ha sucedió así.

“La Defensoría del Pueblo tiene un rol importante en la defensa de casos concretos donde se hayan vulnerado derechos humanos. Estas funciones son muy especializadas. El principal problema es que este punto no es importante para Gutiérrez. Y eso nos puede llevar a un debilitamiento de capacidades”, remarcó.

Lanegra consideró que el exparlamentario, al colocar en ciertos puesto clave a personas allegadas a partidos políticos incurre en el mismo error que del expresidente Pedro Castillo.

“Este es un problema más allá de la militancia o simpatía, y es que no tienen las condiciones que uno esperaría [para estar en la institución], es lo mismo que se le criticaba al gobierno de Pedro Castillo, que ponía a personas por ser cercanas a tal o cual partida y se bajaban los requisitos”, subrayó.

Alertó que si de darse un bajón en los indicadores del trabajo de la institución, esto significará “una perdida de legitimidad” mucho más grave.

“La Defensoría del Pueblo depende la fuerza moral del defensor, si pierde esto, la institución se cae”, acotó.

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“De inicio se ha debilitado la capacidad técnica”

El director ejecutivo de Proética, Samuel Rotta, refirió que la Defensoría del Pueblo, desde su creación, “ha forjado” un posicionamiento claro respecto a la promoción de los derechos fundamentales de las personas en el país. Por ello, añadió, es lógico que los adjuntos salientes hayan intentado que Gutiérrez Cóndor se pronuncie sobre asuntos de interés público.

“Y cuando no se encuentran respuestas por parte del nuevo liderazgo es cuando vienen las desavenencias. Y esto tiene consecuencias en las capacidades técnicas de la institución. ¿Por qué? Porque se alejan cuadros que venían trabajando durante años en la entidad. Esto va a generar problemas a futuro, empezando por quiénes los reemplazan”, expresó a este Diario.

Rotta indicó que Gutiérrez, al ser un político, tiene otra lógica que termina afectando la imagen de la entidad.

“De inicio se ha debilitado la capacidad técnica, los cuadros que se han ido han estado durante años en la institución, y salidas abruptas pueden generar una crisis en la interna. A nosotros, puntualmente no preocupa el manejo que tendrá la Adjuntía para la Lucha contra la Corrupción”, dijo.

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Rotta remarcó que toda institución pública, pero sobre todo la Defensoría del Pueblo debe manejarse bajo “criterios de mérito profesional”.

“Ese debería ser el estándar cuando se filtra, cuando los criterios políticos se vuelven norma, entonces las decisiones de las instituciones se ven empañadas. Ese es el riesgo en el cual estamos”, concluyó.

De esta manera, hizo referencia al nombramiento en la Defensoría del Pueblo de tres personas ligadas a Fuerza Popular, APP y Perú Libre, partidos que respaldaron la elección de Gutiérrez Cóndor.

Por ejemplo, el 22 de agosto designó como secretario general de la institución a Juan Carlos Gonzales Hidalgo, quien fue el personero legal de Alianza para el Progreso (APP) entre setiembre de 2021 y marzo de este año.

A inicios de julio, nombró a Rocío Santivañez Acosta como jefa del Programa de Derecho a la Salud de la entidad. Ella fue militante del Partido Nacionalista, entre el 2014 y 2021.

Santivañez Acosta también fue parte del equipo técnico de Perú Libre durante la segunda vuelta de 2021.

Uno de los más recientes nombramientos fue el de la abogada Elizabeth Zea como encargada de la Adjuntía en Asuntos Constitucionales. Ella fue candidata al Congreso por Perú Patria Segura, también fue parte del equipo técnico de Fuerza Popular en la segunda vuelta de las elecciones de 2021 e integró la comisión de constitucionalistas del gobierno de Dina Boluarte.

Para concretar el ingreso de Zea como adjunta, Gutiérrez modificó el manual de clasificador de cargos de la Defensoría del Pueblo, a través de la resolución N°151-2023, para retirar el requisito de cuatro años de experiencia en el Estado para acceder a ese puesto.

80 puestos en juego

Fuentes cercanas a la Defensoría del Pueblo indicaron que, a fines de setiembre, vence al menos el contrato de 80 personas de la institución a nivel nacional. Añadieron que les preocupa que Gutiérrez vaya a utilizar estas plazas para incorporar a la entidad a personas cuyo único mérito pueda ser la cercanía a los partidos políticos que lo pusieron en el cargo.

“En la Defensoría del Pueblo se ha procurador que este personal temporal sea especializado, que reciba una formación y en la medida del presupuesto se ha buscado preservarlos. Le hemos pedido al defensor que estos contratos se renueven, algunos ya tienen dos años, pero no ha habido respuesta. A fines de mes se terminan estos vínculos”, manifestaron.

“En octubre, todas estas personas se van a quedar en el aire, y la institución puede perder a gente con experiencia. Ya existe un mal precedente de poner a personas en adjuntías sin que cumplan con los requisitos, esperamos que no ocurra lo mismo. Ochenta puestos no es poco”, agregaron las mismas fuentes.

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Otras fuentes indicaron que les preocupa la salida de Alberto Cruces de la Adjuntía de Asuntos Constitucionales, sobre todo tras la designación del ex juez Hebert Saldaña Saavedra en el Área de Litigio Estratégico.

Recordaron que la Defensoría del Pueblo, durante la administración de Eliana Revollar, presentó demandas en el Tribunal Constitucional en contra de dos leyes del Congreso: la de la contrarreforma de la Sunedu y la que permite la entrega de armas a los comités de autodefensa.

Añadieron que el Tribunal Constitucional le solicitó a Gutiérrez que ratifique estas demandas, cuando esto no era necesario.

“El defensor del Pueblo pudo responder diciendo que no tenía nada que convalidar, su antecesora tenía plenas facultades. A nivel interno se le tuvo que insistir para que haga un documento. Y al final cambió la redacción para no pelearse ni con el TC ni con el Congreso. Nos preocupa el manejo que pueda tener Saldaña respecto a estas demandas”, acotaron.

Más información

El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, salió en defensa de Gutiérrez, tras las críticas que recibió por la salida de cinco adjuntos.

Cerrón, a través de su cuenta de X (antes Twitter), dijo que la Defensoría del Pueblo “antes era una propiedad de cierta élite”.

“Al defensor [del Pueblo] no lo conocían al interior del país, la Defensoría del Pueblo era el centro y punto de encuentro lobista entre embajadores y ONG, sueldos dorados, tercerizaciones y consultorías marcaron su espíritu institucional. Al pueblo jamás le sirvió esta institución para nada”, afirmó.

Gutiérrez fue abogado de Cerrón y también asesor de la bancada de Perú Libre en el Parlamento.