Cuando en la tarde del viernes 5 se filtró la carta de los embajadores de Canadá, Francia, Colombia y Australia, reclamando al presidente del Congreso, Manuel Merino, que la Ley 31018 es un despropósito que afecta a empresarios de sus países y a la seguridad jurídica del nuestro; pareció de lo más normal.
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En verdad, esa ley de suspensión de peajes mientras dure el estado de emergencia, fue producto del arranque de la cuarentena. Entonces, cualquier compensación a la parálisis económica se aplaudía con entusiasmo (el texto dice que se trata de evitar el contacto con los usuarios, pero esa razón sanitaria parece un pretexto pues no entraña más riesgo que el de tantas transacciones sí autorizadas); pero esa ley beneficiaba fundamentalmente a los pocos que podían movilizarse con solvencia.
Pero ya era demasiado tarde. La ley se aprobó a pesar de las advertencias de muchos opinantes de todos los colores, de la posición crítica del regulador Ositran y de las inmediatas observaciones del gobierno que, sin embargo, dio un dispositivo similar, la RM 0014-2020 MTC, suspendiendo los peajes administrados por el Estado.
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El Ejecutivo aprovechó para rentabilizar políticamente, una vez más, su pelea con el Congreso, y promovió una demanda de inconstitucionalidad que el TC acaba de aceptar a trámite. Los contundentes argumentos legales son que no hay razones valederas para suspender un contrato ley de la forma en que se ha hecho y, además, negando el derecho a una compensación.
-Dirección equivocada-
Pero algo desafinaba en ese cuarteto internacional de cuerdas y no era precisamente el contenido. Era el destinatario. Los embajadores no pueden dirigirse en tono de reclamo al presidente del Congreso, pues ello es injerencia indebida en nuestra política interna. Para remate, no solo lo cuadran sino que lo acusan ante Vizcarra, el premier, una media docena de ministros, el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, y la jefa de Ositran, Verónica Zambrano, a quienes se copió la carta.
Que esto es incorrecto no solo lo dice la tradición internacional que el Perú respeta, sino la Convención de Viena, la biblia de los diplomáticos. En su Art. 41 reza: “Todos los asuntos oficiales de los que la misión está encargada por el estado acreditado han de ser tratados con el ministerio de relaciones exteriores de ese estado o por conducto de él”.
O sea, la carta pudo haber sido dirigida, legítimamente, al canciller Gustavo Meza-Cuadra, más no a Merino. Si demoramos unas horas en darnos cuenta, hasta que lo alertaron Víctor Andrés García Belaunde en un tuit y César Campos en una columna; es, porque, valgan verdades, el desprestigio que arrastra el Congreso es tal, que el jalón de orejas se veía natural, viniera de quien vinera.
De hecho, esa circunstancia –la mala imagen congresal- ha de haber pesado para que los 4 embajadores se atrevieran a tanto o no se percataron de su error hasta que se lo hicieron notar. Y anoto una hipótesis que no puedo corroborar pero que vale la pena explorar: es probable que el Ejecutivo haya hecho sentir a los embajadores que la carta podía ser una buena movida en defensa de sus intereses comerciales nacionales. La manera en que fue rápidamente filtrada a medios, redes y líderes de opinión, hace pensar en que hubo carbón oficialista además, claro están del acicate de las empresas involucradas, como la francesa Vinci que está consorciada en Lima Expresa (ex Lamsac) o Brookfield, el fondo de inversiones canadiense, ligado a Rutas de Lima, que maneja los calientes peajes de la Vía de Evitamiento.
Es difícil pensar que la cancillería haya alentado tal cosa, pues Torre Tagle conoce muy bien los límites de la diplomacia; pero también es difícil pensar que los embajadores, o al menos su líder Jansen, no hayan consultado o siquiera informado a Meza-Cuadra de lo que iban a hacer quizá con la venia de otros sectores del Ejecutivo.
En todo caso, apenas Merino llamó al canciller Meza-Cuadra el sábado en la noche, este se comprometió en visitarlo en el Congreso. El mismo domingo en la mañana el canciller llegó con su jefe de gabinete Javier Sánchez-Checa y otro asesor, y Merino estuvo acompañado de su segundo vicepresidente, Guillermo Aliaga de Somos Perú.
Conversé brevemente con Merino. Primero, me contó que se enteró de la carta por los medios, pues ésta había sido remitida a una dirección electrónica errada. En la reunión dominical, le dijo al canciller que le extrañaba que la carta se hubiera difundido tanto y le comentó que, como le parecía improcedente, no la iba a contestar. De ese modo, la pelota quedó en la cancha de Meza-Cuadra, que se sintió más comprometido a hablar con los embajadores y obtener sus disculpas. Esa misma noche del domingo, en una entrevista en “Cuarto Poder”, dijo que ya había hablado con el embajador canadiense Jansen y este había expresado disculpas. Si Jansen fue el gestor para meter la pata también tuvo que serlo para sacarla.
Merino me subrayó, en la breve conversación, que para él esto era “un asunto cerrado”, pues están de por medio, “las relaciones internacionales” y, por esa razón, no le parecía conveniente involucrarse, como presidente del Congreso, en mayores trámites respecto al enojoso asunto. Por eso, fue Aliaga y no él, quien envió a Meza-Cuadra una carta recordando el tenor de lo conversado el domingo y este respondió adjuntando la carta en que el cuarteto se afina y pide disculpas. Han dado un paso más y sé, de buena fuente, que quieren reunirse con Merino para superar el incidente.
La decisión de Merino y de la mayoría de bancadas de no hacer más olas con la carta, no es compartida, sin embargo, por el nacionalismo upepista. Cuatro congresistas de esa bancada han presentado una moción que implica declarar personas non gratas a los cuatro embajadores. De buena fuente congresal, sé que una de las razones por las que Merino no convocó pleno este jueves fue para evitar que el arranque upepista escalara.
También sé de buena fuente que la embajadora de Colombia, María Claudia Mosquera, está mortificada con lo sucedido. Ella no es diplomática de carrera sino política y conoce bien al Perú pues esta es su segunda misión como embajadora en Lima. A través de alguien cercano a Merino, le ha manifestado que se sintió arrastrada por Jansen. Es probable que ese también sea el caso de Diana Nelson, de Australia; y de Antoine Grassin, de Francia. La busqué para preguntárselo pero me mandó decir que no va a dar ninguna declaración.
También llamé a la embajada de Canadá y me dijeron, explícitamente, que Jansen “no tenía ningún comentario”. Tampoco respondieron a mi pregunta respecto a si había conocido al presidente Vizcarra cuando este fue nuestro embajador en Canadá y el canadiense trabajaba en la sede de su cancillería en Ottawa, como director general de la Oficina de Evaluación y Resultados. El Perú es su primer destino como embajador.
Hay que hacer notar que los 4 países involucrados no son los únicos con empresarios afectados por la suspensión de peajes. Están, por ejemplo, Ecuador, con dos empresas, CASA (Construcción y Administración S.A) e Hidalgo e Hidalgo, consorciadas en la Red Vial 6 (de Pucusana a Ica) y la Autopista del Sol (de Trujillo a Sullana). También está la española Aleatica en la Red Vial 4 (de Pativilca a Trujillo). Sin embargo, los embajadores de Ecuador y España no fueron de la partida.
Como me dijo Merino, los principales involucrados quieren pasar la página y esperar que sean el TC (que tiene que responder a la demanda de inconstitucionalidad planteada por el Ejecutivo) y el tiempo (el fin del estado de emergencia pone fin a los efectos de la ley, de acuerdo a su texto), que obligue a los choferes del Perú a pasar por caja.