Dina Boluarte: los detalles de la investigación preliminar en su contra por presunto plagio en libro

La frase en mención corresponde a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, citada en su web en el 2002; y que formaría parte del 55% de material detectado como “plagio” tras ser sometido al programa Turnitin, según denunció Punto Final.

El libro, de 176 páginas, recoge diversas ideas originales de, por lo menos, otros tres autores no citados en el documento académico.

MIRA: ‘Los Niños’ y Américo Gonza: congresista de Perú Libre busca excluir material probatorio incautado en allanamientos

El hecho, ya se encuentra en manos del Ministerio Público que el último martes acudió hasta la Biblioteca Nacional (San Borja) donde obtuvo un ejemplar del texto original como parte de las diligencias que ha iniciado de oficio para determinar si se ha configurado algún presunto delito y emprender acciones.

Según fuentes de El Comercio, el fiscal provincial Miguel Ángel Puicón Yaipén de la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Delitos Contra la Propiedad Intelectual, abrió una investigación preliminar contra los ocho coautores del libro, incluyendo la mandataria, por el presunto delito contra los derechos de autor, en la modalidad de plagio.

Además, se establecieron 60 días como plazo para realizar las diligencias preliminares. Según se conoció, se realizarán peritajes al libro obtenido, se requerirá información sobre todos los investigados y, posteriormente, se citará a declarar a los implicados en el caso.

Junto a Boluarte Zegarra fueron incluidos Efraín Javier Anaya Cárdenas, Luis Alberto Gavancho Chávez, Marcial Quinto Gomero, María Esther Chávez Serrano, Hugo Villar Mayta, Nancy Rosa Angeludis Tomassinni y Carmen del Pilar Rivera Tejada.

“Es una investigación preliminar si se está abriendo contra los presuntos coautores de la obra, son ocho en total”, indicaron las fuentes.

Pese a que Boluarte Zegarra ha mantenido silencio, en las últimas horas el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, ha sostenido que la mandataria colaborará con las investigaciones pues no tienen ningún problema con ese tema.

Además, ha reiterado la “absoluta integridad” de la ahora investigada, frente a su familia y ahora, en la vida política.

“No se trata de un libro de la autoría de la doctora Boluarte, se trata de un texto en la que participan siete profesionales (más); y en este sentido, lo segundo que quiero afirmar es la absoluta integridad y altura ética de la presidenta de la República.”

Alberto Otárola, Presidente del Consejo de Ministros

Este Diario también solicitó la versión de Palacio de Gobierno, pero hasta el cierre de este informe no respondieron.

A través de un comunicado, la Biblioteca Nacional informó que la publicación fue entregada por Efraín Javier Anaya Cárdenas, en mayo del 2004 bajo el depósito legal 15010120 04-3159 e ingresada como “monografía”.

“En el catálogo bibliográfico de la Biblioteca Nacional del Perú (BNP), base de datos que registra los diversos materiales bibliográficos documentales que acopia, preserva y difunde esta institución, se encuentra la obra en mención”, señalaron.

Aseguraron que la información consignada en el Certificado de Depósito Legal expedido, obedece a criterios de descripción bibliográfica propios de la Biblioteca Nacional del Perú, y no reconoce derecho de autoría a las personas consignadas como autor o coautores en la hoja de crédito de la publicación entregada.

Asimismo, acotaron, la publicación consigna ocho autores y carece de editorial e imprenta.

“La publicación con el título ‘El reconocimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario’, cuenta con el Certificado de Depósito Legal N° 1501012004-3159 de fecha 19 de mayo del 2004, según los alcances de la Ley 26905, Ley de Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú (20/12/1997), vigente en ese entonces, a través del cual, se estableció la obligación de cumplir con el depósito legal ante la Biblioteca Nacional del Perú, mediante la entrega de un número de ejemplares de toda obra publicada, bajo cualquier sistema o modalidad, dentro del territorio nacional”, explicaron.

Finalmente, aseguraron que ante la presencia del representante de la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos Aduaneros y Contra la Propiedad intelectual del Distrito Fiscal de Lima, donde les solicitó un ejemplar o copia certificada del libro en mención, “la BNP actuó conforme a la ley brindando las facilidades en la diligencia de acopio del ejemplar”.

Los coinvestigados

Siete personas, incluidas conjuntamente con la presidenta Dina Boluarte, serán llamadas a declarar por el Ministerio Público.

Uno de los coautores es Efraín Javier Anaya Cárdenas, abogado que en abril del 2010, fue expulsado del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) -hoy Junta Nacional de Justicia, encargada de nombrar a jueces y fiscales- por el Pleno del Congreso de la República, al haber incurrido en falta grave en sus funciones.

La inconducta funcional se registró al llevar a cabo reuniones fuera del local del Consejo Nacional de la Magistratura con el entonces postulante Tomás Aladino Gálvez Villegas en pleno proceso de concurso público para cubrir plazas vacantes de jueces y fiscales supremos, aprobado mediante Convocatoria núm. 003-2009-CNM.

Anaya Cárdenas recurrió incluso al Tribunal Constitucional (TC) para que se anule su destitución, pero el recurso de amparo interpuesto fue declarado improcedente.

Luis Alberto Gavancho Chávez, abogado y exjuez civil supernumerario de la Corte Superior de Lima fue destituido en el 2016, por haber vulnerado su deber de impartir justicia con imparcialidad.

Según la resolución que lo expulsa de la carrera judicial, Gavancho protagonizó un escándalo en un local público cuando se encontraba junto al cuñado de una demandante cuyo expediente se procesaba en su despacho. Además, se determinó un incremento patrimonial no justificado. Su recurso de reconsideración fue rechazado.

Marcial Quinto Gomero, es abogado y actual presidente de la Corte Superior de Justicia de Áncash (CSJAN), para el bienio 2023 - 2024. Según una resolución del 2013, sobre su ratificación como juez superior, en el rubro conducta, registraba 14 quejas en su contra archivadas, cinco quejas archivadas ante la Ocma, y ante la Fiscalía Suprema de Control Interno también se registraron seis denuncias ciudadanas.

En declaraciones a Latina, el magistrado reconoció el libro y dijo que sí había realizado “corrección y aportes a este librito. Si ahora encuentro que ha existido plagio, yo rechazo”.

María Esther Chávez Serrano es una abogada que entre enero del 2021 y junio de 2022, trabajó para el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Es decir, durante la época en que Boluarte formaba parte del gobierno de Pedro Castillo como vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

Según registros de dicha cartera ministerial fue “especialista social” para la Oficina de Procesos Técnicos de Personal.

Hugo Villar Mayta, por su parte, es abogado y exprocurador de la Municipalidad Provincial de Bellavista (Callao). En declaraciones a Latina, este último aseguró no recordar el libro y adujo que “han tomado mi nombre”.

En el 2020, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) dispuso el inicio del “procedimiento administrativo sancionador contra Villar Mayta, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 07955636, candidato a alcalde para el Concejo Distrital de Comas, Provincia de Lima, Región de Lima”, por no presentar la información financiera de los aportes/ingresos recibidos y gastos efectuados durante la campaña electoral de las Elecciones Regionales y Municipales 2018 en el plazo legal establecido en la Ley de Organizaciones Políticas.

Nancy Rosa Angeludis Tomassinni, es una abogada que desde el 2014 se desempeña como juez especializado y actualmente integra la Tercera Sala Penal de Apelaciones de Corte Superior de Lima.

En el 2017, fue trasladada de Ucayali a Lima por cuestiones de seguridad y a pedido de la misma magistrada. " El señor Presidente del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante el oficio de visto, remite para conocimiento y fines consiguientes, copia certificada de la Resolución Administrativa N° 250-2017-CE-PJ del 9 de agosto de 2017, que resolvió declarar fundada la solicitud de traslado por razones de seguridad formulada por la magistrada Nancy Rosa Angeludis Tomassini”, se indica en la resolución de dicha fecha.

Finalmente, Carmen del Pilar Rivera Tejada, una abogada que según registros hasta junio del 2023, estaba registrada como funcionaria del Ministerio de Salud.

Según el Minsa, inició sus labores en marzo de este año como abogada de la Oficina de Transparencia y Anticorrupción. En declaraciones a Latina, Rivera aseveró que no estaba enterada de la publicación del libro. “La actual presidenta (…) le juro que ni enterada”, le respondió al medio.

Escenarios

Según el abogado especialista en materia penal, Andy Carrión, esta situación calzaría en el presunto “delito de plagio”, tipificado en el artículo 219 del Código Penal que está sancionado con entre cuatro y ocho años de pena privativa de libertad.

“Los alcances de este delito se comprenden respecto a la apropiación de ideas de otros, es por eso que está dentro del título Delitos contra los Derechos Intelectuales. Lo que se sanciona es que, respecto de una obra, se difunda la obra como propia”, explicó.

La difusión de la obra es una de las partes más importantes del delito, pero no solo alcanza ello; sino también la copia y la reproducción.

El especialista explicó que en el caso particular, al haberse determinado que un 55% de la obra habría sido copiada, se habría incurrido en un acto doloso. Por ello, consideró que no habría excusa sobre una posible negligencia al momento de consignar las autorías de las ideas originales.

Por ejemplo, dijo, un error podría ser que en una misma página se cite en un párrafo al autor, pero no en el segundo o tercer párrafo si se trata de la misma fuente original.

“Créame que, como profesor de la universidad hay que diferenciar muy bien de actos negligentes versus actos dolosos, que es la apropiación de ideas de terceros; y el Turnitin es un medio técnico para identificar similitudes, pero en este caso también se requiere la versión del agraviado y de un especialista técnico que pueda realizar un informe.”

Andy Carrión, Abogado Penalista

Sobre un presunto escenario de prescripción que pueda alegarse, señaló que en este escenario sería la pena máxima, es decir a los 8 años. Y, teniendo en cuenta que Boluarte Zegarra habría consignado el título del libro en el 2007, el delito podría haber prescrito en el 2015.

Sin embargo, el abogado precisó que ello no impide que el Ministerio Público investigue ya que en el caso de presunto plagio en la maestría de Pedro Castillo, la fiscalía determinó que no operaba la prescripción ya que la persona implicada puede renunciar a la prescripción y al ser presidente de la República y tener mayor compromiso con que se dilucide el fondo, permitir que el caso se investigue. Tal como sucedió con Castillo Terrones.

Sobre todo, acotó, porque aún cuando estuviera prescrito, ello no impide que se investigue ahora que se tiene el dato de la publicación y se pueda hallar más elementos que den cuenta de una fecha más reciente del uso o consignación de dicha publicación.

“La fiscalía puede abrir el caso, incluso así se parta de la alegación que estuviera prescrito porque en el transcurso de la investigación podría encontrarse algún otro tipo de documento o uso de la obra para ascensos, por ejemplo. O la misma presidenta Boluarte podría renunciar a la prescripción para que llegue a buen puerto esta investigación.”

Andy Carrión, abogado penalista

Otro escenario, señaló que podría evaluarse el presunto delito continuado, bajo el entendido que una obra la difunda como se seguiría difundiendo pues estaría a disposición del público con su permanencia en la Biblioteca Nacional.

Cualquier sea el caso, indicó es viable. No obstante, reparó, si el caso se cierra por una posible prescripción no se trataría de un supuesto en el que no existe sospecha del delito; sino que es el olvido por el paso del tiempo que hace el Estado sobre la persecución del delito.

“Una cosa es que archiven el caso porque no encontraron evidencia sobre el plagio; y otra es que ya no se puede investigar más porque ya transcurrió el tiempo reglamentario para investigar”, aseguró.

Por tanto, si se opta por este último, habría un impacto político radical, puesto que en el caso de Pedro Castillo todos estuvieron de acuerdo en que, como presidente de la República, debía renunciar a los plazos prescriptorios pues como alto dignatario tenía que explicar su conducta.

La vía del Congreso

El abogado penalista Javier Aguirre, señaló también que sobre el presunto delito podría haber operado, pero ello no impedía que el Ministerio Público investigue a las ocho personas implicadas, incluyendo a Dina Boluarte.

“El fiscal provincial del caso sí puede investigar preliminarmente porque hay varias personas más junto a la presidenta de la República. Entonces, el fiscal puede investigar hasta donde pueda y luego deberá informar a la Fiscalía de la Nación que es la única que puede imputar a un presidente de la República”, señaló.

Mientras que, en el caso de los jueces en actividad también tendría que informar a un juez supremo para que continúen las investigaciones.

Aguirre también consideró que dependiendo de la última vez en que se usó el documento podría hacerse la contabilización para la prescripción, por lo que ello se determinará en la investigación.

Finalmente, sostuvo, desde más allá del aspecto penal, por el lado político podría emprenderse alguna denuncia constitucional, abriéndose un flanco en el Congreso de la República.

“La parte política y constitucional, es otro tema; por allí, políticamente, algún congresista podría presentar una denuncia constitucional, ya es otro tema. Escapa a lo penal, pero obviamente tiene consecuencias políticas."

Javier Aguirre, Abogado Penalista