Mesa de Gobernanza Electoral: Investigación del Congreso a JNJ pone “en riesgo la democracia y la institucionalidad”

La Mesa de Gobernanza Electoral conformada por diversos organismos nacionales (autónomos y de la sociedad civil) y organismos internacionales expresaron su preocupación por la investigación que el Congreso realizará a la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

A través de la cuenta en Twitter de la Asociación Civil Transparencia, dicha mesa indicó que ese hecho pone “en riesgo la democracia y la institucionalidad al atacar y pretender remover a autoridades de instituciones autónomas”.

Cabe indicar que la Mesa de Gobernanza Electoral es un mecanismo de articulación establecido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el marco de las Elecciones Regionales y Locales 2022.

Se trata de un mecanismo de articulación conformado por representantes de diversas organizaciones internacionales y de la sociedad civil comprometidos en aportar con asistencia técnica en los próximos procesos electorales en Perú.

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Como se recuerda, el pleno del Congreso aprobó con 84 votos a favor, 22 en contra y 7 abstenciones una moción presentada por Patricia Chirinos (Avanza País) en la cual propone que se encargue a la Comisión de Justicia una investigación sumaria por 14 días contra los integrantes de la JNJ.

La moción 7565 cuestiona a los miembros de la JNJ por supuestamente haber emitido un pronunciamiento político al defender el sistema de administración de justicia al cuestionar el procedimiento con el cual se destituyó e inhabilito a Zoraida Ávalos como fiscal suprema.

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El documento también se basa en versiones periodísticas que señalan que también habrían buscado que el Poder Judicial se pronuncia en contra del proceso de denuncia constitucional contra Ávalos Rivera.

En respuesta, la JNJ calificó como una “amenaza al orden constitucional” la decisión y advierte que son objetos de “amenazas desde diversos frentes” por simplemente haber cumplido con sus funciones constitucionales.

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“La JNJ considera que la eventual remoción de sus miembros, sin un procedimiento preestablecido, sin una causal tipificada y con clamorosa carencia de fundamento, constituiría un quiebre del orden constitucional y del equilibrio de poderes en el Perú”, advierte la institución.