La financiera informal vinculada a familiares de Vladimir Cerrón

En el distrito de Áhuac, en Junín, lugar de nacimiento de Vladimir Cerrón, máximo dirigente de Perú Libre, se encuentra una vivienda en cuyo segundo piso está el amplio letrero de una financiera que concede préstamos a comuneros y comerciantes de localidades de la provincia de Chupaca. Junto al anuncio hay una bandera roja con la imagen de un lápiz al centro, símbolo del actual partido gobierno.

Se trata de Grupo Económico Señor de Cani Cruz S.R.L. (Gruescc S.R.L.), fundado en octubre del 2015, unos meses después de que Cerrón finalizara su primera gestión como gobernador regional de Junín, en la cual sucedieron hechos por los que luego fue sentenciado por negociación incompatible en agravio del Estado, es decir, corrupción.

La sociedad comercial fue constituida en Huancayo, capital de la región, por 11 socios, entre los cuales figuran familiares de Vladimir Cerrón y personas vinculadas a Perú Libre, según registros oficiales y verificaciones realizadas por El Comercio.

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El Grupo Económico Señor de Cani Cruz empezó a operar en enero del 2016, con un capital social de S/250 mil, la suma de los aportes de los socios fundadores.

Su oficina principal está en Chongos Bajo, cerca de Áhuac. Ambos son distritos de Chupaca. El nombre de la calle donde se ubica la sede de la financiera antes era Miguel Grau, y ahora se denomina Jaime Cerrón Palomino, en homenaje al padre de Vladimir Cerrón Rojas.

La firma tiene dos sucursales: una en la calle Libertad, en Áhuac, un local que fue utilizado por Perú Libre durante la campaña electoral; y otra en la calle Huánuco, en Huancayo, donde actualmente funcionan tiendas de venta de ropa.

El 21 de enero del 2019, a menos de un mes de que Vladimir Cerrón volviera a asumir el gobierno regional de Junín, los socios de Gruescc S.R.L. acordaron por unanimidad inyectar más capital a la sociedad comercial e incorporar a nuevos participantes, mediante una junta general extraordinaria.

De acuerdo con Registros Públicos, en aquella oportunidad el incremento fue de S/547 mil. En total, el capital social de la financiera se incrementó a S/800 mil.

Según Marco Olivera Cerrón, uno de los socios contactados por este Diario, parte de ese monto corresponde a las ganancias obtenidas por la compañía entre el 2016 y el 2018, que en su mejor año fueron de S/60 mil.

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Fuera del radar

En los documentos de constitución, los dueños de Gruescc S.R.L. indican que la compañía no puede ser regulada, debido a que solo otorga préstamos con dinero aportado por sus socios, es decir, no capta fondos del público.

La Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), ente encargado de supervisar empresas crediticias y cooperativas, confirmó que el Grupo Económico Señor de Cani Cruz S.R.L. no aparece en sus registros de casas prestamistas.

En tanto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), adscrita a la SBS y responsable de analizar operaciones sospechosas –entre estas, posibles casos de lavado de activos– tampoco la tiene en su lista de compañías formales del rubro.

Gruescc S.R.L. sí está registrada en la Sunat, donde consignó como principal actividad económica “fondos y sociedades de inversión y entidades financieras similares”. También aparece inscrita como microempresa en el Ministerio de Trabajo desde el 2018.

Al manejo informal de operaciones financieras de la empresa se añade la presencia de socios vinculados al Gobierno Regional de Junín y con denuncias por presunto lavado de activos.

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Socios y nexos

Un caso es el de Yuri Olivera Cerrón, primo de Vladimir Cerrón, quien cuando fundó la compañía junto con otras personas tenía el cargo de regidor de la Municipalidad Distrital de Huancayo, en representación del movimiento regional por Perú Libre.

Desde el 2016, Yuri Olivera tiene una denuncia en su contra en el Ministerio Público por el presunto delito de lavado de activos, en la cual se encuentran incluidos los hermanos Valdemar y Vladimir Cerrón Rojas, y otros 12 investigados.

El denunciante es Sergio Betega Camarena, exfuncionario de la Dirección Regional de Agricultura de Junín, quien los acusó por supuestamente haber autorizado el pago de S/2 millones por una obra que no se hizo, en referencia a un canal de irrigación de la margen izquierda del río Mantaro.

Alejado de la función pública, Yuri Olivera Cerrón conduce ahora el programa radial “Palabra de maestro”, vía radio Latina, desde donde apoya la gestión del presidente Pedro Castillo.

En su denuncia, Betega también sindicó al hermano de Yuri Olivera, Gustavo Olivera Cerrón, uno de los fundadores del movimiento regional Perú Libre, quien realizó servicios para la Municipalidad de Áhuac, cuando su correligionario Efraín Cerrón Luján era alcalde de este distrito; y además para la región Junín, durante el primer periodo de Vladimir Cerrón como gobernador regional.

En la actualidad, Gustavo Olivera es director de la unidad de gestión educativa local (UGEL) de Concepción, nombrado por la Dirección Regional de Educación de Junín.

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Gustavo Olivera no figura como socio en Grupo Económico Señor de Cani Cruz, pero sí su esposa Linda Cerrón Piñas, docente al igual que su cónyuge. Ella ha aportado S/ 50 mil a la sociedad comercial.

En tanto, Katia Cerrón Acosta, socia de la financiera, es hija del exalcalde de Áhuac Efraín Cerrón Luján, militante de Perú Libre.

Cuando era burgomaestre, Efraín Cerrón fue denunciado por obstrucción de la justicia cuando su hijo Osmar Cerrón, un efectivo policial, estaba siendo procesado por un caso de corrupción cometido en el 2012.

En el 2019, el entonces gobernador Vladimir Cerrón colocó a Efraín Cerrón como director regional de Trabajo y Promoción del Empleo.

En tanto, el teniente alcalde de Chongos Bajo, Alejandro Vera Suasnabar, también figura como uno de los socios fundadores de Grupo Económico Señor de la Cruz Cani. Él es miembro de Perú Libre y una de las autoridades que permitió —en el 2018— que el nombre de la calle Grau, donde funciona la empresa, cambiara por el del catedrático Jaime Cerrón Palomino, padre de Vladimir Cerrón que fue asesinado en junio de 1990.

No menos importante es la presencia en la financiera de un docente que se convirtió en proveedor del gobierno regional de Junín. Freddy Jiménez Tacunán obtuvo a nombre de su compañía Multioperaciones Poji’s más de S/200 mil en pagos por sus servicios durante las dos gestiones de Vladimir Cerrón en la región.

En diálogo con El Comercio, Marco Olivera Cerrón, contador público y socio principal de Gruescc S.R.L., reconoció que la compañía no está fiscalizada por la SBS, pero consideró que se trataba de una transición antes de ser una caja rural.

“Somos una pequeña empresa que presta sin la formalidad legal de una caja rural. Necesitábamos tener un capital fuerte para ser una empresa consolidada”, sostuvo.

Marco Olivera negó alguna vinculación de su primo Vladimir Cerrón con la financiera. “Él no tiene nada que ver en esto”, aseveró.

Consultada por este Diario, la abogada penalista Romy Chang opinó que una empresa prestamista no regulada y con presencia de funcionarios públicos como socios, merecería ser investigada. “Si son o fueron funcionarios, se entiende que presentaron sus declaraciones juradas en las cuales establecían sus rentas. Habrá que ver si coincide con lo aportado como capital a la compañía”, agregó.

“Pero si no tienen cómo explicarlo, se presentan dos escenarios: posible lavado de activos o enriquecimiento ilícito”, manifestó.

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